Piedra de tranca
El burladero

LA ACTUAL OPOSICIÓN venezolana ha consagrado una singular figura jurídico-política. Otras oposiciones en el pasado no tuvieron la inmoralidad de hacerlo o no tuvieron la misma imaginación. Este escribidor le viene haciendo seguimiento a la novedosa actitud, tanto el liderazgo partidista como el mediático, destinada a calificar de perseguido político a cualquier persona que delinca, siempre y cuando esté contra Chávez y sea solidaria con posiciones contrarias al Gobierno bolivariano.
Así por ejemplo, si un periodista incurre en el delito de estafa, se apodera ilícitamente de un dinero que no le pertenece, y es enjuiciado por los tribunales de justicia y condenado, el argumento que se emplea para defenderlo es que se trata de una retaliación política porque es enemigo del Gobierno. Si otro periodista se mete en la Redacción de un diario, le cae a golpes al personal, destroza escritorios y archivos, amenaza con una pistola, y luego es juzgado y condenado, de inmediato se le coloca en la galería de los perseguidos por el régimen. Si otro periodista, columnista de un diario del interior, ataca ferozmente a un alcalde, calumnia a su familia, los difama de manera rastrera, y el funcionario decide querellarse y un juez condena al ofensor, de inmediato se produce la reacción: el difamador pasa a ser víctima del difamado porque simplemente se trata de una venganza del Gobierno.

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SI LOS JEFES policiales que ordenaron a los efectivos de la Metropolitana de Alfredo Peña disparar contra los manifestantes el 11 de abril de 2002, provocando muertos y heridos, se les enjuicia con todas las de la ley y son sentenciados, adquieren la categoría de perseguidos políticos. Si unos ex gobernadores son procesados por delitos contra el patrimonio público en el ejercicio del cargo, se ignora deliberadamente la causa y se le atribuye al proceso carácter político.

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SI UN DIRIGENTE político, en forma irresponsable, acusa al Presidente de la República de connivencia con el narcotráfico y de entregar la soberanía nacional a otros países, todo ello sin aportar pruebas, y por ese motivo es procesado a través de los canales de la justicia ordinaria -ni siquiera de la militar como sucedía durante los gobiernos de la Cuarta República-, de inmediato se arma el escándalo y se descalifica la acción legal de Estado porque se trataría de una venganza política. Pocos días después el dirigente sale en libertad e ingresa al panteón de las víctimas de la dictadura.

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SI, POR EJEMPLO, el accionista de un canal de televisión, en la realización de sus negocios particulares, entre otros vender automóviles, incurre en el delito de usura y utiliza prácticas comerciales ilegales, y es procesado, la connotación que se le da al caso es que se trata de una acción política. El delito no sería la usura sino que se le juzga por ser accionista de un medio de comunicación.

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TAMBIÉN ESTÁ EL CASO de un banquero que, mediante oscuras operaciones, colocó a su banco al borde de la quiebra, al cual por cierto se le dieron varias las oportunidades de recuperación, hasta que la situación desbordó todos los límites y obligó a las autoridades competentes a intervenirlo. De inmediato, desde el exterior, el banquero responsable del desastre invocó la condición de perseguido político. Y, por supuesto, toda la oposición, la partidista y la mediática, lo apoyó como lo ha hecho en todos los casos planteados. Qué jamón resulta delinquir en la Quinta República: ¡Choro con entidad política!