El presidente Jair Bolsonaro autorizó el envío de Fuerzas Armadas a Ceará para reforzar la seguridad hasta el 28 de febrero, mientras la Policía Militarizada reclama mejoras salariales.

El estado brasileño de Ceará (noreste) ha registrado 51 homicidios en 48 horas —entre las 6.00 del miércoles y las 6:00 del viernes (hora local)—, informa el diario O Globo. 
Según el medio, en lo que iba de de 2020 se habían contabilizado de promedio 6 muertes violentas por día. 
La alarmante cifra de crímenes se da a conocer en medio de una huelga de la Policía Militarizada de Ceará, que ha tomado los cuarteles y se niega a patrullar las calles, exigiendo un aumento salarial. 
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó este jueves el uso de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en ese estado, mediante un decreto que suscriben los ministros de Defensa y de Seguridad Institucional, Fernando Azevedo y Augusto Heleno, respectivamente.

 El envío de tropas federales se prolongará al menos hasta el 28 de febrero, según se desprende del texto oficial publicado en el Diario Oficial de la Unión.

Ceará atraviesa una grave crisis de violencia desde el pasado martes, después de que la Policía local anunciara el inicio de la huelga, tras no llegar a un acuerdo con el gobernador Camilo Santana, del opositor Partido de los Trabajadores (PT).

Desde el inicio del conflicto, grupos de presuntos policías encapuchados atacaron patrullas de la Policía Civil, impidiendo que realicen su habitual recorrido por la ciudad.
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 El pasado miércoles, el exalcalde del estado brasileño de Ceará y actual senador del Partido Democrático Laborista (PDT), Cid Gomes, resultó herido con dos disparos cuando intentó entrar en un cuartel tomado por la policía militar.

Gomes, hermano del excandidato presidencial Ciro Gomes, fue internado en un hospital y se recupera de las heridas, sin que su vida corra peligro.

Por su parte, el gobernador Santana informó que más de 300 policías fueron procesados por participar en la rebelión y en el paro, una medida gremial que la ley local prohíbe a las fuerzas de seguridad.

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