Identificadas corporaciones desempeñarán un papel de influencia en las políticas públicas del electo gobierno de coalición derechista en Uruguay, según aprecia hoy aquí el periódico La Diaria en artículo de fondo.

Su autor, Fernando Esponda del Grupo Juntadas de Evaluación Económica y Social encuentra relaciones entre dichos actores y la proyectada ley de urgente, presentada el pasado 22 de enero por el próximo presidente del país, Luis Lacalle Pou.

‘Más aún: la urgencia, característica común que deberían tener los 457 artículos, brilla por su ausencia y llega a resultar una condición graciosa en paradigmáticos casos’ apunta, para aludir a fabricar chorizos artesanales o recogida de desperdicios de las mascotas en la vía pública.

En el análisis publicado sobresalen las conexiones de las cámaras empresariales interesadas en reducir la negociación colectiva salarial con los sindicatos y recortar drásticamente el derecho a la huelga.

Dos corporaciones abiertamente hostiles al Frente Amplio como la Confederación Empresarial del Uruguay, y Un Solo Uruguay, de productores rurales aparecen citadas como opuestas a la ley de inclusión financiera aprobada en 2014, en el último año de mandato del presidente José Mujica.

Para satisfacción de ambas, la mencionada medida ‘urgente’ pone énfasis en derogar lo que les contraría y eliminar la obligatoriedad del pago de salario en cuentas bancarias, que los impugnadores indican como un riesgo de lavado de activos.

Entre los grupos de interés se señala a la gremial que nuclea a dueños de los medios de comunicación, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), que desde 2015 manifestó su disconformidad con la promulgación por el gobierno de la ley de medios.

Además de conseguir en la fecha la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de unos 40 artículos, el nuevo gobierno eliminará otros más.

A su vez las gremiales agropecuarias expresaron optimistas expectativas de que se elimine la legislación de 2007 según la cual los titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias sean personas físicas con que blindar a pequeños productores ‘de grandes jugadores en el mercado de tierras’.

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