El Frente Amplio de Uruguay entablará desde hoy una difícil negociación con el gobierno electo de signo político contrario para dar continuidad a una tradición de otorgar cargos en instituciones autónomos al partido perdedor.

Tal práctica fue inaugurada en 2010 por el entonces presidente José Mujica y toca cumplirla en el presente al próximo mandatario Luis Lacalle Pou antes de su investidura el 1 de marzo.

Pero la oferta de 33 puestos ofrecidos a la fuerza política de izquierda se recibió críticamente en la Mesa Nacional Ejecutiva que la considera desprolija y carente de reciprocidad.

De ahí que decidiera encomendar las conversaciones con el futuro gobierno a una representación integrada por el presidente del FA, Javier Miranda, la actual vicepresidenta del país, Lucía Topolansky y el secretario del Partido Socialista, Gonzalo Civila.

Según Miranda lo central sigue siendo la democrática construcción de organismos estatales donde tradicionalmente se da la participación de las oposiciones políticas. Fuentes autorizadas indicaron el peso de corrientes dentro de la coalición de partidos de derecha que pugnan por alejar totalmente a frenteamplistas del aparato estatal y en última instancia bloquear el acceso a institutos con sobresalientes logros en 15 años precedentes.

Tales son los casos del Banco de Previsión social, las Administraciones de Servicios de Salud y de Educación, la empresa de telecomunicaciones Antel y el Instituto Nacional de Colonización, entre otros.

Se trata de entes que instrumentalizaráncambios previstos en el cuestionado anteproyecto de Ley de urgente consideración, en opinión crítica de impugnadores.

En particular señalan respecto al Instituto de Colonización la intención del entrante gobierno de derecha de eliminar la obligatoriedad de habitar predios para los colonos en cuestión, y abrir puertas a las compras de tierras por empresas extranjeras ausentes.

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