El partido colombiano Polo Democrático Alternativo pidió al gobierno ‘garantías constitucionales y democráticas para que los partidos políticos y las organizaciones sociales sin distingo alguno, puedan ejercer las actividades propias de su naturaleza’.

Así lo manifestó esa colectividad al rechazar ‘los asesinatos de nuestros militantes Jhonatan Borja e Iván Giraldo, excandidatos a la alcaldía y concejo de (municipio) Candelaria’, respectivamente.

Ambos fueron secuestrados y posteriormente asesinados en el municipio Palmira, departamento Valle del Cauca, apuntó.

Acorde con la información divulgada, la muerte de esas personas ocurrió a pesar de reiterados pedidos de protección a las autoridades regionales y organismos nacionales como la Fiscalía General, Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección.

Fue negligencia del gobierno nacional y departamental no protegerlos a pesar de las alertas tempranas sobre su seguridad, afirmó.

Borja y Giraldo integraban la veeduría ciudadana de Candelaria que luchó contra la privatización del acueducto municipal, la privatización de la oficina de tránsito, el deterioro del servicio de salud y otras denuncias de corrupción, detalló.

El Polo demandó ‘la más rigurosa investigación para dar con los responsables de estos execrables crímenes’ y pidió garantías para las personas que conforman la veeduría ciudadana del municipio de Candelaria.

Nuestro acompañamiento solidario a los familiares y amigos de nuestros compañeros y a la Coalición Polo- Colombia Humana Unión Patriótica de Candelaria que los eligió como sus candidatos en la reciente campaña electoral, dijo en referencia a los comicios regionales y locales de octubre pasado.

Un reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, divulgado después de esos comicios, reveló que la mayoría de las víctimas mortales de la violencia política electoral en Colombia pertenecían a partidos de oposición.

La incidencia de la violencia letal contra la oposición en este país es desproporcionada y muestra un altísimo nivel de riesgo, subrayó.

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