La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acreditó como víctimas del conflicto armado a más de 100 mil indígenas, lo cual les permitirá participar en los procesos judiciales del caso sobre la situación en territorios originarios.

Con tal fin, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP acreditó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) como víctimas colectivas dentro del Caso 05, que prioriza la situación territorial en 17 municipios.

A través del Auto No.02 de 2020, se certificó en calidad de víctimas del conflicto armado a cabildos y resguardos indígenas de varias localidades pertenecientes al pueblo a las etnias Nasa y Misak, que se encuentran dentro de la zona priorizada en el marco del Caso 05.

Dicha acreditación les permitirá a las víctimas participar en calidad de intervinientes especiales para que puedan aportar pruebas, presentar observaciones a las versiones que rindan los comparecientes, recibir copia del expediente y participar en todas las etapas de los procesos judiciales de este caso, detalló la JEP.

Al analizar las solicitudes de acreditación colectiva por parte del CRIC y de la ACIN, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta la manifestación voluntaria de las víctimas de participar en el caso, el relato o informe de lo sucedido, las pruebas que demuestran su condición de víctimas y la información de cómo se llevará a cabo su representación judicial.

En referencia al Caso 05, la Jurisdicción precisó que el 8 de noviembre de 2018 la Sala de Reconocimiento decidió avocar conocimiento de la situación de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario presuntamente cometidas por la exguerilla FARC-EP y la fuerza pública en varios municipios.

Posteriormente, el 12 de marzo de 2019, la Sala de Reconocimiento adicionó al caso otros municipios.

La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 por el Estado y la exguerilla FARC-EP.

Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.

Fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.

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