Al cumplirse dos meses del estallido social, Chile vivió una agitada semana de definiciones hacia una nueva constitución cuyo respaldo mayoritario fue ratificado por una inédita consulta popular.

El ajetreo sumió al Congreso Nacional en dos largas y crispadas jornadas en las cuales, primero la Cámara de diputados y luego el Senado, aprobaron por mayoría una reforma constitucional que abrió el camino para una nueva constitución mediante un plebiscito previsto para el 26 de abril de 2020.

Sin embargo, este hecho, que marca el fin de la constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, nació lastrado por la desaprobación en ambas instancias de las propuestas de la oposición de realizar el proceso con paridad de género y escaños asegurados para los pueblos indígenas.

Pero pocas horas después de que el Senado diera el sí a la reforma, en un giro de 180 grados que pudiera cambiar ese panorama, la Cámara de diputados refrendó la paridad de género, escaños para pueblos originarios y partición de candidatos independientes.

La votación fue radicalmente distinta de la efectuada apenas un día antes, y en el segundo intento, esta vez presentados como un proyecto de reforma constitucional, contaron con 144 votos a favor, incluso con el respaldo de los partidos de derecha Evolución para el Cambio (Evópoli) y Renovación Nacional (RN).

La primera repercusión política de tal cambiazo fue la decisión de la Unión Demócrata Independiente (UDI), donde milita la derecha más rancia, de distanciarse de la coalición de gobierno.

En una llamada telefónica al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la presienta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, comunicó la congelación de su participación en Chile Vamos hasta nuevo aviso.

Esta actitud, advierten analistas, puede marcar una crisis en las filas de la derecha y empeorar la delicada situación del gobierno de Sebastián Piñera en medio de la crisis social y política que vive el país.

La decisión de la cámara fue celebrada en amplios sectores que coincidieron en que ello es consecuencia directa de las movilizaciones de millones de chilenos en los últimos dos meses, entre cuyas demandas han estado la creación de una asamblea constituyente paritaria y el cese de la discriminación hacia la mujer.

Precisamente, la semana se inició con la culminación de una inédita consulta ciudadana promovida por la Asociación Chilena de Municipalidades, en la cual participaron cerda de dos y medio millones de personas, de las cuales el 92,4 por ciento votó a favor de realizar una nueva constitución.

Asimismo el 73 por ciento se pronunció por una Convención Constituyente (formada exclusivamente por ciudadanos elegidos) mientras que solo 25 por ciento se inclino por una fórmula mixta que incluya la mitad de legisladores en ejercicio.

Pero mientras la mayoría parece buscar un Chile nuevo, la represión contra el movimiento social no se detiene y en una impopular medida el intendente de Santiago, Felipe Guevara, ordenó el viernes cercar la emblemática Plaza de la Dignidad (Baquedano) y ubicar allí unos mil carabineros para impedir cualquier manifestación.

La respuesta no demoró y cientos de personas acudieron al lugar para recuperar ese espacio, epicentro de las protestas en la capital, con lo cual se desencadenaron violentos enfrentamientos que cerraron la semana evidenciando que el movimiento social no parece dispuesto a abandonar las calles.

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