Un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una ONG argentina dedicada al registro de casos de abuso de fuerza de los aparatos de seguridad estatales, alertó sobre el incremento en los casos de ‘gatillo fácil’ y de aumento de muertes en comisarías y prisiones, donde cada vez hay más personas.

Cada año son más, cada año el promedio sube. Según la organización, se contaba en promedio un muerto por acción de las fuerzas estatales cada 30 horas durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández(2003-2015). En 2015, año en el que Mauricio Macri asumió la Presidencia, esa cifra se ubicó en uno cada 28 horas.

Luego bajó a uno cada 25 horas en 2016 y a 23 horas en 2017. Sumando el total de asesinados por el Estado o bajo su cautela durante 2018 y lo que va del 2019, los muertos de la gestión Macri ascienden a 1.303, uno cada 21 horas en promedio.
Según el Archivo 2018, publicado por la Correpi —organización que desde 1996 se dedica a llevar registro de las muertes en manos del Estado— el 20% de los casos detectados desde 1983, primer año de la vuelta a la democracia en Argentina, corresponden al período comprendido desde la llegada del frente oficialista Cambiemos al Gobierno nacional.

Las cifras se conocen luego de que en diciembre de 2018, una resolución del Ministerio de Seguridad cambiara la doctrina bajo la cual se regían los policías, con motivo de la cumbre del G20 desarrollada en Buenos Aires. A partir de entonces, quedaron habilitados a apretar el gatillo ante cualquier situación de peligro inminente, y no como hasta entonces, cuando los protocolos evitaban que se diera esta situación.

«Por primera vez en la historia, un Gobierno, a través de sus máximas figuras, ha salido a decir ‘ésta es nuestra política de Estado y es una decisión que hemos tomado de profundizar todas estas formas represivas’. En un hecho inédito, el presidente recibe y abraza a un tipo que horas antes había sido procesado por matar por la espalda a una persona desarmada, y salió a a confrontar a jueces y fiscales que llevan adelante esa causa», dijo a Sputnik María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi.

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Verdú hace referencia al oficial Luis Chocobar, procesado por «homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber». En diciembre de 2017, el policía, que iba de civil, asesinó de un disparo a Pablo Kukok cuando intentaba escapar luego de apuñalar a un turista estadounidense para robarle su cámara de fotos.
«Estoy orgulloso de que haya un policía como vos», le dijo Mauricio Macri cuando lo recibió en la Casa Rosada junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El informe analiza datos desde 1983 en adelante pero aclara que los anteriores a 1996 son limitados, ya que preceden a la puesta en marcha de esta recopilación, que no es llevada a cabo por las entidades gubernamentales.
Allí se da cuenta de que 49% de las muertes fueron provocadas por las policías y centros de detención provinciales y que 51% de estas sucedieron en la provincia de Buenos Aires. Entre sus causas, detecta que 38% fueron casos de asesinatos por ‘gatillo fácil’  —es decir, cuando no se abre fuego como última instancia, sino antes de agotar otras posibilidades de disuasión— y 47% fueron muertes de personas privadas de su libertad y bajo custodia de la policía o el servicio penitenciario.
«La mayoría de los muertos en comisarías no son personas que están acusadas de haber cometido un delito y que al día siguiente van a ser llevadas a declarar ante un juez, sino que son justamente quienes están atravesando situaciones de detenciones arbitrarias, que son las víctimas habituales de la tortura para la extorsión o para que se hagan cargo de algún hecho que [las autoridades] no están en condiciones de esclarecer de otra manera y necesitan armarle la causa a algún ‘perejil’ (chivo expiatorio)», advirtió Verdún.

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