El exportavoz del gobierno de Cataluña Jordi Turull defendió hoy aquí el referendo de autodeterminación celebrado en esa región del noreste de España el 1 de octubre de 2017, prohibido de antemano por el Tribunal Constitucional.

En el arranque de la cuarta sesión del juicio en el Tribunal Supremo (TS) que juzga a 12 dirigentes separatistas, Turull argumentó que a la hora de convocar a esa consulta el ejecutivo catalán tomó una decisión ponderada, ‘un equilibrio entre cumplir la ley y con los ciudadanos’.

Como hiciera el pasado jueves el exvicepresidente de la Generalitat (autogobierno de Cataluña) Oriol Junqueras y primero de los procesados en declarar, el también exconsejero (ministro regional) denunció el carácter político de esta causa.

‘Por un auto (del Constitucional) que no merece reproche penal llevo un año en la cárcel. Y luego se nos dice que no estamos perseguidos por nuestras ideas’, denunció el otrora considerado hombre fuerte del destituido gobierno de Carles Puigdemont.

Aludió a la única resolución de ese tribunal contra la hoja de ruta soberanista, que culminó el 27 de octubre de 2017 con una declaración unilateral de independencia de la rica comunidad autónoma del país ibérico.

En respuesta al interrogatorio de la Fiscalía, negó la supuesta violencia que esa instancia judicial aprecia en el proceso secesionista e incidió en que la realización del referéndum fue despenalizada en 2005.

Rechazó que se contemplase la violencia como método para alcanzar la ruptura con España, un relato de la Fiscalía que calificó de sinsentido y delirante.

De esa manera, Turull rebatió ese supuesto, elemento clave sobre el cual pivota la acusación del Ministerio Público por rebelión que pesa sobre él y otros ocho impugnados en este juicio, considerado uno de los más trascendentes en cuatro décadas de democracia española.

Durante su declaración ante el TS, resaltó el perfil dialogante y pacífico del movimiento separatista de la próspera autonomía de 7,5 millones de habitantes.

‘Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas ni gente militarizada. La gente en Cataluña, sea o no independentista, tiene criterio’, subrayó.

Así mostró su desagrado por los escritos de acusación formulados por la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, donde se acusa al gobierno catalán de utilizar a la población como escudos humanos para forzar la ruptura con España a través de métodos violentos.

Respecto al delito de malversación que se le atribuye, desmintió que se destinara dinero de las arcas estatales para convocar el referendo.

‘No se gastó ni un euro’ en esa consulta, remarcó, antes de recordar que los gastos de la Generalitat estaban sometidos a una estrecha vigilancia para evitar que esa votación fuese pagada con fondos públicos.

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