Acostumbrados a la adulación y al premio fácil en los círculos de poder, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno mexicano anunció hace unos días haber recibido «el primer lugar de los sujetos obligados que conforman la Administración Pública Federal Centralizada, que dieron cumplimiento a las obligaciones de transparencia, con un porcentaje de 91.24 del índice de Cumplimiento de Portales de Transparencia».
Ese «reconocimiento» sobre la supuesta transparencia, otorgado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contrasta con la realidad, pues es precisamente esa Secretaría de Estado la que decidió ocultar indefinidamente la información sobre un conjunto de obras de arte que fueron utilizadas por el canciller Luis Videgaray para pagar parte de los 7.5 millones de pesos que costó una lujosa mansión y en cuya operación estuvo involucrada la empresa contratista del gobierno Grupo Higa, cuyo dueño Juan Armando Hinojosa es amigo personal del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Con esa censura informativa se impide a la población conocer si el secretario de Relaciones Exteriores de México pagó los impuestos correspondientes sobre dichas obras pictóricas, quiénes son los autores de los cuadros y cuál es el valor real comercial de las pinturas, pero sobre todo, saber si no se trató de una simulación y los cuadros en realidad no existen porque todo fue un montaje para encubrir actos de corrupción y soborno entre empresarios y funcionarios de gobierno. 
Al asumir hace 10 meses la titularidad de la desprestigiada Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez se comprometió a respetar el derecho a la información y a combatir la corrupción, y una de sus primeras acciones como contralora general fue ocultar datos referentes a dichas obras de arte con las cuales el canciller Videgaray pagó la tercera parte de los 7.5 millones de pesos.
El argumento que dio la Secretaría de la Función Pública para ocultar dicha información, es que se trata de «datos confidenciales que, de divulgarse, podrían contribuir a que se estime el patrimonio de Luis Videgaray, a quien señala como persona física identificada».
En esta opacidad participa también ese Instituto Nacional de Transparencia, al encubrir la ruta del dinero con el cual el secretario Luis Videgaray dice que pagó su casa en la población de Malinalco, en el Estado de México. Es el pleno del INAI el que considera que la información relativa a las obras de arte es «confidencial, porque no se establece el interés público de la misma».
Con esa decisión de dos órganos de gobierno, uno autónomo y otro parte del gabinete, se exonera de cualquier acusación o acto de corrupción a los funcionarios del gobierno federal que pudieran estar involucrados en la obtención de lujosas mansiones a cambio de otorgar contratos de obras y servicios públicos a empresas constructoras consentidas durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Miguel Badillo