Es la noche del 16 de febrero de 1989, hace ya 28 años. El entonces presidente Carlos Andrés Pérez, vestido de traje y con el tricolor nacional al fondo, anunció en cadena de radio y televisión un programa macroeconómico dirigido a lograr “bienestar para todos los sectores de la sociedad”. Pese a la promesa, el “paquetazo” económico no hizo otra cosa que incrementar el costo de la vida y desatar el descontento de las mayorías populares, ampliamente excluidas del proyecto de gobierno.
El estallido social ocurrido en Venezuela el 27 de febrero de 1989, conocido como “El Caracazo”, fue una respuesta popular ante la puesta en marcha de las medidas anunciadas, las cuales, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), produjeron una elevación abrupta en los precios, de las tarifas de servicio público y de la gasolina.
Este organismo prestaría 4.500 millones de dólares en tres años, bajo la condición de liberar las tasas de interés financiero en el sistema hasta 30%.
“Esto es un paso que teníamos que dar para salvar a Venezuela de esta coyuntura tremenda que estamos viviendo”, justificó el expresidente, quien antes de llegar al poder, en plena campaña, le anunció al país que venía “el gran viraje”.
El hecho de que Pérez retirara los subsidios a la mayoría de los bienes de primera necesidad y permitiera el alza indiscriminada de alimentos, productos de consumo básico, alquileres y tasas de interés, sin adoptar ninguna medida de incremento de salarios o de beneficios sociales, desencadenó los levantamientos populares.
Lo que expertos calificaron como “paquetazo económico” se tradujo, de forma inmediata, en una caída abrupta del consumo, lo que desencadenó en cierre masivos de comercios por falta de clientes.
CAP justificó la liberación de precios  con la excusa de “hacerlos más competitivos en el mercado” y la de las tasas de interés para “promover el ahorro”, y propuso que una “expansión acelerada” de la inversión privada “suplantaría el régimen actual de subsidios indiscriminados”.
Sin embargo, el efecto se vio en el incremento de la inflación a 81% en 1989 –de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela–, y en la merma de la capacidad adquisitiva de la población.
Las finanzas públicas se dedicaron fundamentalmente al pago de la deuda pública, que demandaba el 45% del Presupuesto Nacional, que bajo un sistema neoliberal implicó la drástica reducción del gasto social en educación, salud y seguridad social.
Para costear esta situación, el Estado inició una política de privatizaciones, que incluyó las industrias del hierro y del aluminio, además de la telefónica y la eléctrica.

 

Legado de CAP
Aunque han pasado 28 años del proyecto macroeconómico de CAP, algunos sectores de la oposición, ahora desde el Parlamento, continúan abogando por los recetarios financieros que sugiere el FMI.
En abril del año pasado, la subcomisión especial de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) José Guerra, presentó una propuesta de 10 puntos dirigidas a “orientar al país no sólo para hoy sino para el futuro”.
Entre los planes, se planteó la necesidad de ir a la unificación de los tipos de cambio con una sola tasa “libre y fluctuante”; lo que implicaría “contar con el apoyo de la política monetaria y fiscal para moderar las oscilaciones del tipo de cambio”.
En otro de los puntos abogan por flexibilizar el control de precios, por lo que piden la derogación de la Ley de Precios Justos, lo que elevaría el costo de los bienes esenciales y capitalizaría la liberación de los precios.
Es el noveno y peúltimo punto el que más se asemeja al legado macroeconómico de CAP. En éste, la sub comisión pide “refinanciar de forma voluntaria la deuda externa”; un escenario que se asemeja al paquete macroeconómico anunciado hace 28 años por CAP.

 

 

AVN