La Paz, 15 sep (PL) El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, solicitó al Ministerio Público acelerar su declaración como testigo indirecto del caso relacionado con el linchamiento del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, por hordas de cooperativistas mineros.
A través de un memorial rubricado por sus abogados, Romero explicó que su petición busca aportar mayores elementos a la investigación contra los presuntos autores del secuestro, tortura y asesinato de la autoridad del Estado el 25 de agosto.
Con la intención de establecer cuál fue el curso causal de los hechos, Romero pide que la declaración informativa sea recibida en base a un banco de preguntas y/o cuestionario, a fin de ser respondida a la mayor brevedad posible, precisó el documento hecho público el miércoles.
Por su parte, la comisión de fiscales que investiga la muerte de cinco cooperativistas mineros y del vicetitular confirmó que citará a declarar al ministro de Gobierno, jefes policiales y otras personas para saber la verdad del uso de armas y lo sucedido en Panduro.
Según el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, existen avances significativos en la investigación con el acopio de evidencias e interrogatorio a testigos presenciales de los sucesos.
Señaló que el Ministerio Público requirió el flujo de llamadas telefónicas efectuadas el 25 de agosto, información de la Policía y el examen técnico-científico de balística.
De acuerdo con Guerrero, la justicia quiere llegar a la verdad histórica de los hechos durante el conflicto de los cooperativistas, sobre todo, en torno al uso de armas letales y si hubo la instrucción para su empleo en el bloqueo de la carretera.
Ratificó que se tienen identificadas a las personas presentes junto al viceministro Illanes, algunos ya encarcelados y otros buscados con la cooperación de agentes de inteligencia.
En agosto, la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) promovió una serie de acciones violentas que incluyeron el uso de dinamita y bloqueos de carreteras.
Como centro del enfrentamiento escogieron la localidad de Panduro, a unos 185 kilómetros al sur de La Paz.
La dirigencia de la Fencomin exigió al gobierno del presidente Evo Morales una serie de concesiones, algunas de ellas inconstitucionales, como la potestad de firmar contratos con empresas trasnacionales.
Tales hechos, unido al asesinato de civiles y del viceministro Illanes, concitaron la repulsa del pueblo boliviano, lo cual diluyó las protestas con un supuesto carácter reivindicativo.
Según el gobierno, tras estas acciones desestabilizadoras se encontraba en marcha un golpe de Estado dirigido a subvertir las políticas sociales y de defensa de los recursos naturales adoptadas durante la última década por la administración del presidente Evo Morales.
lam/lr
Con la intención de establecer cuál fue el curso causal de los hechos, Romero pide que la declaración informativa sea recibida en base a un banco de preguntas y/o cuestionario, a fin de ser respondida a la mayor brevedad posible, precisó el documento hecho público el miércoles.
Por su parte, la comisión de fiscales que investiga la muerte de cinco cooperativistas mineros y del vicetitular confirmó que citará a declarar al ministro de Gobierno, jefes policiales y otras personas para saber la verdad del uso de armas y lo sucedido en Panduro.
Según el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, existen avances significativos en la investigación con el acopio de evidencias e interrogatorio a testigos presenciales de los sucesos.
Señaló que el Ministerio Público requirió el flujo de llamadas telefónicas efectuadas el 25 de agosto, información de la Policía y el examen técnico-científico de balística.
De acuerdo con Guerrero, la justicia quiere llegar a la verdad histórica de los hechos durante el conflicto de los cooperativistas, sobre todo, en torno al uso de armas letales y si hubo la instrucción para su empleo en el bloqueo de la carretera.
Ratificó que se tienen identificadas a las personas presentes junto al viceministro Illanes, algunos ya encarcelados y otros buscados con la cooperación de agentes de inteligencia.
En agosto, la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) promovió una serie de acciones violentas que incluyeron el uso de dinamita y bloqueos de carreteras.
Como centro del enfrentamiento escogieron la localidad de Panduro, a unos 185 kilómetros al sur de La Paz.
La dirigencia de la Fencomin exigió al gobierno del presidente Evo Morales una serie de concesiones, algunas de ellas inconstitucionales, como la potestad de firmar contratos con empresas trasnacionales.
Tales hechos, unido al asesinato de civiles y del viceministro Illanes, concitaron la repulsa del pueblo boliviano, lo cual diluyó las protestas con un supuesto carácter reivindicativo.
Según el gobierno, tras estas acciones desestabilizadoras se encontraba en marcha un golpe de Estado dirigido a subvertir las políticas sociales y de defensa de los recursos naturales adoptadas durante la última década por la administración del presidente Evo Morales.
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