Hubo irregularidades en el proceso de recolección del 1 por ciento de las firmas para iniciar la activación del referendo.

La presidenta del
Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, informó este lunes que
el Poder Electoral solicitará al Ministerio Público (MP) el comienzo de
las investigaciones sobre las irregularidades que se presentaron en el
proceso de verificación y validación del 1 por ciento de firmas para
iniciar proceso de activación del referendo.

Esta segunda
fase, que comenzó en junio, se registraron 407 mil 622 personas, de las
cuales, 399 mil 412 (98,04 por ciento) coinciden con la base de datos
del CNE, mientras que otras mil 326 personas no coinciden.

“El Consejo
Nacional Electoral, visto las irregularidades relativas a las posible
usurpación de identidad, el Poder Electoral está solicitando al
Ministerio Público la investigación del caso, es decir; del 0,33 por
ciento registro de las huellas que no corresponden a las personas que
dicen serlo (…) Asimismo, 243 registros que fueron duplicados, que
pertenecen a 198 personas que fueron a validar más de una vez su huella
en distintos puntos”, expresó Lucena desde la sede del CNE, en
declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

A juicio del alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, ese referendo está muerto legalmente.

Como resultado
de las más de ocho mil 600 denuncias de los ciudadanos en los
tribunales, el revocatorio ya murió en las calles, apuntó el
burgomaestre.

//platform.twitter.com/widgets.js

También denunció que, en ese proceso de solicitud, se comprobó que
más de 10 mil personas fallecidas aparecen en las listas; registros de
nueve mil 333 cédulas inexistentes, tres mil menores de edad y más de
mil 300 personas inhabilitadas.

Es un
gigantesco fraude, el más grande en la historia del país, declaró el
también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Pese a la
transparencia de los procedimientos, la MUD atacó en recientes jornadas
al CNE, actitud que podría provocar alteraciones y embestidas contra los
funcionarios y el ente comicial.

Las presiones
de la MUD obedecen a que quiere activar la consulta antes de finalizar
2016 y necesitan la oficialidad del cumplimiento del primer requisito,
para luego dar el siguiente paso, cuyo proceso puede tardar hasta 30
días.

La otra fase
comprende recolectar 20 por ciento de firmas con las huellas de los
electores inscritos en el CNE, para fijar la fecha de comicios
generales, en los cuales la oposición debe obtener al menos la misma
cantidad de votos que el ganador de las últimas elecciones
presidenciales.

El referendo
puede invocarse después de tres años de periodo constitucional, pero
cuando se cumplen cuatro, en caso de aprobarse la revocación, el
presidente de la República debe ser reemplazado en sus funciones por el
vicepresidente, sin invocación de elecciones adelantadas.

Si el referendo
se lleva a cabo en 2017, no habrá elección presidencial porque el
mandatario será reemplazado por su vicepresidente, en este caso
Aristóbulo Istúriz, de destacada trayectoria revolucionaria.

En caso de
realizarse antes de esa fecha, y que se imponga el voto contra Maduro,
la Constitución prevé la convocatoria a elecciones presidenciales
anticipadas, el propósito de la derecha venezolana.

Para los
dirigentes del Gobierno bolivariano y el PSUV, el referendo no se
realizará en 2016, porque la propia oposición violó los términos
establecidos para presentar la petitoria y, además, la recogida de
firmas fue irregular y fraudulenta.