Este
martes el senador Antonio Anastasia, relator del proceso,  presenta a
la comisión un informe, que, de acuerdo con el abogado de Dilma
Rousseff, no debe reunir elementos con validez suficiente para sustentar
el impeachment.

El juicio político
contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus
funciones desde el 12 de mayo, entra desde este martes en su fase final,
con la reanudación de las audiencias en la comisión del Senado a cargo
del proceso.

El primer paso
de este trámite, se da este martes cuando el relator del proceso, el
senador Antonio Anastasia, presente a la comisión su informe.

Anastasia no ha
adelantado nada sobre el contenido del documento que presentará este
martes y que elabora desde la conclusión de la fase de instrucción, en
la que fueron escuchados 39 testigos presentados por la defensa y cuatro
propuestos por la parte acusadora.

Según José
Eduardo Cardozo, abogado de Dilma Rousseff, resultará muy difícil poder
argumentar en su parecer la separación definitiva de su puesto de la
Presidenta, porque no hay un elemento con validez suficiente para
sustentar el impeachment.

El periodista
Beto Almeida señala que se espera un informe de Anastasia dirigido a
mantener los ataques contra la mandataria brasileña.

El informe que entregará el relator del proceso a esa comisión de 21
senadores se debatirá el miércoles y se votará el jueves, según el
calendario de trabajo ya acordado con el Tribunal Supremo, que es
corresponsable del juicio contra Rousseff.

El viernes,
fecha del inauguración oficial de los Juegos de Río, ese informe deberá
ser leído en el pleno del Senado, que será convocado para una primera
votación el 9 de agosto. Si ese día, el texto es aprobado por una
mayoría simple de 41 votos de los 81 senadores, el Supremo convocará
para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá
si Rousseff es destituida o retorna al poder, que ejerce interinamente
su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.

Esa última
sesión, que puede durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y
para que Dilma sea despojada de su mandato sería necesaria una mayoría
de 54 votos.

Organizaciones sociales brasileñas se movilizan contra el golpe
 

Más de 30
ciudades de Brasil fueron escenario el pasado domingo de una masiva
movilización bajo el lema “Fora Temer!” (Fuera Temer).

San Pablo fue
la sede central de la marcha nacional, con más de 60 mil personas en las
calles. Las movilizaciones fueron convocadas por el “Frente Povo Sem
Medo” (Frente Pueblo Sin Miedo) y se replicaron en Brasilia, Belo
Horizonte, Curitiba, Recife y Fortaleza, entre otras ciudades.

Guilherme
Boulos, del Movimiento dos Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST),
enfatizó que el eje de la protesta es denunciar “el gobierno ilegítimo”
de Michel Temer. Además, defender los derechos que se encuentran
amenazados por el “programa del golpe”.

En contexto: 
Dilma
Rousseff está suspendida de su cargo por la Cámara Alta brasileña
mientras se estudia si es culpable de supuestamente haber maquillado los
fondos públicos.
En
mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político en su
contra, por lo que fue separada de la presidencia por un período de 180
días.
Para que Dilma pierda definitivamente la jefatura del Estado se necesitará el apoyo de 54 de los 81 miembros de la Cámara Alta.
Esta
maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un
golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista y un
atentado feroz contra las políticas sociales. 
En
la misiva que envió el pasado miércoles al Senado, Rousseff advirtió
que la posible interrupción de su mandato representaría un riesgo para
todo el país, porque “un gobierno sin respaldo popular no resolverá la
crisis porque él mismo será la crisis, no será respetado y se volverá un
obstáculo para la solución”.