Asunción, ago 25 (PL) La convocatoria a elecciones hecha por un gobierno aislado, su fracaso para obtener apoyo de la OEA, junto a fuertes reclamos salariales de varios sectores, constituyeron focos de atención en Paraguay durante la semana que termina.

El Ejecutivo que surgió del proceso de destitución del mandatario constitucional, Fernando Lugo, mostró alto interés en dar la mayor trascendencia al acto oficial de llamamiento a unos comicios cuyas fechas ya se encontraban establecidas antes de que Lugo fuera despojado de su cargo.

Entre los objetivos, estaba resaltar la alegada normalidad existente en la nación, argumento destinado a contrarrestar las denuncias opositoras de violaciones de derechos humanos, despidos masivos por razones políticas y restricciones a la libertad de expresión.

El análisis más duro de la convocatoria a elecciones para abril del 2013 fue hecho por el Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones de izquierda, el cual negó autoridad moral para convocarlos tanto a este gobierno como al tribunal electoral que convalidó su presencia en el poder.

Paralelamente, la estrategia oficial se centró en la Organización de Estados Americanos (OEA) con la aspiración de que su Comité Permanente aprobara un informe del secretario general, José Miguel Insulza, quien consideró que nada había ocurrido en Paraguay con la destitución de Lugo y la calificó de cambio respaldado por la Constitución.

Pero lo cierto es que los denodados esfuerzos de Insulza, apoyados por Estados Unidos, no consiguieron el ansiado consenso y ni siquiera se pudo aprobar el envío de una misión para, supuestamente, observar la transparencia del proceso electoral.

Comprometido desde antes con el actual gobierno paraguayo, no quedó otro remedio a Insulza que optar por una misión solamente a nivel personal, pero sin representar institucionalmente a la OEA, ni poder legitimar a quienes realizaron el expedito juicio político al Presidente de la República.

Ya al final de la semana, mientras tanto, continuaron en aumento los conflictos por reclamos salariales de trabajadores del Ministerio de Hacienda y el sector docente con huelgas y protestas públicas nada agradables para la parte gubernamental.

La falta de recursos alegados por el gobierno para satisfacer, incluso, atrasos en los pagos a esos trabajadores amenazaba con introducir nuevos elementos de preocupación para el ahora presidente Federico Franco y su equipo ministerial.

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