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La ley entrará en vigencia el primero de septiembre, donde dice que los inmigrantes sólo tendrán acceso a los servicios de urgencias, atención a las embarazadas y la asistencia médica a los menores de 18 años.

En España crece la indignación por la decisión del Gobierno de eliminar el acceso gratuito al sistema de salud pública a los inmigrantes irregulares, lo que ha causado que médicos sigan atendiendo a pacientes con esta “condición” en señal de protesta.

En un manifiesto firmado por 870 médicos de familia, publicado por internet, los profesionales recordaron que no faltarían a su «deber ético y profesional y cometer un abandono».

En el documento los doctores forman parte de una red de «objetores de conciencia», creada en el mes de julio por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria, integrada por 19 mil 500 profesionales.

La decisión viene luego de la medida tomada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, de dar a los inmigrantes sólo acceso a los servicios de urgencias, atención a las embarazadas y la asistencia médica a los menores de 18 años, con la intención de ayudar a reducir el déficit público español de 8.9 por ciento el PIB, en 2011, a menos del 3 porciento en el 2014.

El Ministerio por su parte, en respuesta al malestar de los médicos, aseguró que se encuentra estudiando la creación de “convenios” pagados que permitan, a los inmigrantes en su mayoría, “ser recibidos en el sistema de salud pública en el país», aunque no se precisó el costo que tendría esta especie de vale.

Según fuentes de Sanidad, asegura que este tipo de ordenanzas no están pensados específicamente para los inmigrantes irregulares, sino para españoles «rentistas» que nunca han trabajado o europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español. También están dirigidos a otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público.

El documento se enviará al Colegio de Médicos Provincial, al Servicio de Salud correspondiente (excepto Andalucía, Asturias, Catalunya y País Vasco, que han anunciado su intención de seguir prestando atención a los sin papeles), a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la sociedad federada correspondiente (en caso de ser socio de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria

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