Santos cumple un año de Gobierno con agenda internacional propia
Pocos días después de su llegada a la Casa de Nariño, Santos emprendió una agenda destinada a recomponer las dañadas relaciones con Ecuador y Venezuela.
Ello hizo posible el restablecimiento pleno de los vínculos con esas naciones a través de un diálogo directo con base en el respeto a las diferencias, lo cual fue celebrado y acogido con sorpresa dentro y fuera de Colombia.
Santos fue ministro de Defensa de Uribe entre 2006 y 2009, período en el que secundó y ejecutó con eficiencia la política áspera que caracterizó al exmandatario en la arena internacional, donde incluso provocó varios desencuentros con sus declaraciones.
En otras áreas de su Gobierno, Santos enfocó las relaciones internacionales en disminuir la dependencia de su país de Estados Unidos, y fue así que logró colocar a Colombia como un actor de peso en el contexto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
A su vez, este año Colombia obtuvo la presidencia pro témpore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tuvo una participación activa en la reconciliación política en Honduras.
Además de superadas las diferencias con Quito y Caracas, Bogotá fortaleció sus relaciones con Perú y Chile, y emprendió importantes acercamientos económicos con Brasil, a fin de incrementar el intercambio con el gigante suramericano.
En tanto, en el plano doméstico son varias las lecturas que los analistas hacen de su gestión luego de 365 días de Gobierno, pues si bien pude exhibir algunos logros, aún persisten serias dificultades económicas, sociales y de derechos humanos.
Con un Congreso mayoritariamente a favor, Santos sacó adelante la denominada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, quizás la más importante normativa impulsada por su administración.
La ley pretende reparar a las víctimas del conflicto armado interno y restituir a los desplazados dos millones de hectáreas de tierras usurpadas por la violencia; sin embargo, más allá de la letra, su aplicación se vislumbra difícil
Luces y Sombras
Desde la aprobación de la ley de restitución, una veintena de personas que reclamaban esos derechos han sido asesinadas y otras amenazadas de muerte, por lo que muchos han decidido guardar silencio.
Por otra lado, acorde con denuncias de organizaciones de derechos humanos, en los primeros 75 días del gobierno de Santos, fueron asesinados siete líderes indígenas, seis activistas, dos líderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y un periodista comunitario.
Colombia aún adolece de seguridad a los sindicalistas, en los primeros seis meses de este año fueron ultimados 20 sindicalistas, lo que significa el 60 por ciento de los asesinados en el mundo, además de registrarse un repunte en las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública.
Asimismo, la oposición -liderada por el Polo Democrático Alternativo- considera que Santos profundiza el modelo neoliberal y que sus medidas económicas no son más que paños tibios dirigidos a remendar un sistema que debe ser cambiado.
A ello se añade que persisten altos niveles de desempleo y un incremento de la informalidad, mientras las transnacionales ganan terreno en sectores estratégicos como la minería, los agro-combustibles y la explotación petrolera, entre otros.
Para el Polo, el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por Santos lo único que generará en el país es más miseria y mayor inequidad, pues favorece al gran capital especulativo, profundiza la concentración de la riqueza y las políticas de privatización.
Otro elemento desfavorable es que la percepción de inseguridad aumentó y se resquebrajó el orden público, para muchos el mayor desacierto de Santos, al tiempo que se incrementaron los grupos paramilitares al servicio del narcotráfico, que el gobierno insiste en denominar «Bandas Criminales Emergentes» (Bacrim).
Con relación al prolongado conflicto armado interno, pese a la disposición manifiesta de los grupos guerrilleros por encontrar una solución negociada al conflicto, el gobierno de Santos apuesta por la vía militar.
Sus condicionamientos para una eventual mesa de negociación hacen prácticamente imposible su real instalación, puesto que desconoce la naturaleza de la insurgencia y el origen del conflicto, según se desprende de las posiciones y estrategias del Gobierno.
Por otra parte, en el tema de los retenidos por parte de la guerrilla, casi nunca se menciona la existencia de siete mil 500 presos políticos y de conciencia en las cárceles del Estado, de los cuales solo 700 son combatientes insurgentes.
Esta falta de reconocimiento por parte del Gobierno es considerado como uno de los obstáculos para cualquier acercamiento, pues la guerrilla estima que estos 700 deberían tener el estatus de prisioneros de guerra.
Los demás son dirigentes sociales vinculados a procesos jurídicos como insurgentes, sin embargo se hallan en prisión por procesos manipulados, estancados y habitando en condiciones degradantes, por lo que son presos de conciencia, de acuerdo con denuncias de activistas por la paz y de derechos humanos.
Entretanto, Santos deberá afrontar varios retos como reducir la pobreza, la inflación, la desigualdad y frenar la galopante corrupción, tras el destape de escándalos que involucran estafas multimillonarias en varios entes gubernamentales durante la administración Uribe; además del famoso caso de espionaje y seguimiento de las «chuzadas» del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
Y el cielo se vino a abajo
Mención aparte merece la atención de la emergencia invernal que tuvo que enfrentar Santos casi desde el inicio de su mandato, que requirió de su parte poderes especiales en dos ocasiones, creación de nuevos impuestos y fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas.
En un nuevo reporte esta semana, la Dirección de Gestión del Riesgo (DGR) ubicó en cuatro millones 181 el número de afectados por las crecidas de ríos y las avalanchas que han golpeado a 29 de los 32 departamentos de este país suramericano.
Según el balance de la entidad estatal, la cifra de muertos por el peor invierno (época de lluvias) que ha azotado a Colombia en toda su historia se mantiene en 486, mientras que el número de heridos llegó a 595 y los desaparecidos a 43.
El director del Departamento de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, reveló la semana pasada que la ola invernal dejó daños avaluados en 8,6 billones de dólares hasta febrero de 2011, según un estudio realizado por el Banco interamericano de Desarrollo y la Cepal.
teleSUR-AFP-EFE-Vaguardia.com-El Tiempo-Prensa Latina/rp-MM
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