Vicepresidente: Gobierno desmontó política sistemática que atropellaba derechos de los trabajadores

Caracas, 01 Jul. AVN .- Este miércoles fueron 9.353 trabajadores del Instituto Nacional de Puertos, liquidado en 1992 durante la gestión del ex presidente Carlos Andrés Pérez, y este jueves, 906 empleados de Aerovías Venezolanas (Avensa), aerolínea de mayoría accionaria privada que dejó en la calle a sus empleados entre 1999 y 2000, los que recibieron sus compensaciones laborales de parte del Gobierno Bolivariano.

Si se suman ambos casos, el Gobierno del presidente Hugo Chávez desembolsó 340 millones de bolívares para estos trabajadores esta semana: 305 millones correspondientes a 40% de la deuda total para los trabajadores de ocho puertos venezolanos y 35 millones 825.000 equivalentes a 100% de los pasivos de los ex empleados de Avensa.

Adicionalmente, cancelará 458 millones 600.400 bolívares en tres cuotas anuales para cubrir la deuda total con los ex trabajadores del Instituto de Puertos.

En ambos casos, el Estado venezolano, liderado por Chávez, se hace responsable de una deuda que le es ajena, en la búsqueda de la justicia social para los afectados. El Instituto de Puertos fue liquidado por Pérez para pasar la gestión de estos terminales a los gobiernos regionales, y a los trabajadores les pagaron sus prestaciones sobre cálculos errados e injustos.

Mientras, Avensa inició una serie de despidos masivos en 1999, sin reconocer los pagos que merecían sus trabajadores, y por diversas artimañas legales, logró evadir su responsabilidad.

Se trata de dos ejemplos de lo que el vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, denominó este jueves, durante el acto de entrega de los cheques a los trabajadores de Avensa, como una política de atropellos contra los trabajadores ejercida por los gobiernos de la llamada Cuarta República (previos a Chávez).

“En estos 11 años, lo que tienen reconocer es que especialmente Hugo Chávez desmontó una política sistemática donde participaba todo el Estado para atropellar. Fue un concierto del sistema de justicia, del Ejecutivo Nacional y del sector privado para arrebatar derechos fundamentales a los trabajadores”, dijo Jaua.

Añadió que en esa época se usó el poder del Estado burgués y de las instituciones para que el capitalismo pudiera humillar al pueblo, en lo que denominó como una ofensiva brutal contra la clase trabajadora, que obedecía a una política dictada por los polos de poder mundial sobre los “gobiernos títeres” de entonces.

“Pero hoy tenemos un Presidente que por primera vez responde a los intereses de los trabajadores”, acotó.

Avensa: La lucha nunca cesó

El acto de este miércoles, realizado en el auditorio del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, fue la conclusión de una lucha que 906 trabajadores emprendieron, por vía judicial y administrativa, en la procura de sus derechos.

Edgar Bolívar es el líder de esa batalla. Encargado del departamento de uniformes en Avensa, fue despedido en el año 2000. Dos años antes, la compañía comenzó a tercerizar a los trabajadores creando microempresas, y posteriormente fallaron en los pagos. “A mí me quedaron debiendo unas cinco quincenas”, comentó.

En junio de 2000, la compañía entregó unas letras a los empleados como compromiso de pago, pero nunca las cumplió. Luego cierra las puertas, “porque ya no tenían ni un avión para volar”.

“Es que los Boulton (dueños de la empresa) fueron vendiendo los aviones sin que nadie supiera nada, como una estrategia para sacar su capital”, dice Bolívar. De poseer 42 aeronaves en 1996, Avensa tenía apenas ocho tres años después, hasta que no quedó ninguno.

Los afectados despedidos iniciaron la lucha organizándose en la Asociación de Defensa de los Trabajadores de Avensa.

Tras el incumplimiento de una resolución del Ministerio del Trabajo que ordenaba el reenganche y pago de salarios caídos, en 2003, y una demanda para que se declarara en quiebra la empresa que no prosperó, el Gobierno consigue una vía para pagarle a los empleados, en base a la consideración de Venezuela como un Estado social de Derecho y de justicia contenida en la Constitución de 1999.

Esta vía legal permite un pago conocido como de carácter “gracioso” y beneficia incluso a los trabajadores que no accionaron la vía legal para reclamar sus derechos.

Aunque el pago se haría en dos partes inicialmente, el presidente Chávez aprobó que se cancelara de una sola vez.

“Cuando me quedé sin empleo: todo lo que no hacía falta lo vendí, incluso mis herramientas. Empecé a trabajar carpintería y casi pierdo un dedo. Fui albañil, constructor, carpintero, mesonero, de todo. Busqué trabajo en varias empresas en Vargas, pero me cerraron las puertas porque lideraba el reclamo de Avensa”, recuerda Bolívar. Hoy, 11 años después, tiene el dinero producto de los años que le dedicó a esta aerolínea.

“Esto no lo hace nadie, sólo Chávez: un pago por acción social, en el caso de una empresa privada que dejó en la calle a los trabajadores, pero un Estado revolucionario y responsable cancela ahora lo que se le debía a los trabajadores”, contó.

Por eso, la ministra del Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias, exclamó este jueves en el acto: “Hoy es uno de los días para celebrar que estamos en revolución”.

Nueva Ley del Trabajo

El vicepresidente Elías Jaua destacó este jueves la importancia de aprobar, tal como exhortó el jefe de Estado, una nueva Ley Orgánica del Trabajo, “que cierre las puertas que abrió la normativa aprobada durante el Gobierno de Rafael Caldera bajo la directriz del entonces ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, para evitar que suceda este tipo de atropellos contra los trabajadores”.

Estimó que el nuevo instrumento legal debe adecuarse a los principios de la Constitución Nacional en materia de justicia y reivindicación plena de la estabilidad laboral y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.