Se lo robaron todo… y Uribe ahí

Por:  Cristina de la Torre

Diestro en autoproclamarse víctima para evadir respuestas, se queja Uribe de que quieren graduarlo de corrupto.

Pobrecilla paloma sin mácula, simula no percibir los efluvios de la carroña que aparece bajo la alfombra de su gobierno. Ante el 70% de colombianos que según Gallup exigen explicaciones a una corrupción jamás vista en nuestra historia patria, el expresidente no sabe, no responde. Y sin embargo, mientras él fue jefe de Estado, la contratación pública —médula de la corrupción— terminó en manos de toda suerte de maleantes de apellidos ilustres y de otros no tan ilustres. Por acción y por omisión. Porque a la lucrativa indiferencia del dejar hacer-dejar pasar se sumó la norma nefanda que lo autorizaría todo: la ley 1150 de 2007 entregó la definición de las reglas de contratación pública y su manejo a particulares que colonizaron el Estado y se lo robaron todo. O casi todo. Un verdadero ejército de ocupación que, alforja en mano, marchó desafiante a la conquista de la última moneda en la era de la seguridad para la confianza inversionista.

En su informe final, el auditor general, Iván Darío Gómez, se muestra alarmado con el grave riesgo fiscal que rodea a la contratación pública. De los 60 billones que por este concepto se ejecutan cada año, la tercera parte recae en particulares. Por desidia e ineptitud del Estado, centenares de contratos fracasan. Sólo Inco e Invías tendrán que pagar este año 350 mil millones por condenas judiciales. En 2010, los procesos por responsabilidad fiscal involucraron 4,3 billones. Hay gravísimas evidencias, señala, de desviación de los contratos hacia carteles. Casi toda la contratación es “antieconómica y de alto riesgo”, regida como viene por anticipos, sobrecostos, fraccionamientos y falta de capacidad financiera de los contratistas.

El estropicio deriva primordialmente de la contratación directa, que se brinca licitaciones y concursos de obligatorio cumplimiento. La Auditoría descubrió que, entre noviembre de 2009 y febrero de este año, 60% de los contratos se asignó a dedo. Otro afluente de este río revuelto son los anticipos multimillonarios a particulares inexpertos y sin los recursos necesarios para cumplir sus compromisos; anticipos que por disposición del pasado gobierno el Estado no controla y terminan a menudo en otras arcas. Entre septiembre y febrero pasados se pactaron anticipos por valor de 4,4 billones. Suma exorbitante que también este Gobierno deberá justificar y controlar. Por su parte, las adiciones a los contratos, fijadas por cambios de diseño de obras de los propios contratistas, han generado sobrecostos hasta por 400 veces del valor original. Tampoco las adiciones se controlan, a sabiendas de que casi siempre se invierten en otros menesteres. Fuente de favoritismo y corrupción ha sido a su vez la renovación automática de concesiones. De la llamada tercerización, ni hablar: resulta de convenios entre entidades públicas, una de cuyas partes subcontrata con terceros y evade, así, los requisitos de ley. Por manejos de esta laya, dice el informe, se investigan contratos oficiales en Antioquia que suman 95 mil millones.

Con todos sus méritos, el Estatuto Anticorrupción que el presidente sanciona esta semana no basta. Para derrotar leyes tan perniciosas como la 1150 habrá que desandar el camino. Crear un nuevo estatuto de contratación pública que le devuelva al Estado su prevalencia y ponga en cintura a cuanto particular quiera pasarse de vivo. Entre tanto, Colombia espera explicaciones del expresidente Uribe sobre esta herencia maloliente. Explicaciones. Rendición de cuentas. No la bufonada de las lamentaciones gratuitas para la galería. Ni loas a sus buenos muchachos de siempre. Pobre Peñalosa.