“Me iban a fusilar a los 14 años en el gobierno de Betancourt”

Caracas, 01 Jun. AVN .- Soraima Pelayo Zamora marchó este martes entre las personas que consignaron ante el Parlamento venezolano el proyecto de ley para sancionar los crímenes de Estado durante el período 1958-1998.

El crimen que la convoca a luchar por esta causa es el asesinato de sus compañeros José Rafael Guerra Silva y Alberto César Millán Marcano, víctimas de la Masacre del Sanz, ocurrida el 4 de mayo de 1962, hace 49 años, durante el gobierno de Rómulo Betancourt (Acción Democrática).

“El día anterior había ocurrido El Carupanazo (levantamiento militar). Cuando vamos a clases resulta que el liceo estaba cerrado. Nosotros entramos de todos modos, había estudiantes, profesores y trabajadores”, relata Soraima.

El Liceo Miguel José Sanz de Maturín, estado Monagas, fue blanco de los allanamientos posteriores a El Carupanazo. Los testimonios hablan de unos 200 agresores entre funcionarios de la Policía de Monagas y activistas de AD y Copei, quienes además actuaron en estado de embriaguez.

Los disparos fueron a dar en la humanidad de alumnos y profesores. Resultaron muertos los jóvenes Millán Marcano y Guerra Silva. Y hubieran sido al menos nueve más, porque Soraima Pelayo Zamora y otros ocho estudiantes, quienes se escondieron ante el caos y el horror de las balas, fueron descubiertos y tomados como testigos de la masacre.

“Los policías nos encontraron y nos sacaron de donde estábamos escondidos, ¡Y nos iban a fusilar!, me iban a fusilar a los 14 años, faltó poco, pero un teniente de la Guardia Nacional y su grupo se metió y dijo que esa vaina no la podían hacer. Fue el teniente Héctor Carvajal Sequera, hoy coronel retirado, él está vivo todavía, le puedes preguntar si quieres”, prosigue Soraima.

César Ismael Millán, hermano del asesinado Alberto Millán, agrega: “La idea de esta ley es que se castiguen esas muertes, claro, pero también que historias como la de mi hermano no vuelvan a ocurrir nunca más”.

Testimonios como los de Soraima y César abundan y abundan. Cada uno de los hombres y mujeres que apoyan este proyecto de ley quieren contar su historia, la de un padre desaparecido, la tortura padecida en un calabozo de la Digepol, el allanamiento en la casa de la abuela, los huesos que no han hallado, los campesinos mutilados, la muchacha violada porque le dio agua a un guerrillero.

Los expedientes de estos horrores comenzarán a desempolvarse con la aprobación de la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas y reparación e indemnización a las víctimas durante el período 1958-1998.

Muchos reposan en la oficina de Justicia Militar y otros archivos de la República.

Se estima que unos 10 mil crímenes, entre asesinatos, desapariciones, fusilamientos y torturas, fueron ejecutados durante el período 1958-1998 (cuarta república), lapso en el que los gobiernos de AD y Copei emprendieron una cruzada contra todo movimiento de izquierda, en concordancia con la política de persecución que Estados Unidos asumió para exterminar el comunismo en América Latina.