LA POLÍTICA DE “ABLANDAMIENTO” DEL IMPERIO

Por: FERANDO DORADO 
Popayán,  de mayo de 2011

La política regional en el Cauca refleja con gran nitidez las contradicciones existentes en el bloque de poder hegemónico que lidera el presidente Santos.

Dichas contradicciones habían quedado congeladas por efecto de la aplicación de la política imperial de “lucha contra el terrorismo”, que sirvió de base y cobertura al ascenso de Uribe.

La alianza entre la oligarquía colombiana, un sector del campesinado rico y las mafias narcotraficantes fue aprovechada para consolidar el modelo agro-minero-exportador. Se usó la disculpa de la lucha contra la insurgencia guerrillera y el combate al narcotráfico.

El cambio de gobierno en Colombia, la aparente ruptura entre Santos y Uribe y la actual “transición” política, sólo pueden explicarse analizando el entorno mundial y regional.

Obama y Santos, respuesta a la decadencia imperial

La pérdida de hegemonía estadounidense ha sido consecuencia y factor de avance de los pueblos de países dependientes que están recuperando – parcialmente – niveles de soberanía política y autonomía económica. No es un proceso consolidado. Está en pleno desarrollo en América Latina, y es incipiente en el Norte de África y Medio Oriente.

Además, la crisis financiera y fiscal del mundo industrializado, el progreso económico y geo-político de China, Brasil, India y Rusia, y la conciencia de su propia decadencia, obligaron a las élites plutocráticas gringas a realizar un viraje estratégico en el continente americano.

Primero, mostraron los dientes moviendo la 4ª Flota y fortalecieron sus bases en Colombia. Luego, mordieron en Honduras. Preparaban así, el terreno para la acción política de Obama. Ahora, usan a Santos y al eje oligárquico México-Colombia-Perú-Chile, como factor de presión. Aplican la política de contención: amenazan a fin de doblegar.

Obama posiciona al presidente colombiano en la política regional. Su objetivo es ganar o neutralizar a las burguesías de Brasil y Argentina a fin de aislar y/o debilitar la política nacionalista de los gobiernos bolivarianos. Están dando pasos acelerados en ese sentido.

Para hacerlo con eficacia reducen los ruidos que genera la confrontación con la guerrilla. Preparan una simulada política de diálogo. La aceptación de la existencia del conflicto armado, la aprobación de la ley de víctimas y de restitución de tierras, y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los gobiernos vecinos, van en esa dirección.

No quiere decir que les interese la Paz. El conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico han sido efectivas herramientas de intervención territorial. Sirven para despejar territorios donde se mantiene la resistencia campesina al modelo económico (como en el Cauca) y para justificar – cuando lo requieran – la intervención armada a los países colindantes. La trampa sigue “armada”.

Su táctica – por ahora – es de desgaste. Van apretando el anillo con sutiles presiones económicas. Los TLCs con Colombia y Panamá se suman a los de México, Chile, Perú y parte de Centroamérica. Tienen aliados internos en cada uno de esos países para minar por dentro la estabilidad económica y política aprovechando los errores que cometan los gobiernos nacionalistas.[1] El saboteo a la integración regional juega a favor del imperio.

Además, con “agencias de promoción de la democracia” infiltran a movimientos sociales y a los mismos partidos de gobierno. En Ecuador y Bolivia tratan de convertir a los pueblos indígenas en la base social de la oposición. La fórmula ha sido validada en Europa Oriental pero de igual forma la usaron en el Norte de África y Medio Oriente – obteniendo éxito sólo en Libia –, dado que en los demás países los pueblos árabes rebasaron los límites de su “intervención democrática”.

La economía del narcotráfico sirve también a sus propósitos. Es un instrumento de descomposición de la sociedad y afecta con fuerza corruptora a la precaria institucionalidad que los gobiernos nacionalistas heredaron de los viejos Estados Coloniales. En el caso de que falle la política de “ablandamiento” preparan falsas “intervenciones humanitarias”.

Colombia: La lucha al interior del Bloque Hegemónico y sus representantes

En Colombia ese viraje estratégico puso al frente del gobierno a un exponente genuino de la oligarquía. Por ello han aflorado las contradicciones al interior del bloque de poder. Las figuras políticas que hacen parte del gobierno representan los intereses en juego. Veamos:

Juan Manuel Santos, Presidente, personifica los intereses globales de la oligarquía financiera íntimamente ligada y subordinada al poder imperial. Es quien garantiza la estabilidad al interior de la “Unidad Nacional”.

Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, representa a sectores de la gran burguesía industrial y comercial. Intenta ganar a los grandes latifundistas que hoy abandonan a Uribe que requieren y exigen una “mano fuerte” al interior del gobierno.

Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, es la cuota de la gran burguesía agraria que aspira a canalizar grandes inversiones agro-industriales e incursionar en el campo de la gran minería de la mano de las empresas transnacionales. Pretende ganar a sectores campesinos desplazados para una “alianza estratégica” con el gran capital.

Rodrigo Rivera, ministro de Defensa, es la cuota de Uribe en creciente proceso de sacrificio. Está en medio de las tensiones entre el generalato fascista y corrupto y, una cúpula militar de viejo cuño que aspira a salir de la dinámica criminal mafiosa-uribista.

Angelino Garzón, Vicepresidente, representa a la burguesía burocrática. Trata de acercar al bloque de poder a las cúpulas sindicales de los trabajadores del Estado y a élites indígenas regionales, que fueron los sectores que medianamente resistieron la ofensiva anti-popular uribista. Es la carta de emergencia de la oligarquía en caso de que el movimiento popular se salga de sus “cauces normales”. Trata de dividir a la Izquierda alineando a los “Progresistas” de Petro, hacia una política cortesana que sirva para engañar a los pueblos y a los trabajadores.

Uribe, ex–presidente huérfano de poder, se ha quedado con la clientela de “familias en acción”. Estos sectores de la población lo abandonarán – como ya lo hace la clase política tradicional –, cuando perciban que ya no tiene influencia real. Con el chantaje de la “amenaza terrorista” pretende mantener su influencia entre los sectores oligárquicos aliados de las mafias incrustadas en el Ejército y el Estado, que pujan por mantener su cuota de poder.

La expresión de esta realidad en el Cauca

Los acuerdos políticos entre los herederos de la vieja aristocracia terrateniente que pretendían mantener la Alcaldía de Popayán en cabeza del partido conservador y la “U”, y la Gobernación del Cauca para un político subordinado a la alianza liberal entre Jesús Ignacio García y Luis Fernando Velasco, ya empiezan a estallar en mil pedazos.

Las presiones e intervenciones de cada uno de los “presidenciables” que aspiran a aprovechar su cuota de poder para consolidarse como sucesores de Santos – ya sea para 2014 o para el 2018 –, han empezado a hacer mella en el ambiente político regional.

La “gestión” de los dos últimos gobernadores ha sido catastrófica. El escándalo de Probolsa y su relación con la estafa de las “pirámides”, ha minado la credibilidad de la clase política tradicional. Por ello, los políticos más experimentados – algunos de los cuales se presentan como “de avanzada” –, buscan adecuarse a esa crisis y presentarse como “independientes”.

El ex-magistrado Temístocles Ortega, principal asesor del Gobernador actual en el caso de Probolsa, ha obtenido el aval de la Alianza Social Independiente a nivel nacional. La dirigencia regional de la ASI y del movimiento indígena caucano no se ha pronunciado hasta ahora. Ortega – en forma paralela y secreta – negocia el apoyo de Germán Vargas Lleras y Cambio Radical.

El ex–senador indígena Jesús Enrique Piñacué se ha alineado al lado de Angelino Garzón. Éste le devuelve el favor prestado cuando fue elegido Gobernador del Valle. Piñacué se presentará a elecciones por el “Movimiento Progresista” de Petro. Se aleja del movimiento indígena para tratar de incidir en otros sectores de la sociedad caucana.

Ante la debilidad de los 5 candidatos que compiten por el aval del partido liberal, existe una gran preocupación entre la élite política caucana. Emith Montilla, una ex-parlamentaria de la cuerda de Aurelio Iragorri que ahora está más cerca del senador García Valencia, es la candidata con mayor intención de voto. Sin embargo, no es garantía de éxito electoral. No cuenta con el conocimiento de la región ni con la suficiente preparación técnico-administrativa, aunque ello no es importante para la clase política tradicional.

Lo evidente es que las condiciones están dadas para que los sectores populares, los pueblos y trabajadores urbanos y rurales, presentemos una alternativa decididamente contraria a los partidos tradicionales y alejada de sus componendas corruptas.

Por ello, nos aprestamos a participar en el debate electoral con una política de unidad popular. Se trata no sólo de derrotar a la corrupción sino de enfrentar la política de Santos-Garzón, que no es otra que el arrasamiento – incluyendo la cooptación de la dirigencia social – de la resistencia indígena, campesina y afrodescendiente, para poder entregar el territorio y nuestras riquezas al gran capital trans-nacional.

Pero además, pretendemos encauzar y fortalecer los nuevos movimientos sociales que han hecho su aparición en las ciudades del Cauca frente al impacto del desempleo (moto-taxistas, vendedores ambulantes, micro-empresarios) y de rechazo a la política neoliberal de las empresas de servicios públicos que roban y empobrecen a amplios sectores del pueblo (caso de la energía eléctrica).

Se justifica la rebeldía. No más “cortesanismo”. Vamos Cauca mestizo y querido… ¡Levántate!

[1] Esos aliados pro-imperiales son: la oligarquía zuliano-tachirense en Venezuela; en Ecuador, las elites de Guayaquil y quiteñas; en Bolivia, la oligarquía agro-exportadora de Santacruz y departamentos vecinos.