Defensoría garantiza pago a trabajadores de promotora Parque La Vega
YVKE Mundial/ AVN

La Defensoría del Pueblo adelanta las medidas necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores de la empresa Promotora Parque La Vega, a quienes les fue suspendido totalmente el pago de su salario, informó este lunes el director general del servicio jurídico de la Defensoría, Larry Devoe.

Entre esas medidas figuran la solicitud de una junta administradora especial para garantizar el pago del salario a los trabajadores, pues la empresa dispone de los recursos necesarios para honrar esta deuda aun cuando sus cuentas hayan sido intervenidas por haber estafado a 150 familias del Conjunto Residencial Terrazas de La Vega.

Además, la Defensoría del Pueblo también desarrollará acciones para garantizar la continuidad de los servicios básicos de las personas que aún habitan en ese conjunto residencial, debido a que la empresa también suspendió el pago a los proveedores de electricidad y agua potable.

“En el deber que tenemos de resguardar los derechos de los trabajadores, solicitamos el viernes pasado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se designe una junta administradora especial que nos permita disponer de los fondos necesarios para garantizar el pago a los trabajadores y el pago a los proveedores de servicios básicos”, explicó Devoe.

Recientemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de su presidenta, magistrada Luisa Estella Morales, admitió una demanda de protección de derechos e intereses colectivos interpuesta por la Defensoría del Pueblo y dictó una serie de medidas cautelares a favor de 150 familias del Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega, en su primera etapa.

Se ordenó a la sociedad mercantil Promotora Parque La Vega, C.A., presentar ante la Sala Constitucional un plan detallado para la reubicación de las 150 familias afectadas dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión, “que garantice la reubicación temporal de las personas”. Luego de esta medida la constructora anuló el pago a los trabajadores de la obra como represalia.

El suministro de agua y luz fue suspendido a los edificios que resultaron afectados por los deslizamientos de tierras en la zona, quienes presentaron una demanda ante el TSJ en la que exigían la reubicación habitacional. La sentencia resultó favorable a los propietarios y ahora deben esperar la respuesta por parte la inmobiliaria.