PRETENSIONES COLONIALES IMPERIALES CON TUFO BICENTENARIO
Por: Nicolás Ramón Conteras Hernández.

Como parte de la orquesta colonial que la varita de las multinacionales del eje USA/OTÁN funden en un sólo haz de pretensiones colonialistas y una partitura para cipayos, El Espectador, diario de Colombia mi país y propiedad del grupo Prisa que en Colombia, junto al grupo Planeta poseen la mayoría de medios informativos impresos, audiovisuales y sus réplicas electrónicas, titula haciendo eco a empresas del mismo entramado de la reconquista Española como EFE, El Mundo o el País de España, íntimamente conectados a las pretensiones del Departamento de Estado de USA, con ese titular que dice: EE.UU crítica poderes dados a Chávez para que haga leyes a su antojo.

Como si los lectores al sur de las Américas fueramos todos, ciegos, sordos, mudos y brutos sin memoria, se solaza el diario de marras en varios partes de esta nota publicada con fecha 15 de diciembre de 2010 con esta perla entre muchas, leídas por Phillip Crowley, el portavoz del departamento de Estado de USA con un tufo infestado por halitosis colonialista de rancio cuño:

El presidente Chávez está socavando la voluntad del pueblo de Venezuela con su proyecto de ley especial para poder legislar sin debate y sin decreto durante un año […] Las elecciones exitosas dieron a los venezolanos la oportunidad de enviar un mensaje claro al pueblo. Ahora nos enteramos que las mismas elecciones que cuestionaron por fraude, los medios del eje USA/OTAN, amparado en los informes de Globovisión y las notas fuera de contexto de Andreina la corrsponsal de RCN Venezuela, fueron «exitosas».

Leyendo esto con mucha indignación y nada de horror, no dejo de hacerme las siguientes preguntas: ¿Será que las matemáticas de Crowley sólo reconocen a los votantes de la MUD que apenas lograron 65 escaños, contra 97 escaños del PSUV y sus aliados? ¿Será que la categoría “pueblo venezolano” según el USA Departamento de Estado, del cual Crowley es un lector a sueldo de imprudencias imperiales, el único reputado como tal, es el que vota consciente o inconscientemente por sus representantes y beneficiarios de la MUD, que recibe dólares comprobados de USAID, NED, IRI entre otras ONG promotoras de golpes de estado en predios de UNASUR y con sede matriz en USA y España?

Es curioso que el USA Departamento de Estado pele el cobre, reconociendo sus grupos de cipayos y quintas columnas, porque en cualquier caso, ellos están criticando lo que en suelo de USA jamás permitirían so pena de muerte como a Ethel y Julius Rosemberg o de destierro fuliminante como a Vicky Peláez y sus amigos, estos últimos encarcelados y luego expulsados por recibir dinero de empresarios rusos ligados el gobierno de aquel país. Pero la cosa no para allí, la pomposa Corte Interamericana de Derechos Humanos, compitiendo en mal aliento imperial, se suelta este eructo ideológico colonialista:

Aunque delegar poderes en el gobierno de forma excepcional no constituye un atentado en sí mismo a la separación de poderes, la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público»[…] El Poder Ejecutivo ha solicitado a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Habilitante que delega en el Ejecutivo la potestad de sancionar leyes durante el plazo de un año»[…] la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público»[…]

Precisamente hablando de derechos humanos, en hechos más o menos recientes valdría preguntarle a estos dos entes que se arrogan con mucha hipocresía la salvaguarda del bien: ¿Por qué no se pronunciaron cuando personas influyentes del gobierno y del partido republicano pidieron a gritos el asesinato de Julian Assange? ¿Por qué si andan tras la defensa de los derechos humanos, andan persiguiendo con cárcel y amenazas de juicio penal a Julian Assange por ejercer el derecho a la libertad de expresión?

Otros casos graves nos obligan a hacer más preguntas a este par de paladines del “eje del bien”: ¿Por qué ni la CIDH ni el USA Departamento de Estado de han pronunciado con esa prisa diarreica en los casos de Piedad Córdoba y los asesinatos de periodistas y campesinos en Honduras, como los del Bajo Aguán, atribuidos a paramilitares importados de Suramérica? Pero leyendo la misma nota, no sabe uno si suponer que el CIDH ha hecho un curso ocultismo para predecir el futuro o tendrá clientelas espiando y saboteando a sueldo en el gobierno bolivariano, cuando afirman que el gobierno Chávez busca:

“Facultades amplias, imprecisas y ambiguas para controlar el sector de telecomunicaciones y la tecnología de información” Y para que no queden dudas sobre los beneficiarios de sus preocupaciones dicen angustiados: La Ley Habilitante permitirá también al Poder Ejecutivo legislar en materia de cooperación internacional, lo que puede dificultar la tarea de varias ONG.[…] Las reformas propuestas, como la prohibición de mensajes que «inciten o promuevan el odio o «fomenten zozobra en la ciudadanía» son vagas o ambiguas» y están destinadas a hacer imposible la continuidad de canales de televisión críticos como Globovisión»

Definitivamente tienen razón Roberto Hernández Montoya y Basem Tejeldine, cuando afirman que el problema de los deslaves y las emergencias tipo Huracán Katrina que hoy afecta a Colombia y Venezuela, donde ambos gobiernos recurren a leyes de emergencia social, para atender a los damnificados, como las leyes habilitantes por ejemplo, han servido como espejo para mostrar en su más cruda bajeza y bellaquería canalla, no sólo a un sector de la iglesia venezolana, sino a una oposición que no representa al pueblo venezolano, sino al gobierno imperial de las multinacionales del eje USA/OTAN, responsable directas del daño climático que origina todos estos desastres, agudizado por las corrupciones e incompetencias que perviven en los gobiernos de nuestros países, unos en condición de cipayos, otros en la senda independentista.

Atentamente:
Nicolás Ramón Conteras Hernández.
cc.92.226.628 de Tolú. Ciudadano independentista afrodescendiente de la región Caribe en la República de Colombia.