Desquiciados en el Departamento de Estado y el Pentágono
Por: Maximillian C. Forte

CounterPunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

A efectos de transparencia: soy uno de los numerosos donantes financieros de Wikileaks. He descargado todo su Diario de la Guerra Afgana, y muchos otros documentos, y los he compartido. Soy también uno de los críticos de algunos aspectos del proceso de revisión de Wikileaks.
Hay quien podría concluir que este hecho coloca a individuos en mi situación en una posición difícil. No desde nuestro punto de vista. En su lugar, las posiciones difíciles son las del Departamento de Estado de EE.UU. y del Pentágono, cuyas comunicaciones han estado repletas de afirmaciones absurdas, una lógica retorcida, mientras apelan a nosotros con tanto encanto como el de un delincuente que está a punto de cometer una violación: primero apela a nuestro lado bueno (la ética), y luego a la amenaza de destrucción (enjuiciamiento).

La semana pasada presenció una cascada creciente de amenazas legales contra Wikileaks, lanzada primero a través de los medios dominantes que, junto con su Estado patrón, están obviamente resentidos por el azote de acceso incontrolado a la información. Según se informa, un funcionario del Pentágono exclamó, con obvia alegría: “Es sorprendente como [Julian Assange de Wikileaks] ha ido demasiado lejos. Ahora, está molestando al tipo de gente que normalmente se pensaría son sus principales partidarios”. En un solo paso, tres falsedades: una, que esto tiene que ver solamente con Julian Assange, reduciendo por lo tanto lo complejo a lo personal; segunda: que los partidarios de Wikileaks se han vuelto antagónicos hacia lo que es un movimiento amorfo transnacional sin fronteras claras de membresía o ubicación; y tercera: la implicación de que el apoyo ha sido transferido al Pentágono, como si ahora lo tuviera para cometer lo que le dé la gana contra Wikileaks. Sólo en estos grandes momentos históricos, con tanto en juego, cuando todo parece estar en el aire, hay tantos que están tan equivocados en tantas cosas.

Estudiemos la estrategia de la intimidación intencional. El primer paso tuvo que ver con las amenazas de los militares contra los suyos –algo que no es ilógico de por sí, ya que las filtraciones provienen de sus filas-. Sin embargo, los militares amenazaron a los suyos para que no vean lo que ya es público. El Departamento de la Armada, en un mensaje titulado “Wikileaks Website Guidance,” [Guía para el sitio en Internet de Wikileaks] emitió la siguiente declaración tal como se informó el 5 de agosto:

“El personal no debe abrir el portal Wikileaks para ver o bajar la información confidencial publicada. Hacerlo introduciría información potencialmente confidencial en redes no confidenciales. Ha habido rumores de que la información ya no está clasificada porque reside en el dominio público. Eso NO es verdad. Las técnicas de tecnología de la información del gobierno deben utilizarse para capacitar a nuestros combatientes, promover que se comparta la información en defensa de nuestra patria y para maximizar las eficiencias en las operaciones. No deberían utilizarse como un medio para dañar la seguridad nacional mediante la revelación no autorizada de nuestra información en portales o salas de chateo públicamente accesibles en Internet”.

Un mensaje similar fue emitido por la Oficina de Seguridad Especial del Departamento de Inteligencia del Cuerpo de Marines, dirigida a ALCON (a quien corresponda), que amenaza con castigar a los infractores:

“Al acceder voluntariamente al sitio de Internet Wikileaks con el propósito de ver el material confidencial publicado –esas acciones constituyen el procesamiento, revelación, visión y descarga de información clasificada a un sistema informático NO AUTORIZADO, no aprobado para el almacenamiento de información clasificada, lo que significa que se ha cometido VOLUNTARIAMENTE una VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD. No sólo son acciones ilegales, sino que justifican que los funcionarios locales de seguridad remuevan, suspendan “CON JUSTIFICACIÓN” todas las aprobaciones y accesos de seguridad. Los comandantes pueden formular acusaciones según Artículo 15 ó 32, y el personal del USMC [Cuerpo de marines de EE.UU.] podría enfrentar una dificultad financiera mientras personal civil y de contrata será colocado en “Suspensión Administrativa” a la espera del resultado de la investigación [criminal]”.

La amenaza al personal militar es una cosa, pero se ha hecho de una manera que amenaza a una amplia gama de protagonistas, que teóricamente podrían incluir a blogueros independientes, periodistas, bibliotecarios universitarios y eruditos. Sumit Agarwal, el ex ejecutivo de Google, quien –nótese el complejo de militares y nuevos medios en acción– sirve ahora de zar de medios sociales del Departamento de Defensa, informó a Danger Room de Wired de que muchos de nosotros podríamos ser culpables de tráfico de información ilegal (como dije en mi último artículo, ahora somos todos hackers):

“Pienso en ello como algo análogo a MP3 o a una novela protegida por copyright en línea –la publicación generalizada no elimina las leyes que gobiernan su uso-. Si Avatar estuviera repentinamente disponible en línea ¿sería legal descargarla? Como algo práctico, mucha gente la bajaría, pero también como algo práctico, James Cameron probablemente perseguiría a la gente si se establece que forma nodos para facilitar la distribución. Todavía sería ilegal que la gente pusiera a disposición Avatar incluso si se colocara en un sitio de torrent o su equivalente. Con cambios menores a lo que es legal/ilegal referentes a material clasificado contra una película con protección por copyright ¿no es válida la analogía? El que una persona lo ponga a disposición no cambia las leyes respecto al material clasificado. Nuestra posición es simplemente que los miembros del servicio no deberían utilizar ordenadores del gobierno para hacer algo que sigue siendo completamente ilegal (tráfico de material clasificado)”.

El 5 de agosto el Pentágono también emitió una exigencia estrafalaria, tan extraña que es prácticamente imposible que alguien la considere con algo menos que desdén. El portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, ordenó que Wikileaks “devuelva” todos los documentos (que no son documentos en papel, sino copias digitales, de las cuales ya existen innumerables copias en circulación):

“Estos documentos son propiedad del gobierno de EE.UU. y contienen información clasificada y confidencial. El Departamento de Defensa exige que Wikileaks devuelva inmediatamente toda versión [sic] de los documentos obtenidos… La publicación por Wikileaks de la semana pasada de una gran cantidad de nuestros documentos ya ha amenazado la seguridad de nuestros soldados, nuestros aliados y ciudadanos afganos… El único camino aceptable es que Wikileaks devuelva todas las versiones de estos documentos al gobierno de EE.UU. y los borre permanentemente de su sitio en Internet, ordenadores y archivos”.

Al mismo tiempo esto indica una de las principales líneas de argumento que EE.UU. comenzaría a considerar en serio contra Wikileaks, y es de lejos la más débil: que los archivos filtrados amenazan la seguridad de sus soldados y aliados.

Fox News se apresuró a dedicar su tiempo y energías a la busca de vacíos legales de los cuales colgar a Wikileaks. No demostró tanta preocupación por los puntos más delicados del derecho internacional, para no hablar de las leyes interiores de otro país, cuando tuvo que ver con las invasiones estadounidenses de Afganistán e Iraq. No obstante, ahí tenemos a Fox siguiendo el rastro de Wikileaks en Suecia. El 6 de agosto Fox se complació al aparecer con este informe: “Pero la ley [que protege la libertad de expresión y el anonimato de las fuentes] sólo se aplica a sitios en Internet o publicaciones que poseen una licencia editorial especial que les otorga protección constitucional, y Wikileaks no ha adquirido los papeles necesarios”. El título de Fox fue: “Sitio en la red Wikileaks no está protegido por la ley sueca, dicen analistas legales” –no nombran o citan a ningún analista legal en el artículo-. El único motivo por el cual Fox hizo pública esta información es como parte de un esfuerzo que combina los medios antiguos, los medios sociales y el Estado de seguridad nacional, para apretar el dogal alrededor del cuello colectivo de Wikileaks. Mientras muchos “estadounidenses patriotas” claman públicamente para que se dé caza a la gente de Wikileaks y se les mate, es interesante señalar que a Fox le complace revelar el nombre, la ubicación y la fotografía de la persona que suministra espacio al servidor de Wikileaks en Suecia.

El 9 de agosto, el Wall Street Journal afirmó que había obtenido una carta de cinco organizaciones de derechos humanos, crítica por el hecho de que Wikileaks no haya eliminado los nombres de informantes civiles afganos en los archivos que se hicieron públicos. Jeanne Whalen del WSJ, en un lenguaje sorprendentemente similar al del funcionario anónimo del Pentágono citado anteriormente, escribió: “El intercambio muestra cómo Wikileaks y el señor Assange arriesgan ser aislados de algunos de sus aliados más naturales después de la publicación de los documentos”. Esto podría ser un problema para Wikileaks en la medida en que Julian Assange ha admitido efectivamente el argumento en una entrevista, entre otros, con The Guardian: “Si se desvela el nombre de inocentes afganos, lo que fue nuestra preocupación, motivo por el cual retuvimos 15.000 archivos, entonces, claro está, lo tomamos en serio”. El problema es que numerosas identidades semejantes se revelan en los archivos que ya han sido publicados. Assange argumenta que en última instancia son los militares de EE.UU. los que deben ser culpados por haber puesto en peligro a civiles afganos, y por registrar identidades que podrían ser reveladas. No se equivoca al respecto, y EE.UU. exageró su confianza en que su base de datos estaba fuera de todo peligro de filtración, lo que es obviamente erróneo. Tal vez por no querer involucrarse en una ironía fría y amarga, Assange prefirió no utilizar frente al Estado las palabras que éste nos ofrece a menudo: “Se cometieron errores. Lamentamos toda pérdida de vidas civiles inocentes. Por desgracia, el enemigo decidió atraillarse en la población civil”. Wikileaks, a través de Twitter, tuvo razón al señalar que ni una vez desde que las últimas filtraciones se hicieron públicas el Pentágono ha dicho que lamenta todos los civiles afganos que ha matado, o que dejará de hacerlo.

Ahora, el 10 de agosto, se nos dice que EE.UU. insta a todos sus aliados, especialmente los de la OTAN y con tropas en Afganistán, a que tomen medidas contra Wikileaks. Un diplomático estadounidense anónimo declaró:

“No sólo nuestros soldados están en peligro por esta filtración. Son soldados británicos, son soldados alemanes, son soldados australianos –todos los soldados de la OTAN y fuerzas extranjeras que trabajan en conjunto en Afganistán-. [Sus gobiernos deberían] considerar si las acciones de Wikileaks podrían constituir crímenes según sus propias leyes de seguridad nacional”.

Algunos aliados de EE.UU., como Canadá, probablemente saldrán corriendo para ser los primeros en hacerlo. El día después de la publicación de los documentos, el Ministro de Exteriores canadiense Lawrence Cannon insistió, al comienzo, en que no comentaría directamente sobre los documentos filtrados, diciendo que “no tienen nada que ver con Canadá”. Sin embargo, como si hubiera recibido repentinamente una declaración automatizada transmitida a un implante secreto enterrado en su cabeza, dijo: “Nuestro gobierno está preocupado, obviamente, de que filtraciones operacionales puedan poner en peligro las vidas de nuestros hombres y mujeres en Afganistán”. De nuevo, combina tres elementos absurdamente contradictorios: 1) no comentamos sobre los documentos; 2) los documentos no tienen nada que ver con Canadá; y 3) los documentos podrían poner en peligro a nuestros soldados.

Este último punto será probablemente el camino utilizado por EE.UU. ante sus aliados para subrayar la necesidad de colaborar en la persecución de Wikileaks. La puesta en peligro de civiles afganos no puede, evidentemente, ser un punto mediante el cual llevar a juicio un caso contra Wikileaks, porque la ironía sería demasiado inmensa incluso para que EE.UU. intente mantenerla inflada y en alto. La seguridad de los soldados no es mucho menos irónica –después de todo, fue el Estado el que puso en peligro a esos soldados, no Wikileaks– pero tiene mejor efecto sobre los ciudadanos que han sido suficientemente acondicionados para que sienta sed por la sangre de “traidores” imaginarios. Los dirigentes del mayor Estado de seguridad nacional de Occidente suenan cada vez más como blogueros coléricos y desesperados, que prometen la ira de dios y la venganza total, y es posible que sea porque, primero, el Estado es cada vez más impotente para encarar fenómenos transnacionales, descentralizados, no estatales, que pueden contraatacar en terreno cibernético (y vencer) y, segundo, porque es el Estado el que está complaciendo a esa masa de patriotas coléricos que se creen moralmente superiores. Sería sorprendente que EE.UU. o uno de sus aliados llegaran a intentar un proceso contra Wikileaks con la justificación de que las vidas de los soldados se han puesto en peligro. Sería un fiasco masivo. El Estado tendría que demostrar –y no sólo afirmar, como hace actualmente– con exactitud cómo algunos soldados han sido realmente puestos en peligro. ¿Qué balas recibidas de fuego de armas cortas en Afganistán fueron balas regulares de “insurgentes” y cuál es una bala inspirada por Wikileaks? En una zona de guerra, ¿cómo se calibran los niveles de seguridad de manera que se sepa cuándo, con Wikileaks, el medidor de peligro pasó a un rojo oscuro? Y en vista de que los civiles afganos ya conocen, de un modo extremadamente doloroso, el daño infligido por las fuerzas de EE.UU. y de la OTAN, ¿cómo puede causar mayor daño la publicación de estos archivos? ¿Necesitaban los afganos un recuerdo impreso, en otro idioma?

Si el Estado no logra convencer –lo que no es sorprendente– es porque no tiene la menor intención de hacerlo. El Estado recurre a algo más visceral con toda esta pose: miedo. Quiere causar miedo en las mentes y cuerpos de los que trabajan con Wikileaks, o cualquiera que realice un trabajo semejante, y cualquiera que piense en filtrar algunos archivos clasificados. El miedo es un arma mayor de destrucción psicológica, cuyo éxito en el interior del país se ha demostrado. Y en este caso, el peligro se encuentra en el interior. El resultado que espera el Estado es más autocensura y más autocontrol.

La intimidación de Assange, o peor todavía, efectivamente capturarlo y encarcelarlo, sólo convertirá a Assange en un héroe internacional, el Che Guevara de la guerra de la información. Porque todos los que puedan sentirse molestos, o quienes expresen alguna crítica, ellos/nosotros preferirían en todo momento a Assange por sobre el Pentágono. EE.UU. no quiere que esto se demuestre en público en una escena mundial, de modo que nuestras respuestas a la pregunta sobre lo que se propone EE.UU., y por qué parece haberse desquiciado de un modo tan extremo, tienen que encontrarse en otro sitio. Afirmo que es promoción del miedo, como parte de una campaña de contrainsurgencia global en los ámbitos psicológico y emocional, la mejor respuesta a la cual es una combinación de más innovación táctica, y más humor.

Maximilian C. Forte es profesor de antropología en la Universidad Concordia, en Montreal, Canadá. Escribe en Zero Anthropology. Para contactos, escriba a: max.forte@openanthropology.org

Fuente: http://www.counterpunch.org/forte08112010.html

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