Integrantes de la ultraderecha violenta justifican un ataque “defensivo” contra Venezuela

AVN .- En menos de una semana, un connotado agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y un ex ministro del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez declararon ante medios públicos que Colombia debería buscar respaldo internacional para finalmente llevar a cabo un ataque “defensivo”, en territorio venezolano, contra las fuerzas insurgentes que, según la Casa de Nariño, se ocultan en el país.

De acuerdo con una información tomada el diario Ciudad CCS, publicada en su portal web, así lo reseñó un artículo publicado en el diario estadounidense El Nuevo Herald, el pasado 25 de julio, realizado por Carlos Alberto Montaner, terrorista vinculado a las fuerzas represivas del dictador Fulgencio Batista y prófugo de la justicia cubana, desde la década del 60, por complicidad en ataques con explosivos en La Habana.

Según Montaner, a quien se vincula con la muerte del sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría y de sus colegas de la teología de la liberación, “tal vez Colombia tenga que apelar al uso de la fuerza dentro del territorio vecino. Llegado ese punto, es muy conveniente que todas las cancillerías y la opinión pública entiendan las razones de Colombia”.

Asimismo, el 24 de julio,un ex ministro de Agricultura de Uribe, vinculado con la parapolítica colombiana, Andrés Felipe Arias se manifestó al otro lado de la frontera en el diario El Colombiano.

Para Felipe Arias, la respuesta al conflicto colombo-venezolano sólo puede ser una, “¿Qué puede hacer un país cuando su vecino protege a quienes asesinan y secuestran a sus ciudadanos”, pues defenderse. Y en ocasiones la mejor defensa obliga al ataque”.

A estas declaraciones se suman las reacciones que miembros de la oposición venezolana han adoptado públicamente la última semana, ante la ruptura de relaciones diplomáticas con Bogotá, lo cual corrobora una situación a dos caras, que pueda servir de pretexto a una violación de la soberanía nacional, como la ocurrida en Ecuador en 2008, por tropas de asalto del ejército de Colombia, con el pretexto de desarticular un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.

El embajador colombiano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, realizó el martes 21 de julio graves acusaciones inamistosas e infundadas, con mapas y fotos que no revelan nada creíble, sobre la supuesta presencia de guerrilleros en Venezuela, ante el Consejo Permanente del bloque regional, para intentar desprestigiar el Gobierno de Hugo Chávez Frías.

De inmediato, el jefe de Estado venezolano ordenó el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado colombiano, como una respuesta digna, y negó rotundamente que su Gobierno permite que haya campamentos guerrilleros en territorio nacional.

El mandatario venezolano ratificó que el rompimiento de las relaciones con Colombia constituye un acto de defensa de la dignidad y soberanía del pueblo venezolano ante el irrespeto del Gobierno de Colombia que cumple órdenes del gobierno de EEUU.

Desde inicios del presente mes, el nominado embajador estadounidense para Colombia, Michael McKinley, agredió a Venezuela en dos ocasiones en que intervino en una comisión del Congreso de su país con declaraciones injerencistas e infundadas, refiriéndose al mismo tema que ahora abordó el gobierno de Uribe en la OEA, lo cual es un patrón a utilizar para tratar de justificar las acciones armadas sugeridas por el terrorista Montaner.

Las declaraciones de estos integrantes de la ultraderecha internacional se producen en momentos en que se han descubierto operaciones fraudulentas y asesinas realizadas por el gobierno de Uribe, como es el caso de las “chuzadas” (espionaje telefónico a magistrados y políticos) o la fosa común de la Macarena, la más grande del continente, con unos 2000 cadáveres de campesinos y estudiantes asesinados por el ejército uribista y conocido como “falsos positivos” que pueden hacer conducir a Uribe a un juicio en la Corte Penal Internacional por genocidio.