Honduras: el peligro de informar la verdad
Por: Carmen Esquivel (*)

La Habana, (PL) Con cinco reporteros asesinados en el último mes, Honduras encabeza hoy la lista de países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, sector fuertemente golpeado desde la ruptura del orden institucional en junio pasado.

Las víctimas pertenecen a diferentes medios de prensa y a disímiles regiones del país y el único punto en común hasta ahora es que todos los crímenes permanecen impunes.

El 1 de marzo murió en Tegucigalpa el joven Joseph Ochoa, del canal 51, en un ataque dirigido al parecer contra su acompañante, la también periodista Carol Cabrera, quien resultó herida.

Apenas 10 días después, en la ciudad de La Ceiba, individuos armados dieron muerte a David Meza, reportero de Radio El Patio y corresponsal durante muchos años de Radio América y del noticiero de televisión Abriendo Brecha.

La ola de violencia también cobró la vida de José Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez, de Radio Súper 10, en el departamento de Olancho, y de Nahum Palacios, director de noticias de la Televisión del Aguán, en Colón.

Bayardo y Mairena utilizaban sus programas para criticar a los poderes locales en una tierra “donde no se conocen las medias tintas”, afirmaron defensores de los derechos humanos.

Palacios, por su parte, se opuso al golpe de Estado y las primeras versiones indican que su muerte podría estar relacionada con su posición política o con su defensa de los campesinos del Valle del Aguán en el conflicto con poderosos terratenientes.

¿Cuál fue el delito de estos periodistas? El simple hecho de informar con veracidad, denunció Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

Oliva narró que hace unos meses miembros del ejército y grupos paramilitares atacaron la comunidad de La Tascoza, en Trujillo, y detuvieron a 18 miembros del Movimiento Unido de Campesinos del Aguán, a quienes acusaban de terroristas.

Nahum Palacios, quien cubrió el incidente, dijo a través de la televisión en el momento del arresto: “Aquí esta gente no tiene cara de terroristas, son gente humilde, campesinos pobres”.

El reportero había denunciado las agresiones y los intentos de desalojos contra unas tres mil familias del Bajo Aguán y su versión ponía en evidencia la falsedad de informaciones publicadas por el diario La Prensa, propiedad del magnate Jorge Canahuati.

Aunque aún se desconocen los móviles y autores materiales e intelectuales de estos asesinatos, las hipótesis apuntan a que el objetivo era acallar las denuncias relacionadas con violaciones de los derechos humanos, corrupción o narcotráfico.

Si bien es cierto que los profesionales se diferenciaban en su compromiso político, todos ejercían un periodismo local crítico del poder, advirtió Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).

Pavón lamentó el deterioro de la situación tras la ruptura del orden, la presencia de golpistas en puestos claves, el robustecimiento del crimen organizado y el incremento de la violencia en el país, donde el número de homicidios ascendió a 63 por cada 100 mil habitantes.

“Aquí no hay condiciones para creer en la justicia. Incluso el general golpista Romeo Vásquez ahora dirige la empresa de telefonía nacional, desde donde puede tener acceso a todas nuestras conversaciones”, dijo el presidente del CODEH.

El golpe de Estado del 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya generó una ola de represión contra los sectores populares, que dejó más de 100 asesinatos y miles de detenidos y torturados.

La prensa fue uno de los sectores que sufrió con mayor rigor las consecuencias de la ruptura institucional. Medios como Radio Globo, Radio Progreso y el Canal 36 fueron cerrados o militarizados, sus señales quedaron interrumpidas y la energía eléctrica cortada.

En su afán por ocultar la represión, el régimen de facto llegó al extremo de apuntar con sus armas, arrestar, despojar de sus cámaras y expulsar del país a los periodistas de la cadena multinacional TELESUR.

Diez meses después la situación para los profesionales de la prensa no ha cambiado, como lo demuestran los asesinatos de comunicadores y las amenazas de muerte contra varios reporteros, algunos de los cuales debieron abandonar el país.

La ingobernabilidad, la represión desatada después del golpe, el aumento del crimen organizado y, sobre todo, la impunidad, son el caldo de cultivo para la continuidad de los ataques contra la prensa.

(*) La autora es jefa de la Redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.

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