Defensoría rechaza posición de Gobierno de Uribe tras detenciones por presunto espionaje

ABN.- La Defensoría del Pueblo (DP) rechazó este sábado, a través de un comunicado, los pronunciamientos del Gobierno colombiano contra Venezuela, tras la detención de un grupo de ciudadanos de esa nación por la presunta comisión de diversos delitos, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico venezolano.

A continuación el comunicado textual emitido por la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela:

La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela rechaza los infundados e irresponsables pronunciamientos del Gobierno de la República de Colombia y del Defensor del Pueblo de ese hermano país, relacionados con la supuesta vulneración de derechos humanos de veinte ciudadanos y ciudadanas colombianos detenidos recientemente por las autoridades venezolanas.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos constatado el pleno respeto de los derechos y garantías que le asisten a este grupo de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran detenidos en nuestro país, por la presunta comisión de diversos delitos previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico interno.

Las entrevistas rendidas por estos ciudadanos y ciudadanas a los funcionarios de nuestra Institución, en las que admitieron el absoluto respeto a sus derechos, son muestra innegable del apego del Estado venezolano a las normas nacionales e internacionales que resultan aplicables, especialmente la referida a la notificación consular prevista en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Las autoridades colombianas ignoran la realidad cuando sostienen que la detención de estos ciudadanos y ciudadanas se produjo por realizar actividades turísticas o en razón de su nacionalidad.

De acuerdo a la información manejada por esta Institución, 12 de estos ciudadanos fueron detenidos el 19 de marzo de 2010 en la población de Río Chico, estado Miranda, en posesión de un importante número de armas de guerra plenamente operativas, entre las que destacan: una sub ametralladora, un fusil de asalto calibre 5.65mm (con 650 municiones); cuatro escopetas calibre 12 mm y un rifle calibre 22 mm.

Asimismo, 8 de estos ciudadanos colombianos también fueron detenidos en los estados Aragua y Barinas el 25 y 28 de marzo, respectivamente, teniendo en su poder diversos elementos de convicción, como múltiples fotografías de torres y subestaciones eléctricas, puentes, depósitos de combustibles, así como identificaciones militares de ese país, los cuales hacen presumir la comisión del delito de espionaje.

Las Defensorías del Pueblo tenemos bajo nuestra responsabilidad la magistratura de la persuasión y nuestra labor debe perseguir los valores de la paz y la concordia, así como el establecimiento de los principios de colaboración que deben presidir las actuaciones de los Defensores del Pueblo del continente, aspectos desdeñados por nuestro homólogo colombiano.

Reiteramos nuestra disposición como Institución Nacional de Derechos Humanos a brindar toda la información necesaria a cualquier país que lo requiera, con el propósito de contribuir a esclarecer todo tipo actuación que incida sobre las áreas de nuestra competencia.

Venezuela, al haber entregado, tiempo atrás, a varios adolescentes detenidos en nuestro territorio junto con un importante número de presuntos paramilitares, es pionera a escala mundial en la aplicación del Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño sobre Participación de Niños en Conflictos Armados, lo que constituye una evidencia más de nuestro compromiso con los derechos humanos de todos y todas.

Finalmente, expresamos nuestra preocupación por la banalización del discurso de derechos humanos con fines tendenciosos, ánimos de distracción, así como el ejercicio de denuncias temerarias ante instancias internacionales con propósitos insospechados.

En ese sentido, y en el ejercicio de nuestras atribuciones, hemos elaborado un Informe Defensorial exhaustivo que revela el apego del Estado venezolano a la normativa nacional e internacional de derechos humanos en la aplicación de los procedimientos penales arriba referidos, con el fin de remitirlo a las instancias internacionales encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos.