Asamblea Nacional investigará uso indebido de internet
Prensa YVKE Mundial/VTV

Se elevó una solicitud a los demás poderes públicos para que se abra un procedimiento de investigación a los portales web que usen de forma indebida y antiética Internet como medio de comunicación


La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela designó este martes una comisión especial que se encargará de investigar a los administradores de páginas web que incurran en delitos estipulados en el Código Penal Venezolano y en la Constitución Nacional, así como de la aplicación de sanciones y medidas correspondientes por tales hechos ilícitos.

La instancia estará conformada por los diputados de la Comisión Permanente de Política Interior, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales y de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social del Parlamento venezolano.

Igualmente, se elevó una solicitud a los demás poderes públicos para que se abra un procedimiento de investigación a los portales web que usen de forma indebida y antiética Internet como medio de comunicación.

Esto ha quedado reseñado en el acuerdo en apoyo a la solicitud de investigación hecha por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el uso indebido de Internet y toda acción o conducta que vulnere la paz y tranquilidad de los ciudadanos venezolanos.

El documento rechaza y repudia el falso hecho noticioso difundido por un forista asiduo de la página web Noticiero Digital, mediante el cual se informaba sobre la supuesta muerte de un alto funcionario del Gobierno y de un conductor de un programa de televisión del canal del Estado.

Para los diputados se trató de un mensaje subliminal que busca preparar el escenario al posible asesinato de alguna de estas dos personalidades.

El acuerdo dice que, si bien, el artículo 58 de la Carta Magna estipula la libertad de expresión, el artículo 108 establece que los medios de comunicación deben contribuir con la formación del ciudadano y con la paz pública.

Igualmente, se reafirma la función de los poderes del Estado de velar que los medios de comunicación cumplan su papel y no generen situaciones que alteren la paz y tranquilidad de los venezolanos, hecho que debe ser sujeto a una investigación judicial.