Corte Suprema boliviana reanuda juicio contra Sánchez de Lozada por genocidio
TeleSUR

Se acusa al ex mandatario boliviano de ser responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión gubernamental. Junto a él, están imputados varios funcionarios que integraron su gabinete Ejecutivo.

El juicio de responsabilidades que se le realiza al ex presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por las acusaciones en su contra por genocidio, se reanudará este lunes en la Corte Suprema de Justicia de ese país suramericano.

El ex mandatario, al igual que un grupo de integrantes de su gabinete, se encuentran prófugos de la justicia boliviana.

Junto a 11 de sus ex ministros y cinco miembros del alto mando militar, Sánchez de Lozada es imputado ante la Corte Suprema de Justicia de Bolivia por ordenar una represión policial contra una manifestación social en octubre de 2003, con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos.

De acuerdo con el fiscal a cargo del caso, Milton Mendoza, el proceso se encuentra actualmente en una situación compleja porque del total de acusados sólo dos se encuentran en Bolivia, en tanto que los demás se fueron del país y muchos consiguieron asilo político en otras naciones.

Desde octubre del 2003, Sánchez de Lozada, quien ya había gobernado Bolivia de 1993 a 1997, reside en Estados Unidos, al igual que otros de sus ex ministros.

Sin éxito hasta el momento, la Corte y Cancillería bolivianas ha solicitado la extradición de Sánchez de Lozada y otros colaboradores que se encuentran en Estados Unidos y Perú.

El proceso penal se reanudará luego de que la pasada semana, la Fiscalía boliviana denunciara que ex autoridades de las Fuerzas Armadas destruyeron documentos relacionadas con la llamada Masacre de Octubre (2003).

Mendoza, quien tuvo acceso a los archivos clasificados de aquella época, precisó que desapareció gran parte de la información de inteligencia y reportes que suelen estar en el Departamento II del Estado Mayor.

Reveló que por orden del ex jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, se ordenó quemar documentación en las grandes unidades y perdieron cientos de datos relevantes para construir la historia de lo que pasó en la masacre de septiembre y octubre de 2003.

Señaló que lo sucedido con la información militar demuestra que existió una práctica similar constante durante años y una cultura de encubrimiento, porque siempre se borró rastros y evidencias para encubrir y dejar en la impunidad a los autores de las muertes.

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