Morales juramentará a nuevas autoridades judiciales de Bolivia
TeleSUR

Estos nuevas autoridades ocuparán las vacantes provocadas por las renuncias de varios magistrados que fueron acusados y demandados por el Gobierno por presuntos delitos.

Durante una ceremonia que encabezará el presidente boliviano, Evo Morales, las 13 nuevas autoridades del poder judicial de Bolivia jurarán este jueves tras asumir sus cargos.

El jefe de Estado boliviano recibió las facultades por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de designar de manera interina a esos magistrados, recordó la la presidenta interina de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval.

De acuerdo con la medida transitoria, Morales debió decidir sobre los juristas para ocupar cinco plazas vacantes en la Corte Suprema, otros cinco en el Tribunal Constitucional y tres más en el Consejo de la Judicatura.

Las tres instituciones judiciales enfrentan una crisis debido a las vacantes existentes provocadas por las renuncias de varios magistrados que fueron acusados y demandados por el Gobierno por presuntos delitos.

La ley transitoria incluye también la elección de los nuevos letrados en una consulta popular el 5 de diciembre de este año.

Los 13 magistrados que designará Morales ocuparán sus cargos hasta esa fecha para dar paso luego a los jueces de la Corte Suprema, el Constitucional y el Consejo de la Judicatura que sean elegidos en las urnas.

Estudios oficiales señalan que la justicia boliviana está abatida por males como la corrupción, la impunidad, el retardo y uso indiscriminado de recursos, así como la dilación de procesos.

De acuerdo con esas investigaciones, al menos 429 mil trámites se realizan bajo sospechas de pagos irregulares en busca de dictámenes favorables.

Con relación a la impunidad, en 2005 se registraron mil 634 denuncias contra funcionarios del órgano judicial, entre ellas 603 denuncias de casos que involucraban a jueces.

Otra irregularidad a la que se enfrenta la justicia boliviana es la liberación de personas acusadas de haber cometido millonarios desfalcos de dineros estatales mediante acciones de obstrucción y dilación que les dieron tiempo y espacio para huir del país.

Entre esos casos se encuentra el del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y varios de sus colaboradores, ahora prófugos en Estados Unidos, Perú y Chile, acusados aquí de genocidio.

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