Parlamento ecuatoriano debate proyecto de Ley de Recursos Hídricos
Fuente: TeleSUR

El contenido del proyecto de Ley prohíbe toda forma de privatización del agua y dispone su gestión exclusivamente pública o comunitaria.

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador inicia este miércoles el primer debate del proyecto de la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, un marco jurídico fundamental que dispone la nueva Constitución de esa nación suramericana.

El cuerpo del instrumnto legal de 238 artículos, una disposición única, 18 transitorias y derogatorias, prohíbe toda forma de privatización del agua y dispone su gestión exclusivamente pública o comunitaria.

Unos 500 delegados indígenas y de juntas comunitarias se concentraron desde las primeras horas de este martes en la sede de la legislatura para seguir el debate del proyecto.

Ecuador tiene abundancia de agua, pero su distribución es inequitativa por razones históricas y geográficas, lo cual ha perjudicado siempre a la población indígena de ese país.

El asambleísta del gobernante Alianza País, Jaime Abril, dijo que «el agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera alguna».

Abril preside la Comisión de Soberanía Alimentaria, cuyo informe sirvió de inicio al debate, y sostiene que la problemática respecto al agua, junto a la concentración de la tierra, son los resultados de las fracasadas reformas agrarias anteriores.

El legislador señaló que tales reformas han sido las causas principales para el incremento de la pobreza en el sector rural, la marginalidad de los campesinos en las grandes ciudades y el abandono de los campos, por el éxodo masivo de fuerza de trabajo hacia otros países.

La propuesta que debate la legislatura define el agua como un sector estratégico de decisión y control exclusivo del Estado y estipula la necesidad de una autoridad única del agua y un consejo intercultural y pluricultural que sea parte de aquella.

No reconoce forma alguna de apropiación, posesión individual o colectiva del agua y en consecuencia, dispone su gestión por empresas públicas, entidades de derecho público o comunitario.

Propone participación social, tanto para formular planes y otros instrumentos de gestión, como para ser parte de las estrategias y acciones de manejo.

El proyecto determina la obligatoriedad de consultar a las comunidades en temas de interés de la autoridad de demarcación hídrica y desarrolla mecanismos de participación en la gestión.

Prohíbe que personas jurídicas nacionales o extranjeras adquieran tierras donde haya fuentes naturales de agua, cuyo manejo menoscabe la soberanía del Estado, la integridad de dominio hidráulico público, el derecho humano al agua o la soberanía alimentaria.

teleSUR-Pl-Ecuadorinmediato/MFD