Miércoles, 04 de Marzo de 2009

Los cuatro prefectos opositores al Gobierno del presidente Evo Morales, de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija, tienen planeado llevar una acusación de corrupción en contra del mandatario boliviano, hasta instancias judiciales, pero la citada acusación carece de argumentos legales, según el diputado del MAS, René Martínez. El propósito de esta acción es, además de bloquear la candidatura del Jefe de Estado para las elecciones generales de diciembre, paralizar el proceso autonómico que se lleva a cabo en la nación y generar un clima de desestabilización en el país.

Por: Telesur


El Ejecutivo de Bolivia denunció este miércoles una campaña desestabilizadora en contra del Gobierno, que busca evitar la candidatura del presidente Evo Morales, a las elecciones generales a efectuarse el próximo diciembre.

El ministro boliviano de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunció el plan para «vetar» la candidatura del presidente Morales, por medio de procesos judiciales.

También dijo que la estrategia busca paralizar el diálogo convocado por el Gobierno para implementar las autonomías en la nación, después de la aprobación de la nueva constitución Boliviana, el pasado 25 de enero en consulta popular.

«Ahora seguramente van a pretender descalificar o vetar la candidatura del Presidente, atentar contra el proceso de cambio a través de procesos (judiciales) que no tienen ni pies ni cabeza», consideró el titular Arce.

De igual manera agregó que las acusaciones contra Morales forman parte de la reedición «de un golpe cívico prefectural que ha fracasado su golpe de Estado de setiembre del año pasado».

«La proposición acusatoria presentada ante la Fiscalía General tiene una sola finalidad y es echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossio en el denominado golpe cívico prefectural que se gestó en agosto del año pasado y se ejecutó en septiembre del mismo año con las lamentables consecuencias que determinaron la masacre de ciudadanos en la localidad del Porvenir, en Pando», alegó por su parte, el ministro de la Defensa, Wálker San Miguel.

A esta declaraciones se suman las del vicepresidente Álvaro García Linera quien calificó los procesos anunciados contra el dignatario Morales de «chacota jurídica».

El prefecto opositor de Tarija, Mario Cossío, amenazó el pasado lunes con una propuesta de juicio contra Morales.

Los prefectos opositores pertenecientes a la autodenominada media luna (referido al territorio cuyas autoridades han protagonizado acciones separatistas) son Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija), y Savina Cuellar (Chuquisaca).

La citada acusación está fundamentada en la promulgación que realizó el mandatario en 2008, del decreto supremo 29.506 para la contratación de obras, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El plan de los prefectos es alegar que esa promulgación se realizó sin previa subasta pública. No obstante, YPFB, estuvo antes de su nacionalización, implicada en un escándalo de corrupción pública.

De acuerdo con la propuesta opositora, la demanda se sustenta en que el decreto mencionado que promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría, se asumió sin seguir los procedimientos establecidos en una ley de control fiscal.

El diputado del movimiento al Socialismo (MAS) René Martínez, advirtió este miércoles en La Paz que la intención de los prefectos de oposición, de entablar un juicio en contra del presidente Evo Morales podría tener un efecto boomerang para estas autoridades al carecer de argumentos legales.