Miércoles, 04 de Marzo de 2009

El abogado español especialista en Derechos Internacional Humanitario, Enrique Santiago, declaró este martes a YVKE Mundial que «no existe ninguna doctrina que permita a un Estado realizar una incursión fuera de sus fronteras, si no es estrictamente con una resolución al efecto de las Naciones Unidas. Cualquier país que realice una incursión armada fuera de sus fronteras, salvo en el caso de defensa contra una agresión de una potencia extranjera, está cometiendo una ilegalidad».

Por: Prensa Web YVKE (Patricia Rivas)


YVKE Mundial entrevistó telefónicamente a Enrique Santiago, abogado especialista en Derechos Humanos, y buen conocedor de la realidad latinoamericana, sobre las polémicas declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, quien cumpliéndose un año de la masacre perpetrada por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano contra un campamento de las FARC, declaró este domingo que «atacar fuera de sus fronteras a fuerzas irregulares es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad y el derecho internacional».

«No existe ninguna doctrina que permita a un Estado realizar una incursión fuera de sus fronteras, si no es estrictamente con una resolución al efecto de las Naciones Unidas. Cualquier país que realice una incursión armada fuera de sus fronteras, salvo en el caso de defensa contra una agresión de una potencia extranjera, salvo en ese caso, está cometiendo una ilegalidad. Me imagino que el Sr. Santos se refiere a la doctrina de la era Bush, que es una doctrina más que finalizada, enterrada, despreciada y condenada incluso por la actual administración norteamericana, que se ha puesto a revisar todos estos presupuestos».

«Al ministro Santos hay que decirle que está mintiendo, no existe ninguna doctrina. Es una actuación unilateral del Gobierno colombiano y atenta claramente contra la soberanía y los derechos de los terceros estados en los que se produjeran estas agresiones del Gobierno colombiano».

«Si el Estado colombiano o cualquier otro Estado tiene interés en perseguir a una fuerza insurgente que pudiera buscar refugio en un tercer Estado, lo que tiene que hacer es activar los mecanismos de colaboración jurídica internacional con esos Estados, que a fin de cuentas esos mecanismos de colaboración jurídica internacional son los métodos de relación entre las naciones civilizadas, y política de Estado que no recurra a esos métodos, difícilmente puede ser calificado de nación civilizada».

Venezuela y el «informe» del Departamento de Estado

Dada la dilatada trayectoria de Enrique Santiago en la defensa de los derechos humanos (ha sido abogado de la acusación popular en casos como el de Augusto Pinochet o Miguel Ángel Cavallo, y destacado defensor del derecho de asilo desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado), YVKE Mundial le preguntó sobre el informe que el Departamento de Estado publicó recientemente sobre la «situación de los derechos humanos» en el mundo. Ésta fue su respuesta:

«Desde luego, no se puede presuponer imparcialidad a uno de los estados más belicistas del mundo, en este caso a los Estados Unidos, a la hora de elaborar informes de parte para decidir quién viola los derechos humanos y quién no los viola. La prueba más evidente es que en las últimas décadas no ha habido mayor prostitución de las libertades públicas internacionales y de los derechos humanos que la visión estadounidense de las retenciones extraordinarias, es decir, los secuestros de ciudadanos de cualquier país en cualquier lugar del mundo por parte de funcionarios de los Estados Unidos; la puesta en marcha de Guantánamo, que no es un limbo jurídico, es una absoluta ilegalidad en el terreno jurídico internacional; la vulneración de todos los derechos al debido proceso y a la defensa de cualquier sospechoso; incluso, la creación de una categoría general de Derecho, como es esto de los «combatientes enemigos» a los que supuestamente no se les puede aplicar las normas de las Convenciones de Ginebra».

«Que el mayor violador en estos momentos de la legalidad internacional pretenda, mediante un informe, establecer quiénes cumplen y quiénes no cumplen la normativa de los Derechos Humanos, no tiene ningún sentido y tiene todavía menos credibilidad».

«Venezuela ha sido felicitada por organismos de Naciones Unidas como el PNUD por haber ascendido en los últimos 10 años 8 puestos en el Índice de Desarrollo Humano, y desde luego, en el caso de Venezuela, creo que es la tercera vez, porque actualmente hay una denuncia en la Corte Penal Internacional contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que es la tercera vez que se interpone esta denuncia, y nunca ha llegado a ningún lado. Es evidente que lo que se está intentando es tergiversar la realidad de muchos países y, sobre todo, deberíamos comprender que son sólo organismos especializados en materia de derechos humanos, como los organismos internacionales, quienes estarían calificados para otorgar calificaciones en materia de derechos humanos, y nunca un Estado que en la última década se ha configurado como uno de los mayores violadores de los derechos humanos, incluido el derecho a la paz, por la realización de múltiples agresiones a Estados soberanos».