Jueves, 19 de febrero de 2009
Súmate quedó al descubierto como organización política de oposición
La Hojilla / Avila TV (Jorge Amorín) / Texto: Yvke Mundial (Luigino Bracci Roa)

La asociación civil siempre se ha descrito como «apolítica» a pesar de que sólo ataca al gobierno bolivariano, pero Ricardo Estévez no pudo demostrar a Jorge Amorín que ellos no tienen parcialidad política. Reconoció aceptar fondos de la NED, y que no tienen pruebas ni testigos de las supuestas irregularidades del referendo.


Jorge Amorín, periodista militante del Sistema Nacional de Medios Públicos, dejó demostrado una vez más que Sümate es una organización política opositora, algo que ellos niegan públicamente una y otra vez a pesar de que sus críticas sólo van orientadas a atacar al gobierno bolivariano y sus partidarios.

Ricardo Estévez, vocero de la organización, ofreció este miércoles una rueda de prensa para mostrar supuestas irregularidades en torno al proceso electoral. Según afirmó, las «irregularidades» afectaron potencialmente a 7.635.138 electores, de los más de 11 millones que participaron en estas elecciones, algo que llamó la atención del periodista pues significa que 2 de cada 3 electores tuvieron problemas votando.

A ello, Estévez explicó el origen de sus cifras: cada vez que una persona hacía una denuncia de problemas en un centro, ellos automáticamente marcaban a todos los votantes del centro como personas que tuvieron problemas o irregularidades votando: «Nosotros recibimos las 2.409 denuncias de un elector que percibió esa irregularidad, y esa irregularidad tiene un impacto potencial sobre todos los electores de ese centro de votación».

Indicó Estévez que, por ejemplo, si un elector denunció algún problema en la tinta indeleble de ese centro de votación, entonces todos los votantes de ese centro de votación se contaron como «potencialmente afectados».

No hay pruebas ni nombres

Ante las preguntas del periodista, Estévez tuvo que admitir que no hay pruebas fehacientes de que las denuncias sean ciertas. Súmate entregará las denuncias al CNE en un informe, pero no identificarán a los denunciantes porque temen que las personas «sean víctimas de persecusión política».

Se niegan a denunciar a funcionarios de oposición

Estévez sostiene que, según el artículo 145 de la Constitución, «los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna», lo que -en su opinión- establece que un funcionario público no podía estar a favor del Sí ni del No, por lo que el Presidente Chávez no podía estar a favor del Sí a la enmienda.

«Una cosa es la parcialidad y otra es que ellos no tengan un pensamiento político definido», dijo Amorín, quien estudia Derecho. Continuó: «Ellos lo pueden tener, y pueden hacer campaña respecto a lo que ellos consideran correcto e incorrecto. ¡Alcaldes y gobernadores de la oposición hicieron campaña por la enmienda!»

Respondió Estévez: «Eso está penado por la Ley anticorrupción. Todos los funcionarios que utilicen recursos públicos para una campaña deben ser juzgados».

«¿Manuel Rosales debería ser juzgado por esto?», preguntó Amorín, a lo que Estévez prefirió no responder sino desviar el tema: Le dijo que, cuando el Presidente Chávez hace cadenas presidenciales y hacía referencia a la enmienda, estaba faltando a la ley. A esto, Amorín acotó que se hacía propaganda política a través de otros medios, pero no a través de cadenas durante el período de campaña electoral.

Parcialidad con la oposición

Amorín reiteró su pregunta de que Manuel Rosales presionaba a los trabajadores del instituto de aseo urbano de Maracaibo para que no apoyaran al gobierno venezolano. «Ustedes no hacen llamados a funcionarios de la oposición que están en puestos dentro de puestos de gobierno. Siempre hacen llamados a funcionarios de la revolución. ¿Eso no genera una parcialidad política a favor de la oposición».

Estévez respondió que «denunciamos a cualquier funcionario público, a todos los que lo hagan», pero se negó a mencionar nombres o especificar a otro funcionario que no sea el Presidente de la República. Amorín le preguntó si tiene pruebas de que el Presidente haya hecho alguna irregularidad, pero Estévez no respondió.

Amorín preguntó: «Y además del Presidente de la República, ¿el alcalde Manuel Rosales, el gobernador Pablo Pérez, el gobernador César Pérez Vivas, el gobernador Henrique Capriles Radonski, el gobernador Enrique Salas Feo, no utilizaron bienes de sus gobernaciones? ¿no obligaron a a sus trabajadores a votar por el no y a quitarse la franela roja? Esos son hechos públicos y notorios (…) Eso salió en Globovisión y ustedes son asiduos videntes de Globovisión».

Respondió Estévez: «Nosotros no los hemos detectado, no lo hemos monitoreado, tenemos capacidades limitadas (…) no tenemos voluntarios dispuestos a …» Preguntó Amorín: «Ah, ¿es que ustedes sólo ven el canal ocho?». Y Estévez culminó diciendo que «vemos los distintos canales y tenemos recursos y muestras confiables para detectar ciertas situaciones. En nuestras muestras es evidente la violación por parte del oficialismo».

Digno de un «Aunque usted no lo crea»: La gente de Súmate no ve Globovisión, y en el monitoreo de los demás canales de televisión sólo encuentran fallas al Presidente de la República.

Explicación enredada sobre plazos para convocatorias

Estévez aseguró que introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra el referendo por supuesta «inconstitucionalidad e ilegalidad» del CNE, ya que el referendo que debía convocarse entre 60 y 90 días después de propuesto por la AN, según la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Pero Amorín le recordó que la Constitución, que está encima de cualquier ley, exige que el referendo se convoque 30 días después de que la Asamblea Nacional proponga la enmienda.

Estévez respondió con un trabalenguas: que la ley exige al CNE «someter el referendo» en el plazo de 30 días, para que «se lleve a cabo» entre 60 a 90 días. Si usted entiende esto, por favor explíquenoslo en los comentarios abajo. Gracias.

Recibimos fondos de la NED

Extévez reconoció nuevamente que Súmate recibe fondos de la National Endowment for Democracy, si bien aseguran que es muy poco, menos del 1 por ciento: «Un mínimo financiamiento está asociado a proyectos educativos para enseñarles cómo es nuestra Constitución, y proviene de fuentes internacionales (…) y organismos que financian a organizaciones no gubernamentales». Negó recibir financiamiento de USAID, pero dijo que «todavía tenemos un proyecto con financiamiento de la NED, National Endowment for Democracy».

No explican de dónde vienen sus fondos

Dijo Estévez que más del 99 por ciento del financiamiento proviene de donaciones de fuentes nacionales, y aseguró que los estados financieros de Súmate están en su página web, a lo que Amorín le respondió de forma respetuosa que esas cantidades son, «si me permite decirlo, ridículas, comparadas con el despliegue que se vio que tiene Súmate a nivel nacional». Estévez insiste en que esa gran cantidad de despliegue se debe al voluntariado y a que reciben «muchas donaciones».

En efecto, el estado financiero más reciente de Súmate (año 2007) asegura que recibieron 383 mil bolívares fuertes de donativos y que sus gastos totales fueron de 519 mil bolívares fuertes. El estado financiero no identifica a ninguno de quienes hicieron los donativos; sólo dice que «recibe aportes de gran cantidad de personas por medio de aportes directos en las cuentas bancarias, planes de cargo en tarjetas de crédito y recolección en eventos».

«Respecto al resto de las investigaciones a las que aludes, son fuentes que desconocemos y no sabemos de donde sacas esa información». Negó que hubiera una solicitud de reunión entre Machado y Barack Obama, a lo que Amorín respondió que las pruebas sí existen de que la vocera de Súmate solicitó una reunión, pero que el Presidente estadounidense la negó debido a que habrá un cambio de política y no se seguirá financiando a la organización desde Estados Unidos.