Miércoles, 3 de dicembre de 2008
Nueva piedra en el zapato del gobierno de Uribe
ABN

ABN.– La declaración presentada por el capitán colombiano Ronald Hayden Coy Ortiz, sobre la inexistencia de correos electrónicos en las supuestas computadoras pertenecientes al dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Raúl Reyes, suman una nueva piedra en el zapato de la errática política que desde hace meses impulsa el gobierno del presidente Álvaro Uribe.


El militar, que se encuentra a cargo del informe sobre las máquinas retenidas durante el ataque a un campamento insurgente en territorio ecuatoriano, declaró ante la Fiscalía de Colombia que sólo se encontraron documentos de texto y otros programas.

De esta forma contradice la versión del Ejecutivo sobre la existencia de correos electrónicos que vinculan a las Farc con diferentes personalidades y gobiernos de América Latina, como Venezuela y Ecuador.

A este nuevo hecho, se le deben sumar los graves problemas que mantiene el gobierno en diferentes frentes como las masivas movilizaciones indígenas en reclamo de sus derechos, las estafas de las denominadas pirámides financieras, el siempre vigente tema de la narcopolítica, una severa baja en la popularidad del mandatario y asesinatos de dirigentes sindicales que traban un acuerdo comercial de corte neoliberal con Estados Unidos.

Computadoras y mentiras

El 1 de marzo de este año un escuadrón del Ejéricto colombiano ingresó de forma ilegal a Ecuador y atacó a un campamento de las Farc, asesinando a 25 personas, entre las que se encontraba el “canciller” de la organización, Raúl Reyes.

Por esta razón, el gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa rompió relaciones con el país vecino, debido a la invasión a su territorio.

A la postura de Ecuador, se le sumó la denuncia realizada por el ministro de Defensa de esa nación, Javier Ponce, que en octubre pasado reveló que la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) tenía “pleno conocimiento” del ataque.

Según lo declarado por el funcionario, la central estadounidense “estaba en pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Angostura (zona del ataque)” y “se detectó una llamada de la CIA la madrugada del 1 de marzo anunciando el ataque en Angostura”.

Entre las voces que se alzaron contra la directiva colombiana de violar las fronteras, resaltó la del líder revolucionario cubano Fidel Castro, que calificó el hecho “un monstruoso crimen» donde aseguró que “bombas yanquis, guiadas por satélites yanquis” fueron las causantes de las muertes en el campamento.

“Bombas mortíferas fueron lanzadas en la madrugada contra un grupo de hombres y mujeres que, casi sin excepción, dormían. Eso se deduce de todos los partes oficiales emitidos desde el primer instante. Las acusaciones concretas contra ese grupo de seres humanos no justifican la acción”, señaló Castro.

Después del ataque contra las Farc, el gobierno colombiano presentó un informe efectuado por Interpol sobre las supuestas computadoras donde, con bombos y platillos, se anunciaron las conexiones de los insurgentes.

Aunque los grandes medios de comunicación difundieron que los correos existían, en la investigación se niega su existencia, derrumbándose así la teoría oficial.

Si bien la declaración de Coy Ortiz fue bajo juramento y frente a la justicia colombiana, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, negó los dichos del militar y argumentó que se trata de “una estrategia de mucha gente que sale implicada por los correos y así defenderse”.

Estas palabras son, sin duda, una contradicción para nada menor ya que el investigador de las maquinas, que es avalado por el propio gobierno, a su vez es desacreditado por uno de los funcionarios con más poder de la administración Uribe.

Derrotero del gobierno colombiano

La quiebra de las empresas que fomentaban las pirámides financieras desataron un escándalo donde corrupción y desfalco al dinero de ciudadanos y ciudadanas son las características principales.

Por esta razón, la imagen del presidente viene en franca caída desde la pasada Operación Jaque, cuando fueron liberados varios retenidos por las Farc, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

La firma especializada Invamer Gallup reveló que la popularidad de Uribe encuentra poca recepción luego de admitir sus intenciones para una segunda reelección inmediata, propuesta que tiene menos del 50% de apoyo.

Las captadoras ilegales de dinero, acusadas de lavado de activos, estremecieron a Colombia y todavía se sienten los coletazos; entre estos, que el dueño de la firma DMG, David Murcia, vinculó a funcionarios del gobierno, a los hijos del presidente y a policías con las estafas de su empresa.

Para el presidente de Invamer Gallup, Jorge Londoño, la encuesta ratificó que la popularidad del Ejecutivo colombiano “todos los días estará más baja porque no tiene cómo volver a subir. Sobre todo, con un próximo año muy duro en términos económicos”.

A este caso que mantiene en vilo a la administración Uribe, se suma la movilización indígena que a finales de noviembre llegó a Bogotá para exigir el respeto a los derechos humanos de sus comunidades, así como el restablecimiento de la propiedad de sus tierras.

Desde los sectores originarios se decidió mantener comisiones con funcionarios del gobierno, para definir los temas principales y para esclarecer el asesinato de diez indígenas durante la marcha que duró 42 días desde el municipio Piendamó al suroeste del país.

Durante estas movilizaciones se conocieron videos donde fuerzas de seguridad del Estado reprimieron con armas de fuego a los manifestantes.

Necesidad de imperio

Aunque la crisis financiera que atraviesa el planeta demostró las graves falencias que presenta el capitalismo y su mayor promotor, el gobierno de Estados Unidos, la administración Uribe se mantuvo empecinada en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Ejecutivo de George W. Bush.

El propio mandatario estadounidense salió en septiembre pasado a defender este acuerdo de corte neoliberal, argumentando que si no se concreta podría “envalentonar a las voces del populismo en el vecindario”.

Durante un viaje de Uribe a la Casa Blanca, Bush admitió que Colombia es uno de “sus más estrechos colaboradores” en América Latina y elogió el “firme liderazgo” del presidente colombiano.

La traba de la firma del TLC se encuentra en el Parlamento norteamericano, ya que la bancada demócrata se niega a aprobarlo debido al incremento de sindicalistas colombianos asesinados.

En lo que va del 2008, 40 dirigentes gremiales perdieron la vida a manos de paramilitares y agentes del Estado, superando la cifra total de 2007.

La Central Única de Trabajadores de Colombia (CUT) denunció en varias oportunidades estos atropellos y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), rechazó los “asesinatos de sindicalistas que se perpetúan con toda impunidad”, en la nación suramericana.

La organización multilateral remarcó que en el país se vive un “clima antisindical” y criticó la mala voluntad de los representantes empresariales colombianos a la hora de responder a sus peticiones.

Con una estrecha relación con el ala más dura del poder de Estados Unidos y un conflicto interno que no tiene vistas de solucionarse, el gobierno de Álvaro Uribe se mantiene aislado de los cambios que se producen de diferentes formas y niveles en América Latina.

El apego total a la administración Bush se reconfirmó con la visita a Colombia del ex candidato presidencial, el republicano John McCain, antes de las elecciones presidenciales donde fuera derrotado por Barack Obama.

Otra revés para Uribe fue la revelación de la Oficina General de Contabilidad del Congreso (GAO por sus siglas en inglés) de Estados Unidos del fracaso del Plan Colombia, implementado por el gobierno estadounidense desde 1999 en tierras colombianas.

El objetivo de este programa de reducir el cultivo, procesamiento y distribución de drogas ilegales en un 50% durante seis años no se logró completamente, señaló la GAO.

Diseñada por la Casa Blanca, esta iniciativa fue aplicada por el gobierno de Andrés Pastrana desde 1998, y luego recogida y fortalecida por la política de Seguridad Democrática de Uribe.

El plan, con un presupuesto de inicial de 7 mil 500 millones de dólares, aumentó cerca de 5 mil millones en 2008 aunque los resultados nunca vieron la luz.

Con la fachada de la lucha contra el narcotráfico, las denuncias se incrementaron al revelar el objetivo injerencista del Plan Colombia en un país que muchos señalaron como laboratorio de ensayo para las políticas expansionistas y de guerra continua de Estados Unidos.

“De creer a Uribe, la violencia en Colombia se reduce a la de las Farc; como si no existieran secuestros de Estado, y como si los únicos presos –ya no se habla de canje de presos, sólo de liberación unilateral por las Farc– fueran los secuestrados por las Farc”, escribió el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Emir Sader.

Mientras las naciones latinoamericanas buscan de manera infructuosa crear nuevas formas de relacionarse y dejar de lado un mundo que, hace tiempo atrás, sólo tenía posibilidades de subsistir negociando con Estados Unidos, en Colombia el actual gobierno se mantiene inmóvil frente a los pedidos urgentes de cambios reclamados por sus propios ciudadanos y movimientos sociales.