Miércoles, 3 de dicembre de 2008
Queda en manos de FGR y Fiscalía Militar sanciones para conspiradores

El informe aprobado en la Asamblea Nacional recomienda a los órganos jurisdiccionales, abrir las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar, entre otros, a los ciudadanos Otero, Granier, Arria, Baduel, José González, Mezherhane, Ravell, Poleo y Rosales
(AN)


La plenaria de la Asamblea Nacional, luego de un extenso debate sobre lo legal o no de las pruebas contenidas en el informe de la Comisión Especial que investigó la conspiración, golpe de Estado y magnicidio, aprobó el documento presentado por el diputado Mario Isea, en el cual se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Militar continuar las investigaciones sobre estos delitos con el objetivo de sancionar penalmente a los involucrados, sean civiles o militares.

A la Fiscalía Militar le corresponderá – de acuerdo a las conclusiones – continuar la investigación penal en contra los militares activos y en situación de retiro, quienes presuntamente se encuentran involucrados en un proceso de instigación

Mientras al Ministerio de Comunicación e Información se le pide iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes contra los medios de comunicación privados que están violando la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, a los efectos de que se establezcan las sanciones administrativas a que se contrae el capítulo VII del señalado instructivo normativo.

El informe también será remitido a la Cancillería, al MINCI, CONATEL y a la Defensoría del Pueblo, a solicitud del diputado Isea, pues son organismos que también deben actuar en este caso.

Debate esclarecedor:

El primero en intervenir fue el presidente de la Comisión Especial para investigar la conspiración y organización del golpe de Estado y Magnicidio, diputado Mario Isea, quien aseguró que la investigación militar debe continuar, así como las investigaciones de los actores intelectuales, de las acciones de los dueños de medios, porque a su juicio estamos en presencia de una conspiración permanente de criminalización de Presidente Chávez.

Manifestó que una vez realizada la primera denuncia, la cual fue hecha pública a través del programa conducido por Mario Silva, se habría desatado una campaña de desprestigio de los entes encargados de la investigación por parte del Estado y de la Asamblea Nacional.

A su juicio el plan de asesinar al presidente Chávez, utilizando un F-16 fue develado. «Se trata de una campaña permanente para asesinar el presidente Chávez y silenciar los logros de la Revolución Bolivariana, en una operación organizada por el imperio y sus cómplices nacionales e internacionales, pero parte del plan ha sido develado y desmontando».

Destacó que los F-16 fueron adquiridos por la República para proteger y defender la soberanía nacional. «Un F-16 tiene un gran poder de fuego, misiles, bombas hasta de mil libras con un radio de acción y bomba expansiva de hasta mil cien metros, cañón que puede disparar hasta cinco mil proyectiles de veinte milímetros por minuto»-

Tan solo en la mente de psicópata, disociados, inhumanos, puede existir la posibilidad o darse la macabra idea de asesinar al presidente Chávez disparándole al avión presidencial, ese era su plan, ha sido develado».

Indicó que la versión «B» de ese plan, era supuestamente bombardear a Miraflores o dispararle al Jefe del Estado en un acto público en cualquier ciudad de Venezuela, entre ellas, en la ciudad de Maracaibo. «Este plan ha sido develado pero no podemos bajar la guardia porque el imperio no descansa, algunos se alegarían si esto tuviera éxito».

No lo votaremos:

El diputado Ismael García (Podemos) estima que las pruebas contenidas en el informe, en cuanto a la denuncia efectuadas por el señor Mario Silva sobre grabaciones de CICPC, podrían caer en la violación del artículo 317 del Código Penal, en cuanto al forjamiento de documentos y en el 78 de la Ley Contra la Corrupción.

Quiso dejar claro que no está saliendo en la defensa de ninguna persona, pero sí denunciando la manipulación de supuestas pruebas, tergiversación de los hechos, para inculpar a algunos personajes que no tienen nada que ver con esta situación. «Quien esté montado en un golpe de Estado tiene que ser condenado pero no sobre la base de pruebas manipuladas, sin peso legal. Además tenemos información que en la investigación militar no existe ningún indicio sobre el hecho.

-Pareciera un acto de retaliación y de persecución política para quienes piensan diferente al gobierno. Además si este informe se aprueba debe ser remitido al TSJ. Podemos no puede votar este informe, porque rechazamos la manera como se ha construido un expediente para perseguir a quienes disienten de la mayoría que conforma este parlamento, finalizó.

El diputado Luis Tascón considera que quien quiera esté señalado en este informe debe ser traído a la Asamblea Nacional tal y como se hizo en la intentona golpista de 2002, pues estima que este informe no tiene nada sustancioso y no pasaría ninguna prueba. «No contiene cuando se hizo la grabación, dónde se hizo. Si se aprueba se convierte en un arma de doble filo en contra del parlamento».

Asegura que se violentan los principios del derecho a la defensa, incurre en generalidades que no soportan ninguna auditoria legal, «no negamos que existan quienes pretendan cometer este tipo de delitos, pero este informe no soporta una discusión en ninguna instancia jurídica».

-Aprobarlo es desconocer el mandato del pueblo, un trabajo serio, certero, no podemos comprometer a todo el parlamento en esto, propongo que se devuelva a la Comisión y se le de un mes más para que consignen un documento más elaborado, con sustancia y coherencia, porque de lo contrario sería un golpe a la institucionalidad, sentenció Tascón.

La diputada Pastora Medina coincidió con el diputado Tascón en cuanto a devolver el informe a la comisión especial, pues asegura no aguanta un examen ni del ministerio Público, ni del TSJ.

El diputado Juan José Molina estima que está plasmada una novela de ficción en el informe, «decir que con unos aviones F16 se pretende tumbar al presidente, es como reconocer que dentro de nuestra FAN existen generales que no están con el gobierno, quien no puede controlar esta situación».

Los elementos probatorios carecen de toda veracidad, corresponde a una conversación grabada y acomodada para involucrar a unas personas, «son meras especulaciones».

Aclaró que no necesita participar en ningún tipo de operación encubierta para trabajar por el país, por sus ideales, «en defensa de la pluralidad, diversidad, porque estamos claros que el camino tiene que ser el camino a la democracia, a la libertad y a la pluralidad. Rechazo este informe no solo por lo mal hecho, sino porque está levantado sobre falsas y manipuladas pruebas».

Indicios suficientes:

El diputado Tulio Jiménez defendió el documento argumentando que si hay indicios suficientes para las conclusiones a las cuales llega. A su juicio no se pueden banalizar las declaraciones tomadas por los parlamentarios a lo largo de la investigación, «si está demostrado que había una conspiración en marcha por parte de militares e incluso hay presos por ello».

Estima que si hay elementos de juicio suficientes para que se inicie esta investigación política contra ciudadanos que se mantienen en una conspiración permanente.

El diputado Manuel Villalba además de respaldar el informe presentado por su colega Mario Isea, añadió que existe una conspiración permanente por parte de los medios de comunicación social, que atienden las órdenes de personajes externos como al gobierno de EEUU.

Cínicos:

Por su parte la diputada Desirée Santos Amaral expresó su asombro por el cinismo de algunos de los parlamentarios, tanto como el de George Bush que ahora dice que en Irak no había armas de destrucción masiva luego que destruyó a ese pueblo, «¿qué querían, el cadáver del Presidente para decir que si había planes de magnicidio?, ¡qué cinismo!».

-Pretenden desvirtuar el trabajo de la comisión, yo les pido que sigamos denunciando, trabajando, porque aquí los medios de comunicación ligados al golpismo, lo que está plenamente demostrado, pretenden desvirtuar nuestro trabajo parlamentario.

No nos debe extrañar nada de lo que ocurra aquí, esta batalla la vamos a dar hasta que los organismos jurisdiccionales tomen en cuenta este informe y no haya impunidad, como ha sucedido en nuestro país, aseveró.

Añadió que el pueblo no quiere seguir oyendo de infamias, que hay conspiraciones y no existan presos sobre estos asuntos.

Para finalizar el diputado Carlos Escarrá, hizo referencia al articulo 222 de la Constitución, que refiere textualmente » La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad».

Aseguró que a pesar de los alegatos de quienes calificaron el informe de banal, los conspiradores serán sancionado, pues existen elementos probatorios de que iban rumbo al magnicidio «¿qué quieren, el cadáver del Presidente?. Nosotros vamos a aprobar el informe, porque ahora tenemos otra tarea, la enmienda constitucional duélale a quien le duela».