INFORME ESPECIAL: ESTADO DE DERECHO SIN FRONTERAS
UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD EN VENEZUELA

“RECONOCIENDO que la impunidad frente a la grave violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales genera un quiebre en los valores éticos de nuestra sociedad, se impone que los estados adecuen los aparatos de justicia para establecer la verdad de lo que sucede con las violaciones, buscar la justicia y sanción de los responsables y asegurar la reparación de las víctimas”.
Declaración de Quito, 22 al 24 de julio de 1998


Presentación

Las violaciones a los derechos humanos se verían substancialmente reducidas si sus autores, cómplices o encubridores fueran investigados y sancionados conforme a las leyes. Por el contrario, la impunidad, entendida en términos sencillos como la ausencia de castigo, produce un perverso efecto multiplicador y lesiona gravemente los tejidos y las dinámicas sociales. En Venezuela la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ha alcanzado características sistemáticas y estructurales en las últimas décadas, negando el derecho a la justicia a millares de personas afectadas por la actuación ilegal de los cuerpos policiales, de seguridad y militares.

Como se podrá apreciar a lo largo de este Informe Especial, no es extemporáneo afirmar que en Venezuela se ha desarrollado una cultura de la impunidad, que ha contribuido al resquebrajamiento de la confianza de la población en las instituciones del Estado, con la consiguiente generación de procesos violentos tanto en lo político, como en lo social. Ejemplos de lo afirmado son la poblada nacional de febrero de 1989, las rebeliones militares de 1992, y un creciente surgimiento de acciones de “justicia privada”, muchas veces avaladas o instigadas desde el propio Estado, que a su vez se muestra impotente para administrar justicia.

Esta realidad debe ser necesariamente cambiada. Muchos casos necesitan ser investigados, muchas sanciones deben ser impuestas, muchas víctimas deben ser reparadas. Las nuevas estructuras del Estado, que puedan surgir con la aprobación de la nueva Constitución, deberán -respetando el Estado de Derecho-, hacer realidad el derecho a la justicia y garantizar la no repetición de estas violaciones. Si bien es cierto que ningún Estado está exento de que sus agentes violen los derechos humanos, la diferencia esencial se establece entre aquéllos que investigan y castigan a los violadores y los que, al no hacerlo, favorecen la impunidad. Es inadmisible que el Estado se ampare en sus propias debilidades para denegar justicia a las víctimas.

El Estado tiene el deber de luchar contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Tanto en materia de derechos civiles y políticos (DCP) como en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), este deber se fundamenta en un importante número de tratados internacionales ratificados por Venezuela y en otros instrumentos internacionales1.

Es necesario aclarar que nos referiremos en adelante sólo a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Aún cuando los delitos comunes cometidos por particulares también están amparados por la impunidad y constituyen una violación del derecho a la justicia de las personas afectadas por los mismos, no serán objeto de tratamiento en este Informe Especial. Asimismo, cabe especificar que este análisis se realizará tomando como referencia la impunidad de algunos casos paradigmáticos de violaciones a los DCP ocurridos en los últimos 10 años en Venezuela.

Comenzaremos presentando un marco conceptual sobre el tema, para plantear luego los antecedentes que propiciaron la impunidad. A continuación identificaremos los principales mecanismos de impunidad, así como el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Finalmente, se enumeran las consecuencias de la impunidad y se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

Marco conceptual sobre impunidad

Entre 1991 y 1997 dentro del sistema de las Naciones Unidas, se elaboraron dos informes sobre la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos reportó la situación de los derechos civiles y políticos y estuvo a cargo del Relator Especial Louis Joinet2; el otro trató sobre los derechos económicos, sociales y culturales y fue elaborado por el Relator Especial El Hadji Guissé3. Estos documentos han constituido un importante aporte para el estudio del tema, y vienen a complementar un esfuerzo de sistematización que se inició en América Latina en la década de los 80.

Para los efectos de este Informe Especial, tomaremos como base el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, adoptado por el sistema de las Naciones Unidas. Así, consideraremos “Por impunidad […] la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”4.

Esta definición considera que existen factores de hecho y de derecho que excluyen la responsabilidad de los autores de las violaciones. Podemos entender como factores de hecho aquellas acciones u omisiones que siendo anteriores, concomitantes o posteriores a la violación, forman parte del modus operandi de los autores, cómplices o encubridores, y están dirigidas a impedir que se establezcan las responsabilidades. Por su parte, los factores de derecho serían aquellos que emanan del ordenamiento jurídico o de la estructura misma de los aparatos de administración de justicia.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo5 introduce un tercer elemento: los factores ideológicos. Vinculados con el ejercicio mismo del poder fuera de los límites del Estado de Derecho, los factores ideológicos subyacen en las dinámicas del control social ejercido desde el Estado a través de sus agentes. Conceptos como la defensa de la soberanía, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, la reconciliación nacional a costa del perdón y el olvido, pueden servir para que la impunidad sea impuesta desde las instancias de poder o aceptada como un mal necesario por las sociedades.

Por otra parte, es necesario aclarar que los actos violatorios de los derechos humanos son infracciones susceptibles de ser sancionadas por diferentes ramas del derecho, como exponemos a continuación:

a) Algunos actos graves constituyen un crimen internacional sancionado por el Derecho Penal Internacional. Tales son los casos de actos de tortura, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. El Estado debe adecuar su legislación interna para que pueda aplicarse el principio de la jurisdicción universal que permite perseguir y sancionar a los autores de tales crímenes.

b) Son violaciones a los derechos humanos sancionadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual significa que el Estado debe reconocer la competencia de los órganos convencionales de control6 y actuar de buena fe frente al cumplimiento de recomendaciones, dictámenes y sentencias internacionales.

c) Son violaciones a los derechos humanos que deben ser sancionadas en el derecho interno de los Estados por cuatro diferentes ramas del derecho. Por ello, deben ser consideradas como: 1) Un hecho administrativo que genera responsabilidad extracontractual del Estado por la actuación de sus agentes, de acuerdo con el Derecho Administrativo. 2) Un acto delictivo que genera responsabilidad penal del individuo, según el Derecho Penal. 3) Una falta disciplinaria que acarrea responsabilidad disciplinaria del agente del Estado, según el Derecho Disciplinario. 4) Un hecho generador de responsabilidad civil del individuo de acuerdo con el Derecho Civil.

Cabe precisar que para que no exista impunidad en un caso de violación a los derechos humanos tienen que darse los siguientes presupuestos: la realización del derecho a saber, del derecho a la justicia y del derecho a obtener reparación. Veamos en qué consisten estos derechos:

1. El derecho a saber se compone de los siguientes principios generales: el derecho inalienable de los pueblos a conocer la verdad sobre las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos; el deber de los pueblos de recordar, el cual debe ser garantizado por el Estado tomando las medidas necesarias para preservar la memoria colectiva; el derecho imprescriptible de las víctimas a saber la verdad, el cual es independiente de las acciones entabladas ante la justicia; y el deber del Estado de adoptar las medidas para hacer efectivo el derecho a saber7.

Para el desarrollo de este derecho, han sido creadas comisiones ad hoc en varios países que sufrieron largos períodos de guerras civiles o de regímenes de facto8. Según el Conjunto de principios contra la impunidad de las Naciones Unidas, estas comisiones de investigación no pueden reemplazar a la justicia ordinaria, teniendo como misión “determinar los hechos, con el objeto de descubrir la verdad, en particular para evitar la desaparición de pruebas”9.

2. El derecho a la justicia: dentro del sistema de las Naciones Unidas se ha reconocido que “La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de las misiones del Estado, deberán adoptarse normas procesales complementarias para que las propias víctimas puedan tomar esa iniciativa, individual o colectivamente, cuando las autoridades no cumplan su deber, en particular constituyéndose en parte civil…”10.

El Estado tiene entonces la obligación primordial de garantizar la existencia y operatividad de un recurso efectivo para que las víctimas hagan justiciables sus derechos, en cada una de las ramas del derecho mencionadas arriba.

3. El derecho a obtener reparación: “Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”11. Este derecho significa que “Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz…”12.

Este derecho va mucho más allá de la simple indemnización, dado que debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, lo cual comprende, por un lado, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otro, medidas de satisfacción de alcance general13.

El Estado tiene, además, la obligación de adoptar medidas adecuadas para evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones que vulneren su dignidad. Dentro de ellas se destacan las medidas de carácter administrativo o de otra índole relacionadas con los agentes del Estado implicados en violaciones graves a los derechos humanos, las cuales tendrían un carácter preventivo y no represivo. Dichas medidas podrían ser las siguientes: a) inhabilitación ciertas funciones; b) suspensión, en espera de una eventual confirmación en sus funciones o de su nombramiento para otro cargo; c) cambio de destino; d) retrogradación; e) jubilación anticipada; f) destitución14.

Antecedentes de la impunidad en Venezuela

En Venezuela, el fenómeno de la impunidad ha tenido su propia dinámica, influenciada por factores comunes a América Latina y El Caribe. El establecimiento de un sistema democrático en 1958 y su permanencia hasta los actuales momentos, no significó necesariamente que la respuesta del Estado a los movimientos políticos y sociales de oposición, fuera ajena al concepto de seguridad nacional desarrollado desde los Estados Unidos de América. Así, se adelantaron campañas represivas dentro del país y se tomó parte en los programas de formación de militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas, de manera tal que los instructivos creados por ésta fueron adoptados como manuales internos para el accionar de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), los cuales incluían detalladas instrucciones para desaparecer a una persona. Tal fue el caso de las directivas emanadas de la comandancia del Teatro de Operaciones (TO) Nº 3 Úrica entre 1965 y 196715. Para hacer frente a los movimientos guerrilleros que en Venezuela estuvieron activos en la década de los años 60 y 70, las FAN implementaron dichos manuales, lo cual contribuyó a que en esos años se produjeran, según denuncias del Comité de Familiares de Desaparecidos conformado en 1998 con asesoramiento del Diputado Tarek William Saab, cerca de 1.000 desapariciones forzadas, 50.000 detenciones por razones políticas, y 10.000 casos de torturas16. Dichos crímenes permanecen impunes y el Estado venezolano aún a la fecha, no ha dado a conocer la verdad sobre estos hechos. Esta tarea, bien podría ser acometida por una comisión extrajudicial de investigación ad-hoc, en los términos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas17. En los casos de desaparecidos, el derecho a obtener reparación incluye que “una vez aclarada la suerte de la persona desaparecida, su familia tiene el derecho imprescriptible a ser informada y, en caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente de que se haya establecido o no la identidad de los autores y se los haya o no encausado y juzgado.”18. Esta última situación, bien podría ser aplicada al caso de los desaparecidos en Venezuela.

Por otro lado, a pesar del fin de la lucha armada, de la disolución de las organizaciones guerrilleras y de la incorporación de la mayoría de sus dirigentes y activistas al sistema democrático, la doctrina y el modus operandi permanecieron vigentes en sectores del aparato represivo del Estado, lo cual llevó a la perpetración de masacres como las siguientes: Cantaura (Edo. Anzoátegui, 04.10.82, 23 víctimas); Yumare (Edo. Yaracuy, 08.05.86, 8 víctimas); ejecuciones de Las Gaviotas (Edo. Apure, 22.04.88, 2 víctimas); de Los Totumitos (Edo. Apure, 09.07.88, 5 víctimas), de El Vallado (Edo. Apure, 07.10.88, 3 víctimas) y la masacre de El Amparo, (Edo. Apure, 29.10.88, 14 víctimas). En los cuatro últimos casos intervinieron miembros del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP)19. Se pudo constatar que varios de los autores de la masacre de El Amparo, estuvieron presentes en Las Gaviotas, Los Totumitos y El Vallado: “La ausencia de una investigación imparcial para esclarecer los hechos por parte de las instancias de la justicia militar encargada de estos casos, posibilitó que los involucrados se mantuvieran en libertad y, por tanto, participaran en la ejecución de la Operación Anguila III, mejor conocida como ‘La masacre de El Amparo”20.

Asimismo, la represión militar de la poblada nacional del 27 y 28 de febrero de 1989, así como la de los intentos de golpe de 1992, revivieron prácticas utilizadas en la represión de las fuerzas insurrecciónales de los años 60 y 70. Al referirse a estos hechos, Provea constató que “En la práctica la respuesta oficial fue la misma que en ocasiones anteriores: suspensión de garantías, hostigamiento y detención de opositores políticos, luchadores populares y sectores organizados de la población, represión a manifestaciones. Esta conducta represiva y autoritaria lleva a Provea a afirmar que no estamos frente a una situación aislada, sino que existe un patrón de conducta ya asentado que reafirma el autoritarismo y la represión por encima del diálogo y la consulta”21. Adicionalmente, como veremos en el próximo apartado, al cuadro de violaciones graves a los derechos humanos que se vivió a finales de la década del 80 y a comienzos de la del 90, se unió la impunidad de los mismos, motivo de lucha y acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de derechos humanos que nacieron en el marco de esta situación.

Impunidad de las violaciones a los derechos civiles y políticos

El análisis de los casos sistematizados por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz22 y por el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), permite identificar los mecanismos de impunidad implementados por los diferentes cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, por los organismos de investigación criminal y por el aparato judicial.

Entendemos como mecanismos de impunidad todos aquellos hechos, omisiones, actos administrativos, decisiones judiciales, disposiciones o prerrogativas legales, que impiden u obstaculizan el establecimiento de responsabilidades y/o la imposición de las sanciones que se derivan de las mismas.

Los principales mecanismos de impunidad que identificamos son presentados a continuación:

1. Intimidación de la víctima, de sus familiares y de los testigos: cuando agentes del Estado cometen una violación a los derechos humanos, colateralmente se activan varios mecanismos de impunidad que además colocan a la víctima y a su comunidad en estado de indefensión y de temor. Los mecanismos de impunidad que intervienen en esta etapa son: a) impedir o dificultar la identificación de los agentes del Estado mediante el uso de capuchas; ocultamiento de distintivos, carnets, chapas y nombres; uso de ropas de civil; b) intimidar y amenazar a víctimas y testigos, y a las comunidades de las que forman parte, mediante el uso desproporcionado y explícito de la fuerza, la agresión indiscriminada o ejemplificadora; c) excluir el acto violatorio del control de la comunidad, perpetrándolo en recintos cerrados o alejando a la víctima de su comunidad hacia lugares despoblados o solitarios; d) controlar y alterar el escenario del crimen, en especial mediante la simulación de enfrentamientos o la destrucción o alteración de las pruebas; e) incomunicar a la víctima de sus familiares, abogados, y médicos independientes; f) negar a terceros el hecho de la detención y no registrar en nombre del detenido en los libros oficiales.

2. La destrucción o adulteración de los medios de prueba, es otro mecanismo que se mantiene a lo largo de la investigación criminal. Los agentes del Estado autores de violaciones a derechos humanos, pueden tener importantes niveles de interferencia en el manejo de las pruebas. Ello se evidencia, en la adulteración del escenario del crimen y de la experticia técnica sobre los elementos de prueba (autopsias, informes de balística y de medicina legal), y en la intimidación de testigos. Estas dos últimas conductas también se desarrollan a lo largo del proceso de investigación judicial.

3. Existencia de un marco legal y de prácticas consuetudinarias que propician la violación de los derechos humanos: En Venezuela, la declaratoria de estados de excepción y la consecuente restricción o suspensión de garantías constitucionales, ha sido el principal marco normativo que permite la impunidad. Pese a que las garantías inherentes al derecho a la vida y a la integridad personal no son suspendibles, se constató que muchos agentes adujeron el estado de excepción al momento de violar estos derechos humanos, llegando inclusive a impedir el acceso al escenario del crimen a los órganos naturales de investigación criminal. Un segundo marco normativo se encuentra en los códigos y reglamentos de policía y de guarniciones militares. Estos últimos, aunque de menor jerarquía, rigen el accionar cotidiano de los funcionarios, mediante normas que dejan mayor espacio a violaciones a derechos humanos y que obligan inclusive a obedecer órdenes injustas. Así, el Código Penal, artículo 65, ordinal 2, establece que no es punible “El que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal”. Por su parte, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, artículo 22, establece que “Para las órdenes abusivas, quedará al subalterno después de obedecer, el recurso de queja ante el inmediato superior de aquel que dio la orden”, consagrando así el deber de obediencia aún cuando se trate de órdenes abusivas. Este tipo de normas coliden con lo establecido en tratados internacionales, tales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Art. VIII), que no admiten la obediencia debida como eximente, consagrando el derecho y el deber del inferior de no obedecer ese tipo de órdenes23.

Por otra parte, el marco normativo presenta carencias que impiden la sanción a los responsables. En Venezuela, por ejemplo, la tortura no se encuentra debidamente tipificada como delito en la legislación penal, lo cual impide castigar a sus autores, e inclusive, cumplir con la aplicación de la jurisdicción universal para perseguir a los torturadores24.

Entre las prácticas consuetudinarias de los cuerpos armados del Estado, destacan entre otras: el espíritu de cuerpo y los mal llamados “códigos de honor”, que justifican internamente las violaciones a los derechos humanos, brindando una suerte de protección institucional a sus autores. De esta forma las instituciones amparan una lógica criminal en su seno, la cual se traduce en los siguientes prácticas que favorecen la impunidad: a) precipitadas declaraciones públicas por parte de los altos mandos o de la superioridad, exculpando a sus subalternos; b) inexistencia de investigaciones y sanciones disciplinarias; c) falta de cooperación con las investigaciones penales sobre sus agentes, quienes además, son trasladados a otras dependencias y no se presentan a declarar cuando los tribunales los requieren.

4. Ineficacia del Ministerio Público en su tarea de vigilancia y defensa de los derechos humanos, de investigación y sanción a los responsables. En la Constitución de 1961 (Art. 218), la Fiscalía General de la República (FGR), es la encargada de velar por “la exacta observancia de la Constitución y de las Leyes”. Sin embargo, las ONGs han constatado durante estos años, la incompetencia de la misma en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. En términos generales, podemos concluir que ha habido graves deficiencias en el cumplimiento de los siguientes deberes de la FGR: custodiar las instalaciones militares y de policía y los centros penitenciarios; constatar periódica y sistemáticamente la integridad de las personas privadas de la libertad o que se encuentran bajo regímenes especiales; y denunciar a los autores de las violaciones e impulsar las investigaciones abiertas. La FGR tuvo una importante responsabilidad en la implementación de la figura del nudo hecho, que fue calificada por el Relator de la Naciones Unidas contra la Tortura como un procedimiento que “tiene por objeto proteger a los funcionarios públicos de toda acusación falsa y maliciosa de haber cometido actos contra la ley, [y que] es común y fundamentalmente percibido como un escudo destinado a proteger a dichos funcionarios de toda responsabilidad real”25. Para 1994, una investigación de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, al estudiar quince casos con averiguaciones de nudo hecho, constató que desde la emisión del auto de proceder, hasta la orden de detención del procesado, los períodos iban desde un mes y tres semanas, hasta un máximo de tres años26. La averiguación de nudo hecho estaba prevista en los Arts. 374 a 381 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Pese a que se trataba de un procedimiento expedito, se extendía injustificadamente en el tiempo, impidiendo el inicio de las investigaciones penales, sumándose este efecto dilatorio a la de por sí lenta administración de justicia.

5. Limitaciones del poder judicial para impartir justicia de manera oportuna y justa.

Durante todos estos años, el Sistema de Administración de Justicia presentó una serie de fallas que hicieron que la impunidad se transformara en un problema estructural. Entre ellas, la corrupción, la injerencia de los partidos políticos en sus decisiones, un cuerpo normativo obsoleto en materia procesal penal, disminución en la asignación presupuestaria y carencias de personal calificado. El retardo procesal injustificado reemplazó a la obligación que tienen jueces y fiscales de impulsar oficiosamente las investigaciones penales, convirtiéndose en uno de los principales mecanismos de impunidad en Venezuela. Cabe señalar, sin embargo, que un paso importante fue dado con la entrada en vigencia el 01.07.99 del nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Este hecho significó el final del secreto sumarial y de la investigación de nudo hecho antes mencionada. Tanto la Red de Apoyo como Cofavic, identificaron estos dos mecanismos como los principales generadores de impunidad durante el proceso penal. El secreto sumarial se unió al retardo procesal injustificado, impidiendo a las víctimas y a sus derechohabientes conocer de las investigaciones penales contra los sindicados. Pese a los avances que introdujo, el COPP mantuvo la dependencia administrativa del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) del Ministerio de Justicia, dejando la investigación de los hechos y las actividades de policía de investigación bajo la dirección del Ministerio Público27. Esa dependencia administrativa del CTPJ, ha significado en la práctica un mecanismo de injerencia del Ejecutivo que favoreció la impunidad. Ello permitió, por ejemplo, que muchas de las investigaciones por los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989 fueran transmitidas, motu propio, por el CTPJ a los tribunales militares28.

La impunidad en materia disciplinaria lesionó al Poder Judicial afectando el desempeño ético de los funcionarios de carrera judicial. Para 1996 solamente una de cada diez denuncias era de alguna forma decidida por el Consejo de la Judicatura (CJ)29. Esta inoperancia del CJ atentó contra el derecho de los jueces a un debido proceso y afectó la credibilidad de la población con respecto a la eficacia del sistema.

6. Aplicación del fuero militar a investigaciones por violaciones a los derechos humanos: la actuación de la Jurisdicción Penal Militar (JPM) en los casos más relevantes de violaciones a los derechos humanos de la última década confirma este patrón de impunidad. Así por ejemplo, además de intervenir en las paradigmáticas masacres de El Amparo y del 27 de febrero de 1989, el fuero militar lo hizo en la investigación por la masacre del centro penitenciario Retén de Catia (Caracas), el 27.11.92, en la que murieron más de 63 reclusos a manos de funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), de la Guardia Nacional (GN) y de vigilantes de la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia. En este caso los tribunales militares mantienen aún el expediente en la etapa sumarial. En igual sentido, las investigaciones por violaciones a derechos humanos cometidas en Cararabo (Edo. Apure), el 02.03.95, fueron retrotraídas por la Corte Marcial ad-hoc que conocía del caso, en marzo de 1998 a su etapa inicial, desconociendo de esta forma tres años de investigaciones.

La reforma al Código de Justicia Penal Militar adelantada a finales de 199830 dejó intactos los aspectos de ésta que garantizan la impunidad, tales como su estructura piramidal, la alta injerencia del Presidente y del Ministro de Defensa, la falta de independencia del Ministerio Público que es ejercido por fiscales militares y la posibilidad de enjuiciar a civiles.

La masacre de El Amparo: un caso emblemático de Impunidad

La masacre de El Amparo, es sin duda uno de los hechos más ilustrativos de la impunidad en Venezuela. A pesar del importante esfuerzo realizado por las ONGs, los autores de esta masacre, ocurrida el 29.10.88, no han sido sancionados. Ello, pese a la aceptación internacional de responsabilidad por parte del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de derechos humanos. La Justicia Penal Militar declaró como no responsables a los agentes encausados, dejando definitivamente impune el crimen. La decisión que absolvió de los cargos por homicidio a 15 funcionarios policiales y militares, había sido emitida por el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal (Edo. Táchira) en abril de 1992 y fue finalmente dejada en firme por auto de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 19981.

En referencia con este caso, destacan los siguientes mecanismos de impunidad:

a) Alteración de la escena del crimen con el objetivo de simular un hecho punible (reposicionamiento de los cuerpos y “siembra” de armas). Actividades de encubrimiento de los superiores jerárquicos y declaraciones de altos funcionarios del Gobierno, incluido el Presidente de la República, respaldando la acción militar de los presuntos autores de los hechos.

b) Una actividad probatoria sistemáticamente errática. El juez instructor militar omitió ordenar la práctica de pruebas previstas por la ley en casos de muertes violentas, tales como la práctica de autopsias; facilitó la pérdida de idoneidad de las pruebas al retardar las exhumaciones ordenadas por el Congreso de la República; desvinculó de la investigación a testigos claves. Por su parte, el CTPJ, además de carecer de suficiencia presupuestaria y tecnológica para investigar adecuadamente el caso, desplegó una importante actividad de encubrimiento.

c) Falta de vigilancia sobre la legalidad del proceso y ausencia de sanciones por las irregularidades en la instrucción del sumario y a todo lo largo del proceso. Esta responsabilidad correspondía a la Dirección de Servicio de Justicia Militar, cuya máxima autoridad es el Ministro de la Defensa, y a la FGR.

d) Incidencia sobre diferentes actores de la investigación criminal: descalificación de los testigos mediante falsas imputaciones criminales realizadas por el juez instructor; intentos de soborno y amenaza a testigos indirectos; intento de neutralizar la actuación judicial de los familiares de las víctimas, argumentando ilegitimidad de los “ciudadanos colombianos” para actuar como acusadores en el proceso.

e) Aplicación del fuero militar y permanencia del proceso en la JPM: el juez instructor no se inhibió pese a haber manifestado su animadversión hacia uno de los abogados de las víctimas; ante una recusación posterior, el juez instructor continuó conociendo del caso y decidió sobre la recusación, pese a que debía enviar el asunto al superior jerárquico para resolverlo; aunque existían tres denuncias presentadas por los abogados, por un juez militar superior y por la comisión del Congreso de la República que investigó el caso, el Presidente de la República ordenó que no se abriera juicio militar al juez instructor, haciendo uso del ordinal 2 del artículo 54 del Código de Justicia Militar. El deber de inhibición previsto por la ley, fue obviado por otros funcionarios de la JPM, pese a existir verdaderas causales de inhibición.

f) La omisión por parte de la CSJ de avocarse al conocimiento del caso, pese a que se daban los presupuestos consagrados en la jurisprudencia, a saber: a) manifiesta denegación de justicia, b) interés público y social y c) existencia de un derecho fundamental vulnerado.

g) Valoración inadecuada del acervo probatorio, que conduce a la libertad de los autores, a quienes además, no se les impusieron medidas cautelares tendientes a evitar su evasión. Esto último, facilitó que algunos de los presuntos autores materiales se evadieran.

h) Retardo procesal injustificado, reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al momento de admitir el caso.

i) Intento de indulto a los sindicados, cuando aún se encontraba el proceso en curso.

Finalmente, cabe destacar en relación con el tema que el texto final que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) va a poner a consideración de los venezolanos para su votación en referéndum, ha excluido de la competencia de la JPM las violaciones a los derechos humanos. Este hecho constituye un hito trascendente en el desmonte de los mecanismos institucionales de impunidad.

Durante todo este tiempo la JPM en Venezuela mostró los siguientes principios y elementos fundamentales: a) vigencia del principio de subordinación en conexión con el deber de obediencia aún de órdenes abusivas; b) designación de los jueces militares por parte de sus superiores jerárquicos; c) facultad presidencial de ordenar la no apertura en los casos que considere convenientes para los intereses de la Nación; d) posibilidad de la JPM de investigar y enjuiciar a ciudadanos civiles; y e) ejercicio del Ministerio Público por parte de fiscales militares2.

Estado venezolano, impunidad y comunidad internacional

Cumplir de buena fe los tratados internacionales es una obligación de todo Estado Parte31. En materia de derechos humanos, ello significa garantizar la vigencia de los derechos consagrados en los tratados y, además, acatar las sentencias, informes y dictámenes de los organismos internacionales, jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales, cuyas competencias hayan sido aceptadas por los Estados32.

Tradicionalmente, el acatamiento del Estado venezolano de dichos fallos y recomendaciones internacionales, ha estado influenciado por la incompetencia de las instancias estatales encargadas del tema y por una voluntad política que podría ser calificada, cuando menos, de obstruccionista y encubridora. Venezuela ha afrontado una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el conocido caso de El Amparo. Pese a que la sentencia estableció que “el Estado de Venezuela está obligada [sic] a continuar las obligaciones de los hechos a que se refiere este caso y sancionar a quienes resultaren responsables”33, la investigación criminal, como enunciamos arriba, a cargo de la JPM terminó sumiendo el caso en la absoluta impunidad. El Estado dio prioridad a la reparación económica a las víctimas y a sus familiares, dejando de lado el castigo de los responsables.

Sin embargo, dos decisiones recientes del Gobierno venezolano nos permiten perfilar un cambio en estas políticas. La primera, está vinculada con la decisión de llegar a un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos34, en el caso de la masacre del Retén de Catia enunciado antes, y en la masacre de Haximú, ocurrida en agosto de 199335. La segunda, es el reconocimiento de responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de 44 violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, ocurridas en febrero-marzo de 1989. Tras una primera decisión en el caso de El Amparo, esta es la segunda vez que Venezuela reconoce su responsabilidad internacional ante la Corte, la cual aceptó dicho reconocimiento y abrió el procedimiento para reparaciones y costas36. En la misma decisión, la Corte tomó nota de que el Estado estaba reactivando su actividad investigativa para identificar, procesar y sancionar a los responsables. En efecto, en el plano interno, la CSJ decidió avocarse al conocimiento de las investigaciones tras una solicitud hecha por la FGR37. Esta decisión se produce tras diez años de inactividad del sistema judicial venezolano, y podría encontrar serios obstáculos, tanto en una eventual prescripción de las acciones penales como en el recaudo probatorio para establecer la verdad procesal. De todas maneras, es justo reconocer que estas decisiones del Estado Venezolano pueden significar el inicio de un cambio en la voluntad política que puede ser un presupuesto importante en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, los órganos convencionales de control que en materia de derechos humanos funcionan en las Naciones Unidas bajo la forma de comités, han hecho varias recomendaciones a Venezuela para luchar contra la impunidad. Así, el Comité de Derechos Humanos recomendó en 1992 que “El Estado Parte debería velar porque todos los miembros de las fuerzas armadas o de la policía que hayan cometido violaciones a los derechos garantizados en el Pacto sean juzgados y sancionados por los tribunales civiles”38. Por otro lado, el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial, manifestó “dudas sobre si las víctimas de discriminación racial disponen de recursos eficaces para obtener reparación justa y suficiente en los tribunales competentes. Se observa, en particular, que el sistema jurídico de Venezuela no cuenta con ninguna disposición para indemnizar a las víctimas de discriminación racial, la mayoría de las cuales pertenecen a diversos grupos indígenas”39. Como consecuencia, este Comité recomendó a Venezuela “que se adopten las medidas necesarias para que las leyes internas cumplan plenamente las disposiciones del artículo 4 de la Convención [sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial]”40, según el cual son punibles los actos, organizaciones, propagandas y otros hechos racistas. El Comité contra la Tortura recomendó en mayo de 1999, “El pronto examen, discusión y aprobación del proyecto de ley sobre tortura, ya sea en una ley separada o incorporando sus disposiciones al articulado del Código Penal […] La ley referida debe radicar el conocimiento y juzgamiento de toda denuncia por torturas, cualquiera fuere el organismo a que pertenece el imputado, en los tribunales del fuero común”41. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó que “vería con agrado la pronta aprobación de las reformas legales al Código Penal así como de las propuestas de la ley contra la Violencia a la Mujer…”42 De todas las sugerencias antes planteadas, solamente ésta última ha tenido desarrollos satisfactorios por parte del Estado venezolano43. Las demás, están aún por implementarse.

Merece una mención especial la aprobación, en julio de 1998, del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), el cual fue suscrito por Venezuela44. Una vez que Venezuela ratifique el tratado, será necesario un proceso de adopción de normas internas que hagan posible la cooperación penal internacional con ese tribunal, para juzgar los graves crímenes internacionales que le competen.

Consecuencias de la impunidad

La impunidad de las violaciones a los derechos humanos marca la historia de los pueblos afectando su progreso hacia formas de convivencia más fraternas.

La impunidad lesiona seriamente el tejido social aumentando los niveles de violencia, afectando las relaciones de solidaridad y la capacidad de reacción social ante las violaciones. Se socava la memoria histórica, vulnerándose el derecho a saber. La impunidad facilita la victimización de la sociedad y en particular de los grupos vulnerables, propiciando que el colectivo justifique formas de “limpieza social”. La sociedad disminuye su capacidad para reivindicar sus derechos y ve comprometida la garantía de “no repetición” de los hechos violatorios, en especial cuando los criminales están libres y permanecen impunes en su seno. Los valores éticos se envilecen, haciendo que la sociedad sea más proclive a ser coautora de actos de corrupción a sabiendas de que quienes los ejecutan no son sancionados. Si la impunidad es socialmente aceptada, las acciones de búsqueda de justicia son fácilmente estigmatizadas y con ello, la actividad de los defensores de derechos humanos.

La impunidad deslegitima al Poder Judicial por no cumplir con su deber de administrar justicia. Es causa y efecto de la corrupción anidada en el Sistema de Administración de Justicia, todo lo cual pervierte el funcionamiento de éste.

Los cuerpos de seguridad del Estado y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son permeados por dinámicas criminales que terminan rigiendo su funcionamiento, más allá de las normas preestablecidas para ello. El espíritu corporativo se traduce en formas de encubrimiento institucional, envileciendo a los mismos agentes del Estado, quienes no ven en las violaciones a los derechos humanos, un obstáculo a sus carreras. La JPM se convierte en un aparato de impunidad que suplanta al juez natural cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, perdiendo sus objetivos naturales.

Las víctimas, sus familiares y las personas afectadas moralmente por la violación, son doblemente victimizadas al privárseles, además, de sus derechos a saber, a la justicia y a la reparación. Socialmente, las personas quedan disminuidas con respecto a su comunidad y se vuelven más fácilmente victimizables, pues la justicia es un acto que consolida el desagravio público y el reconocimiento de la memoria y la dignidad de las víctimas.

El Estado de Derecho se resquebraja por la distancia entre la norma y la realidad, y por la apropiación de normas que propician la impunidad, como aquellas que establecen el fuero militar, la obediencia debida o la amnistía a los violadores de derechos humanos. La impunidad pone en peligro la vigencia de los derechos humanos al propiciar la repetición de las violaciones a los mismos.

Por último, un país que no cumple con sus obligaciones para combatir la impunidad se expone al descrédito y a la sanción de la comunidad internacional.

27 febrero de 1989: una larga lucha por la justicia

“No puede haber perdón y olvido sin justicia, y justicia es castigo a los culpables”1, afirmó Iris Medina, miembro de Cofavic, tras conocer la decisión del Estado venezolano de reconocer su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los hechos durante los cuales, además de su esposo, murieron 276 personas (según fuentes oficiales) o 400 (según ONGs de derechos humanos), a manos de agentes del Estado en los hechos de febrero-marzo de 1989. Durante todos estos años, los familiares organizados en Cofavic han desarrollado una labor vital en la lucha contra la impunidad, por el resguardo de la memoria histórica y por la reivindicación de la dignidad de las víctimas. Sin lugar a dudas, su trabajo fue el engranaje fundamental para que el Estado reconociera su responsabilidad en los hechos y para que la CSJ decidiera avocarse al conocimiento de las investigaciones, como enunciamos en otro aparte de este Informe Especial.

Diez años más tarde, la tarea de romper el muro de la impunidad para individualizar las responsabilidades y aplicar las sanciones, afronta dificultades que no podrá argumentar el Estado como razones para exculparse si no logra administrar justicia. Un principio básico del derecho es que nadie puede alegar su propia torpeza para exculparse. El retardo injustificado fue el principal mecanismo de impunidad en estos casos, al cual se sumó el caos procesal, tal y como lo reconociera la CSJ: “… que tanto el significativo retardo judicial, como el desorden procesal con el cual se han tramitado los juicios penales, han constituido una afrentosa denegación de justicia,…”2. En efecto, tanto la JPM, como varios tribunales ordinarios iniciaron procesos paralelos, con denominaciones penales diferentes, que no terminaron en sentencias. “Escapa de toda lógica, [afirmaría la CSJ] que los tribunales militares ordenen abrir una investigación de presuntos delitos contra la Integridad, Independencia y Libertad de la Nación recabando, a esos fines, los expedientes que eran procesados por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial por homicidio”3. En efecto, las pruebas recaudadas por el CTPJ fueron transmitidas por orden del entonces Ministro de Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, a la JPM desconociendo para ello a la FGR4. Posteriormente, los jueces ordinarios declinarían su competencia a favor de la JPM. Las anteriores irregularidades se extendieron a las investigaciones por las inhumaciones ilegales de cadáveres en la zona del Cementerio General del Sur (Caracas) conocida como “La Peste”: “Igual situación aparece reflejada respecto de las inhumaciones, donde se denuncian violaciones a las más elementales normas administrativas en el procedimiento de inhumación de individuos presuntamente fallecidos en forma violenta, sepultados en una fosa común, algunos autopsiados y otros sin autopsia, en que se imputa a los órganos del Estado, desde la clandestinidad en el procedimiento de inhumaciones hasta errores en el proceso de identificación de las víctimas”5.

Cofavic, identifica en la falta de regulación de la suspensión de garantías decretada por el Gobierno Nacional, un marco fundamental de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 28.02.89 y en los días subsiguientes. En ese marco se produjeron flagrantes ocultamientos y destrucciones de evidencias y se establecieron zonas y horarios bajo absoluto control de los agentes del Estado en las cuales sucedieron, entre otros, cuatro de los casos de desaparición forzada transmitidos a la Corte IDH.

Quedan entonces pendientes los desarrollos que puedan tener las nuevas etapas de este caso: el avocamiento de la CSJ en el nivel interno, y el proceso ante la Corte IDH, luego del reconocimiento de responsabilidad hecho por el Estado venezolano en el plano internacional.

Asimismo está pendiente que se materialice el derecho a la justicia, el derecho a saber y el derecho a la verdad. Sobre estos últimos, Cofavic dio cuenta de que “Además la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] aclara que saber la verdad constituye una obligación que el Estado tiene con los familiares de las víctimas y con la sociedad […] ‘El derecho a la verdad constituye un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y un derecho particular para los familiares de las víctimas”6.

Cabe esperar que en esta oportunidad, a diferencia del caso de El Amparo, el Estado venezolano cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Hasta el momento podemos afirmar que se ha obtenido una victoria frente a al cuadro de sistemática impunidad todavía existente en Venezuela

Conclusiones y recomendaciones

La impunidad que afecta las violaciones a los derechos humanos en Venezuela ha lesionado el tejido social, adquiriendo características estructurales y convirtiéndose en una violación sistemática y generalizada del derecho a saber, a obtener justicia y a obtener reparación. El Estado debe asumir, como una de sus políticas generales, la lucha contra la impunidad que se ha instalado en la sociedad venezolana.

Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las décadas de los años 60 a 80 se encuentran impunes. El Estado debe investigar y sancionar a los responsables tal como lo señalan las leyes nacionales e internacionales. El Estado tiene la obligación de dar a conocer la verdad de los hechos tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto. En particular, en el caso de las desapariciones forzadas de personas, el Estado podría implementar una Comisión de Esclarecimiento según los parámetros de las Naciones Unidas para investigar los hechos, informar a los familiares y entregar los despojos mortales plenamente identificados. En este contexto, debe garantizarse el recurso de habeas data dentro de las leyes venezolanas.

Existe un proceso a nivel internacional de elaboración teórica para la lucha contra la impunidad y un proceso práctico cuya más reciente manifestación es la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Este proceso es consecuencia de la obligación de los Estados y de la Comunidad Internacional de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos, mediante la cooperación internacional. El Estado venezolano debe ratificar prontamente el Estatuto de la CPI e iniciar el proceso de elaboración de las normas internas de cooperación con la CPI.

La obligación de acatar fallos internacionales emitidos por tribunales internacionales y por instancias cuasijurisdiccionales, cuya competencia haya sido reconocida por Venezuela, debe implementarse en el marco del principio de la buena fe en el cumplimiento de los tratados internacionales. El Estado deber honrar el marco normativo de los tratados e instrumentos internacionales que lo vinculan y, en consecuencia, adoptar medidas internas que reglamenten la implementación de los fallos y dictámenes sobre casos decididos en instancias internacionales

En el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a un recurso efectivo para que las víctimas puedan ejercer acciones de naturaleza penal, administrativa, civil y disciplinaria en contra de los autores de las violaciones. Para ello, se debe: continuar el proceso de implementación del COPP; tipificar adecuadamente como punibles las violaciones a los derechos humanos que aún no lo han sido, tales como la tortura, la desaparición forzada y la discriminación racial; adoptar las reformas necesarias para garantizar que la Jurisdicción Contencioso Administrativa permita establecer la responsabilidad administrativa del Estado por violaciones a derechos humanos; hacer efectivo el sistema de aplicación de sanciones disciplinarias generadas por faltas que sean hechos violatorios de los derechos humanos o que los favorezcan o encubran. En este último tópico, el Estado debe adoptar medidas eficaces en procesos de permanente monitoreo y depuración de todo agente responsable de violaciones a los derechos humanos, para apartarlos de sus instituciones.

La impunidad en Venezuela es posible gracias a una serie mecanismos que se activan durante las diferentes etapas de la consumación de los hechos, así como durante los procesos de investigación tendientes a establecer responsabilidades, aplicar sanciones y restablecer los derechos vulnerados. Para desactivar esos mecanismos, además de voluntad política, es necesario llevar adelante un proceso que pase por el ajuste de las leyes substanciales y la reestructuración del aparato del Estado, en particular del sistema judicial, del Ministerio Público y de los órganos del Estado encargados de velar por los derechos humanos. En este sentido, el Estado debe eliminar la aplicación del fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; debe fortalecer el Ministerio Público y crear un Defensor del Pueblo con suficientes potestades preventivas, investigativas y de denuncia ante las instancias correspondientes.

Además de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas, de hacer conocer la verdad de los hechos y de asegurar la no repetición de los mismos, tanto para las víctimas como para la sociedad en su conjunto. Estos últimos aspectos deben ser suficientemente garantizados por la normativa interna que surja de la probable aprobación de la nueva Constitución, pudiendo dar lugar a la adopción de una ley que los regule en consideración a los efectos particularmente graves que tienen las violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, en virtud del principio de la buena fe, desde Provea aspiramos a que el Estado implemente estas recomendaciones y sugerencias, para combatir efectivamente el fenómeno de la impunidad. El nuevo milenio es la oportunidad para que la Justicia ponga coto a la Impunidad.

Documento original: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1998_99/informe_especial.htm