Derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal
Enero – Febrero – Marzo 1998

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
INFORME VENEZUELA No. 4 es el resultado de una investigación sobre la situación de algunos derechos civiles en Venezuela, y es realizado por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización no gubernamental que promueve y defiende el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal en Venezuela, desde 1985.


Esta investigación abarca un período de tres meses (enero, febrero y marzo de 1998), es el resultado de una investigación hemerográfica que adelanta la Red de Apoyo con el fin de monitorear, a través de los medios de comunicación impresos, las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, especialmente los atropellos policiales o militares, los ajusticiamientos, las detenciones arbitrarias, los allanamientos arbitrarios, las torturas y los maltratos.

Además de las cifras, este informe contiene: el contexto general de los meses donde ocurrieron las violaciones; una lista de los casos de violaciones de derechos humanos atendidos por la Red de Apoyo; y una agenda de propuestas concretas para que sean tomadas en cuenta por el gobierno nacional.

En 1997 la Red de Apoyo realizó tres INFORMES VENEZUELA, los cuales abarcaron períodos trimestrales: enero a marzo; abril a junio; y junio a septiembre. El informe correspondiente al cuarto trimestre de ese año (octubre a diciembre) no se realizó de esta manera, ya que la información de dicho trimestre fue incluida en la publicación Venezuela Horror e Impunidad: Inventario No. 5.

1. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO

Durante los meses de abril, mayo y junio de 1997, sucedieron los siguientes antecedentes hechos en el ámbito político, económico y social:

Agenda Venezuela y economía

El ingreso petrolero cayó en 500 millones de dólares durante el mes de enero, según fuentes del BCV.

El ministro de Hacienda, Freddy Rojas Parra, anunció ante el Congreso un recorte de 766 millardos para el presupuesto del 98, por lo cual el gobierno presentó al Congreso la reestimación de ingresos para 1998 por la caída del precio del petróleo.

El Gobierno recortó entre 150 y 200 millardos de bolívares el presupuesto global de las gobernaciones, por lo cual los gobernadores se declararon en emergencia presupuestaria debido a las reducciones fiscales.

El gobierno decidió eliminar el subsidio a la gasolina, medida que aplicará gradualmente desde marzo hasta enero de 1999.

El desempleo descendió 1,13 puntos durante 1997 según un informe presentado por Oficina Central de Estadística e Información.

El gobierno propuso establecer un salario mínimo sectorizado de 93 mil 750 bolívares para las pequeñas y medianas industrias y de 100 mil bolívares en el sector público y en las grandes empresas. El acuerdo final que fue firmado por la Tripartita para la aplicación del nuevo salario mínimo establece que a partir del 1 de mayo el sueldo mínimo será 100 mil bolívares. El sector rural recibirá 90 mil bolívares. Los conserjes, los menores de edad en proceso de formación profesional y pensionados, 75 mil bolívares.

Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan, advirtió que una remuneración de 100 mil bolívares, que representa 33,3% con respecto al salario vigente de 75 mil bolívares, provocaría una inflación correspondiente de 33,1 puntos, lo que pondría en riesgo los puestos de 152 mil trabajadores y abriría un abismo fiscal de 265 millardos de bolívares.

La inflación de enero cerró en 2 por ciento 0,6 puntos menos con relación a enero de 1997. En el mes de febrero la inflación alcanzó el 2,2%.

El servicio de la deuda interna subió a 738 millardos de bolívares por la aplicación de las nuevas tasas que rigen la banca venezolana.

El BCV modificó sus balances financieros de 1997 para reducir los pasivos de la institución en un billón de bolívares. El hecho se supo al constatarse que el instituto emisor presentó dos versiones completamente distintas de los resultados del primer semestre del año pasado. Por el incremento de los intereses, el servicio de la deuda pública venezolana aumentó en 1,4 billones de bolívares.

El gobierno y los Derechos Humanos

El Departamento de Estado norteamericano en su informe anual al Congreso de los Estados Unidos denunció que la situación de los derechos humanos en Venezuela “siguió siendo insatisfactoria” señalando que siguen los asesinatos extrajudiciales, arrestos arbitrarios y masivos y malos tratos a los detenidos de parte de la policía y la Fuerzas Armadas venezolanas, según citó la agencia de noticias AP.

El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Asdrúbal Aguiar, declaró “que es impropio que EEUU asuma el control de los derechos humanos del país”. De igual forma, El embajador de Venezuela en Washington, Pedro Luis Echeverría, refutó el informe sobre derechos humanos de Estados Unidos, por considerar que sólo refleja la posición de las ONG´s y no considera los avances alcanzados por el gobierno.

Situación de las fronteras

Según reseño la presa nacional, La Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA) acusó a la Guardia Nacional y al Teatro de Operaciones Nº1 (TO1) de ser cómplices en secuestros fronterizos, además de promover la conformación de paramilitares y extorsionar por sumas millonarias. A su vez, agentes de inteligencia aseguraron haber develado un plan de la guerrilla colombiana para secuestrar a 40 ganaderos y productores agropecuarios en Venezuela. De igual forma, estos agentes de inteligencia del Estado venezolano señalaron que, los frentes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se proponían llevar a cabo estas operaciones en las áreas fronterizas de los Estados Táchira y Apure, con el fin de comprar armas y obtener, por la fuerza, información confidencial.

Durante éste primer período del año, algunos medios de comunicación social denunciaron la presencia de paramilitares en la zona de la frontera del estado Apure. Por su parte, el Congreso Nacional nombró una subcomisión especial, presidida por el diputado Walter Márquez, quien se encargó de investigar los hechos, hasta el momento esta subcomisión no se ha pronunciado.

Colombia reforzó la presencia militar en la frontera con Venezuela. Movilizó cuatro batallones y unidades antinarcóticos para combatir la guerrilla y la delincuencia en esa zona. “La situación en la frontera ha mejorado mucho: se ha logrado reducir el índice de delitos y frustrar los planes subversivos”, afirmó el General Rafael Hernández, inspector del Ejército de Colombia. El vocero admitió, sin embargo, que la Serranía de Perijá se ha convertido en “un área crítica que obligó a la movilización de tropas para contrarrestar la siembra de amapolas y la narcoguerrilla”.

El Director de la Policía Nacional de Colombia, General Rosso José Serrano, alertó a Venezuela para que vigile en su territorio la actuación de múltiples “minicarteles” de la droga, que han sustituido por facilidad operacional a los antiguos carteles de Medellín y Cali.

El Ministro de la Defensa, Tito Rincón Bravo, reveló que en la Serranía de Perijá se descubrió, un presunto campo de entrenamiento de irregulares colombianos.

Según algunas informaciones aparecidas en el diario El Nacional, algunos miembros de las Etnias Cuiba y Yaruro, diezmados por el hambre y las enfermedades, han tomado las armas para asaltar feudos y haciendas en Apure.

Reforma Judicial

El 23 de enero el presidente Rafael Caldera firmó el ejecútese al nuevo Código Orgánico Procesal Penal, con lo cual se marca un nuevo avance en nuestro sistema judicial, debido que pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio donde las garantías judiciales son aplicables.

El 25 de marzo entraron en vigor tres artículos del COPP: la eliminación del secreto sumarial, los procedimientos por admisión de los hechos y los acuerdos reparatorios se aplicarán anticipadamente

El Procurador General de la República, Juan Nepomuceno Garrido, solicitó a la Sala Político Administrativa de la CSJ que efectúen una interpretación del sentido y alcance del artículo 34 del Código Orgánico Procesal Penal. El procurador espera aclarar la confusión que se ha creado en cuanto a la figura de los acuerdos reparatorios contenidos el COPP, sobre la posibilidad que los “banqueros prófugos” se pueden acoger a dicho artículo.

Elecciones

Al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, el Consejo Supremo Electoral dejó de existir.

El Congreso Nacional durante el mes de marzo designó a los primeros integrantes del Consejo Nacional Electoral

La Corte admitió la demanda de nulidad contra la Ley del Sufragio y Participación Política impuesta por Enrique Yéspica, ex-presidente del Consejo Supremo Electoral

Huelgas y Protestas

Paro Cívico en el Municipio Vargas, convocado para protestar la decisión presidencial de devolver al Congreso la Ley que crea el Territorio Vargas.

Durante este trimestre las protestas estudiantiles estuvieron a la orden del día. En los liceos “Gustavo Herrera” y “Fermín Toro”, ubicados en Caracas, la Policía Metropolitana allanó ambos liceos y varios estudiantes resultaron detenidos. También se presentaron protestas en la Universidad Lisandro Alvarado del estado Lara. El origen de las manifestaciones en la mayoría de los casos fue a causa del pasaje estudiantil.

En el Estado Bolívar en los poblados de Nuevas Claritas y Santo Domingo se produjo un enfrentamiento entre los habitantes y la Guardia Nacional, cuando los primeros realizaban una protesta por la falta del servicio eléctrico, más de 30 personas resultaron heridas.

Un grupo autodenominado “Frente Unido Revolucionario” colocó una bomba con propaganda subversiva en la puerta sur del Congreso de la República en la estación del Metro de La Hoyada detonaron una caja sonora.

El grupo jubilados y pensionados volvieron liderizar las protestas durante el primer trimestre de 1998, entre lo que se destacó el Vía Crucis que realizaron en el mes de marzo. Además, en otras ciudades del país también se unieron los comités de jubilados de esas zonas para realizar protestas similares.

2. VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA, LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LA SEGURIDAD PERSONAL

I. PERSONAS FALLECIDAS

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 1998, la Red de Apoyo contabilizó, a través de diarios locales y nacionales, un total de 32 casos de personas que fallecieron a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Del total de víctimas, veintidos (22) murieron ejecutadas en diferentes circunstancias. Las 10 víctimas restantes fallecieron producto del uso desproporcionado, indiscriminado o excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios involucrados.

En este primer trimestre de 1998 continuamos encontrando que los ajusticiamientos corresponden a hechos y circunstancias donde: las personas fallecidas fueron confundidas por funcionarios policiales; las personas muertas eran presuntos delincuentes que fueron ejecutados extrajudicialmente o eran personas con antecedentes policiales y fueron ajusticiados; o personas que fueron asesinadas por venganza o problemas personales.

Personas confundidas con delincuentes: en el mes de enero fueron ajusticiados Arturo José Hernández Ramírez de 16 años y Harold Michel Zambrano González de 20 años, quienes fueron llevados de la cercanía de sus hogares en medio de un operativo policial en la urbanización Casalta, al oeste de Caracas. El mismo fue calificado por esa comunidad como violento. Según testigos, ambos fueron ajusticiados en el mismo sector, luego de recibir torturas en diferentes partes del cuerpo y donde el funcionario de la Policía Metropolitana, José Luis Quintana fue herido por sus propios compañeros. El primer reporte oficial hablaba de delincuentes muertos en un enfrentamiento. (“El Universal”, 28 de enero de 1998)

Asimismo, en el mes de febrero, el funcionario de la Guardia Nacional, César Domingo Ramírez Vivas, ultimó de varios disparos al ciudadano Raúl Antonio Amundaraín Marín de 27 años, al confundirlo con otro sujeto que momentos antes había asaltado a un hermano del funcionario. El hecho sucedió en el barrio El Ciprés, sector Las Adjuntas, en el suroeste de Caracas. La víctima era funcionario de la Policía Metropolitana. (“El Nacional” 10 de febrero de 1998)

En marzo, igualmente fue muerto Yoeshit Alberto Pacheco Urbina de 15 años, en un sector de la carretera “Y” de Turiacas, en el estado Zulia, cuando se encontraba en el techo de un local abandonado buscando una pelota de goma y varios funcionarios de la Policía Municipal de Lagunillas le dispararon, alegando que la víctima había participado en un enfrentamiento junto a otros sujetos. La comunidad realizó varias manifestaciones desmintiendo el parte policial. (“Panorama”, 11 de marzo de 1998)

Presuntos delincuentes ejecutados extrajudicialmente o personas con antecedentes policiales: en el mes de enero, en la urbanización La Carucieña de la ciudad de Barquisimeto, fue muerto, según versión de sus familiares, el ciudadano Luis Alexander Hernández Salazar de 23 años de edad, después que funcionarios allanaron su residencia y lo sometieron haciéndole un disparo en el abdomen. Fue trasladado aún con vida, por los mismos funcionarios a un ambulatorio y luego al Hospital Central donde ingresó muerto. Los funcionarios alegan que la víctima resistió la detención con un cuchillo. Esta versión fue desmentida por los familiares, quienes afirmaron que los funcionarios lo sorprendieron, por lo rápido y violento del allanamiento. El occiso tenía antecedentes. (“El Impulso”, 11 de enero de 1998)

En el mes de marzo falleció Edwin Eduardo López de 22 años. Estaba solicitado por su presunta participación en la muerte de un funcionario. Según sus familiares, la víctima se encontraba con ellos en las Playas de Boca de Aroa, estado Falcón, y al notar la presencia e intenciones de los funcionarios intentó huir y éstos le efectuaron los disparos mortales por la espalda. La víctima no portaba ninguna arma. (“El Siglo”, 25-03-98)

Personas fallecidas por venganza personal: en el mes de enero en Cabimas, estado Zulia, falleció Néstor Luis Meléndez Viloria, quien fue abatido cuando el funcionario de la Policía Municipal de Cabimas (IMPLOCA), de nombre Andrés Díaz, lo mató porque la víctima había cortado el servicio de luz de un familiar suyo. Además, la madre del abatido fue repelida con ráfagas de ametralladoras que fueron disparadas contra el piso, cuando trató de interceder por la vida de su hijo. (“Panorama”, 9 de enero de 1998)

En el mismo mes resultó muerto, en Valencia Luis Oscar Franco Márquez quien recibió un disparo mortal del funcionario de nombre Angel Bracamonte, porque la víctima le reclamó por la forma de llegar a la comunidad en plena celebración de Año Nuevo, disparando y golpeando a las personas. El agente ha sido repudiado en la comunidad por actitud abusiva con sus semejantes. (“Notitarde”, 12 de enero de 1998)

En el mes de febrero resultó muerta, Merlyn Teresa Falcón de 21 años, en el interior de su vivienda ubicada en la población San Francisco de Yare, cuando su compañero de vida, el funcionario de la Policía del Estado Miranda, de nombre Nixon Capote Hidalgo, la estranguló en medio de una pelea marital. El victimario se dio a la fuga. (“La Voz de Guarenas”, 16 de febrero de 1998).

En el mes de marzo, en un sector de La Guaira, Departamento Vargas, el sargento Segundo de la Marina de nombre José Ignacio Díaz mató a Lilibeth Márquez Serrano de 17 años, con quien tenía relaciones amorosas. Según la versión de familiares de la víctima, los hechos ocurrieron en medio de una violenta discusión y en presencia de Aureliano Vladimir Gómez, compañero de armas del indiciado. Ambos funcionarios se encuentran detenidos.

Entre los 17 casos de personas fallecidas como consecuencia del uso desproporcionado, indiscriminado o excesivo de la fuerza, se encuentran los siguientes:

En el mes de enero, resultó muerto Darío Alfredo Molina Escalante de 33 años, quien salía de viaje para Los Andes desde el barrio El Onoto en la parroquia Caricuao, junto a algunos familiares. La víctima fue interceptada por los funcionarios de la Policía Metropolitana de nombres, Pedro Rivera, José del Valle Liendo y William Mujica, quienes le efectuaron varios disparos y le propinaron batazos mientras agonizaba en el piso. Los acompañantes lograron huir al lanzarse por un barranco. (“Ultimas Noticias”, 11 de enero 1998)

En el mes de febrero, el ciudadano Andrius Feliccioni Rojas fue muerto por disparos de funcionarios de la Policía del Municipio Baruta. La víctima había sido secuestrado en su propio automóvil, por delincuentes que intentaban robarlo. El grupo de plagiarios fue interceptado por 10 patrullas y 40 funcionarios, quienes dispararon al secuestrado sin mediar palabras, cuando éste salió de su automóvil. Estos hechos fueron repudiados y denunciados por numerosos vecinos y familiares quienes fueron testigos de los acontecimientos y aseguraron que los disparos salieron de las armas de los funcionarios (“El Nacional”, 23 de febrero de 1998).

En el mes de marzo, en hecho ocurrido en un local de apuestas de la calle Churuguara, en el sector Santa Rosa de Agua, situado a las afueras de la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia, el funcionario de la Guardia Nacional de nombre Dennys Semprum Caldera, mató de un disparo en la espalda, al joven de 17 años, Argenis Martínez, cuando éste se negó a pedirle perdón de rodillas por haberlo tropezado. El victimario estaba borracho y molesto por haber perdido en apuestas. (“Panorama”, 3 de marzo de 1998)

Cuerpos de seguridad involucrados

Del total de 32 personas fallecidas, 10 corresponden a casos donde se involucran agentes de las Policías Estadales (31 % del total de casos). Esta cifra ratifica a estas policías como principales violadoras del derecho a la vida. La Policía del Estado Carabobo aparece involucrada en estos sucesos (se les atribuyen tres casos, al igual que la del estado Mérida, con tres casos y los estados Nueva Esparta, Zulia y Anzoátegui con dos casos por estado. Falcón, Lara, Trujillo, Miranda y Aragua, cierran esta reseña numérica, con un caso cada uno.

En este primer trimestre del año 1998, a la Policía Metropolitana se le involucra en 9 casos de muertes de personas (28 % de los casos). Las Policías Municipales aparecen con 6 casos. La Guardia Nacional continúa atentando contra la vida de los ciudadanos al atribuírseles con 5 casos (16 %). Las Fuerzas Armadas quedan reseñadas con un caso donde murió una persona.

La madre de Ender Germán Sepúlveda Betancourt asegura que éste fue detenido en el mes de enero, cuando se hallaba en el aeropuerto La Concordia, cuando se dirigía a la ciudad de Mérida, por la Guardia Nacional, debido a una averiguación por la muerte de un funcionario. Luego murió como consecuencia de las torturas a que fue sometido. Aseguran que le golpearon mientras se le asfixiaba con una bolsa plástica y cuando colgaba atado por las muñecas. (“Diario de Los Andes”, 15 de enero de 1998)

Jairo José Natera estaba detenido y sufría una herida recibida por un funcionario de la Policía Municipal de Mariño en el estado Nueva Esparta, a quien presuntamente había intentado desarmar. Murió en el calabozo, víctima de la infección producida por la herida que nunca fue atendida médicamente. (“El Sol de Margarita”, 18 de enero de 1998)

Circunstancias

Cuatro son las circunstancias que rodearon las muertes de personas en los 32 casos que registramos en este primer trimestre del año 1998. Una es el abuso de poder de los funcionarios que aparece con 18 casos en primer término. También están los operativos, las ejecuciones bajo detención y los allanamientos. Estos registros del primer trimestre 98 siguen siendo similares al del 97, en cuanto a circunstancias se refiere.

El recluso Rafael Ramón Torres, murió cuando el funcionario de la Guardia Nacional de nombre Dani Lara le efectuó un disparo al querer controlar una riña entre otros internos y donde la víctima no participaba. El hecho ocurrió en el Retén Judicial de “La Planta”, en la ciudad de Caracas. Su muerte causó consternación entre muchos reos, debido a la consideración que había ganado la víctima, por su buena conducta. (“Reporte”, 19 de marzo de 1998)

Los operativos dejaron en nuestros datos, 5 casos de personas muertas por la acción de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Uno de éstos resultó ser Boris Alberto Faríñez de 20 años, quien después de protestar un operativo, intentó huir y recibió un disparo por la espalda efectuado por un funcionario de la Policía Metropolitana, en hecho ocurrido en la parroquia San Agustín, en Caracas. (“El Universal”, 4 de enero de 1998). Así mismo, los funcionarios de la Policía Metropolitana: Franklin Álvarez y López Guaia, ajusticiaron de un tiro en la nuca a José Gregorio Cárdenas Monasterios de 18 años, cuando efectuaban un operativo en el pasaje 11 de San Agustín, utilizando “pasamontañas”. Aun así fueron reconocidos por testigos (“Ultimas Noticias”, 26 de febrero de 1998). También en un operativo efectuado en la ciudad de Mérida, efectuado por la Policía del Estado Mérida, fue detenida Yusmeli Aranguren Leal por no portar su documento de identidad. Se lanzó de la unidad cuando era transportada al sitio de reclusión. Sus familiares denuncian la poca seguridad que tenía la unidad respectiva. (“Cambio”, 27 de marzo de 1998).

En el único caso donde el allanamiento fue circunstancia de muerte, Luis Alexander Hernández Salazar de 23 años murió, luego que funcionarios allanaran su residencia ubicada en el sector 3 de la urbanización La Carucieña, en la ciudad de Barquisimeto y le dispararon en el abdomen con la intensión de simular enfrentamiento (“El impulso, 11 de enero de 1998).

II. TORTURAS O TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES

Durante este primer trimestre de 1998, la Red de Apoyo registró un total de 161 denuncias de personas o colectivos que fueron maltratados o torturados por agentes del orden. De todos estos casos, 104 corresponden a denuncias individuales y 57 a denuncias donde los afectados son más de cinco personas. Tras comparar estos datos con los obtenidos en el primer trimestre del año 1997 observamos un descenso considerable en la cantidad de denuncias: de 243 a 161. Los Estados que aparecen mayormente señalados en estas denuncias son Miranda y Aragua (22 denuncias), Carabobo (16), Distrito Federal (14), Lara (13) y Bolívar (10).

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fueron reseñados en 79 denuncias cuando utilizaron objetos contundentes para la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta cifra sobrepasó la mitad de las denuncias totalizadas. Las amenazas y hostigamientos que utilizan los funcionarios para torturar a las personas fueron denunciadas en 67 oportunidades. Hubo 6 denuncias en las que se reporta la utilización de gases por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El abuso sexual, la utilización de objetos cortantes y métodos mecánicos fueron referidos en una (1) denuncia.

En el mes de enero, por ejemplo, en el estado Carabobo, el vigilante de la empresa “Roma Aragua” de nombre Luis Arturo Díaz Lara fue objeto de maltrato físico por parte de los funcionarios de la Policía del Estado de apellidos Alvarado y Guillén. La agresión se produjo porque la víctima quiso defender a un muchacho de una segura detención arbitraria. El vigilante fue detenido y amenazado de muerte (“El Carabobeño”, 5 de enero de 1998). El taxista de nombre Pablo Antonio Suárez Pulido fue agredido con el pico de una botella, por un funcionario de la Policía del Estado Lara (DIRSOP) de nombre Tulio García Torres, cuando la víctima estaba cercano a una riña entre policías (Edo. Lara 21 de enero de 1998).

En el mes de febrero, la prensa (“Así es la Noticia”, 6 de febrero de 1998) reseña la denuncia del profesor de Educación Media de nombre Fernando Zapata, a quien le fue allanada arbitrariamente su residencia por funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), en combinación con la Policía Técnica Judicial (PTJ), Policía de Miranda (IAPEM) y la Policía del municipio Independencia, quienes causaron alarma en el vecindario por la forma violenta como efectuaron el operativo. En esta denuncia, la víctima señala que la DISIP le hostiga sin motivo alguno.

En el mes de marzo, la Comisión de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Maracay denuncia, entre varios hechos de maltrato contra ciudadanos, el infringido a los funcionarios de nombres William Pantoja (Cabo Segundo), Carlos Martínez (Sargento), Moisés Gudiño (Cabo Primero), Luis Lezama (Distinguido) y el Cabo Primero Monserrat, quienes estaban detenidos por presunta participación en un hecho delictivo. Todos fueron torturados por sus propios compañeros del Servicio de Inteligencia de la Policía del estado Aragua.

En el resto de las denuncias podemos referir el siguiente caso:

En el mes de marzo, dos funcionarios de nombres Freddy Flores y Emiro Scola, pertenecientes a las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Mérida, fueron sindicados de violar una menor de 16 años, quien posteriormente tomó la trágica decisión de quitarse la vida. El hecho sucedió cuando los funcionarios realizaban un operativo contra jóvenes que jugaban carnaval con agua, llevándoselos detenidos. Una vez puestos en libertad, retuvieron a la joven para abusar de ella y la amenazaron de muerte si comentaba lo sucedido. La muchacha refirió el hecho en su hogar y fueron hechas las denuncias respectivas. Los indiciados fueron puestos a la orden del gobernador del estado (“Panorama”, 6 de marzo de 1998).

Cuerpos involucrados

Las denuncias de tortura y malos tratos registradas en este primer trimestre reportan que los cuerpos policiales mayormente involucrados en este tipo de prácticas son, como en períodos anteriores, las Policías Estadales, a las cuales se les atribuyen el 46 % de los casos (73 denuncias). Muestra de estas cifras, fue la golpiza que funcionarios de la Policía del Estado Mérida propinaron al docente Jesús Valera, en hecho ocurrido en la población de Tucaní, cuando la víctima no pudo movilizar su vehículo en el tiempo que estimaron los funcionarios (“Frontera”, 24 de enero de 1998).

En segundo lugar, se encuentran las Policías Municipales con el 22% (35 denuncias). Como trágica demostración, nuestra indagación de prensa estima reseñar con particular hincapie, la denuncia realizada por el joven Giovanni Alexis Rada Meza de 21 años, quien fue atado de manos a un árbol, donde le rociaron los brazos con refrescos, para que miles de “bachacos” (hormigas) le picaran la piel, causándole “lesiones irreparables en ambas extremidades”. Funcionarios de la Policía Municipal de Santa Teresa del Tuy fueron los responsables intelectuales y materiales del hecho (“El Globo”, 13 de enero de 1998).

La Guardia Nacional sigue incluida en denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y se refleja en las cifras con un 13 % del total (21 denuncias), destacándose negativamente el atropello del que fueron objeto los periodistas Edduar Amesty y Eleazar Urbáez del diario “El Aragüeño”, cuando intentaron recabar información acerca del maltrato que sufrieron algunos internos de la cárcel de Tocorón, en el estado Carabobo. Los funcionarios de la Guardia Nacional destacados en este penal, atropellaron y amenazaron verbalmente a estos periodistas (“Prensa de Monagas”, 26 de marzo de 1998).

Son ocho las denuncias que acusan a la Policía Metropolitana y a la DISIP, como cuerpos de funcionarios que atropellan a los ciudadanos. En el mes de febrero, el General Francisco Belisario Landis ordenó que funcionarios del cuerpo de seguridad que dirige (Policía Metropolitana), impidieran el sepelio del ciudadano Alexander José Muñoz. Alegando que se le daba una despedida delincuencial, sus funcionarios impidieron el paso del cortejo hacia el cementerio, cuando algunas personas que acompañaban el féretro dispararon armas de fuego. Los familiares decidieron trasladar el cadáver a la sede de la Fiscalía General de la República (“El Universal”, 14 de febrero de 1998). Un día anterior, funcionarios de ese mismo cuerpo, impedían la realización de una manifestación pública en Petare, con motivo del Día de la Juventud (“Ultimas Noticias”, 13 de febrero de 1998).

En el mes de marzo, la ciudadana peruana de nombre Cecilia Núñez Chipana, denunció que recibe hostigamiento por parte de agentes de este mismo cuerpo policial en los 32 días que lleva detenida. Los funcionarios le decían constantemente que “le sacarían los ojos” (“La Voz de Guarenas”, 26 de marzo de 1998).

La Policía Técnica Judicial (7 denuncias) y Fuerzas Armadas (5 denuncias) también fueron cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, que se vieron involucrados en maltratos hacia la población.

Circunstancias

Una demostración de cómo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizan el uniforme, para abusar de los ciudadanos por motivos personales, es la siguiente denuncia: la ciudadana Hortencia Fermín denunció que su cuñado Jesús Ramón Velásquez fue detenido en circunstancias irregulares por funcionarios de la Dirección de Inteligencia, Seguridad y Prevención (DISIP) que apoyan a un ciudadano de nombre Manuel Narváez, con quien tiene un problema personal. El ciudadano denunciado ha firmado causiones en su contra y sin embargo se burla de ellas porque dice tener “padrino” en ese cuerpo de seguridad (“El Tiempo de Puerto la Cruz”, 13 de enero de 1998).

Durante el tercer trimestre de 1998, del total de 161 denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados, por lo menos 59 describen que los hechos ocurrieron durante una situación de abuso de poder de los funcionarios involucrados; mientras en otras 50 denuncias sucedieron durante situación de arresto o detención.

En cuanto al abuso de poder de los funcionarios, es ejemplo la actitud que asumió el agente de la Policía Metropolitana de nombre Johnny Campos, quien escandalizó, irrespetó y amenazó a la Primera Autoridad Civil de la parroquia Santa Rosalía, porque éste ordenó la libertad de un hombre de 62 años, a quien el funcionario policial había detenido por comerse un “cachito” relleno de jamón y no tener para pagarlo (“El Mundo”, 29 de enero de 1998).

En cuanto a maltrato bajo detención podemos constatar el abuso del que fue objeto el ciudadano Fermín Alirio Alvarado, cuando fue detenido por funcionarios de la Policía del Estado Lara. Al denunciante le fracturaron el brazo izquierdo y pudo mostrar a la prensa las huellas de las botas de los funcionarios en varias partes del cuerpo (“El Informador”, 3 de marzo de 1998).

Continúa repitiéndose el escenario, donde los cuerpos de seguridad acompañan la detención y el hostigamiento con el allanamiento y el desalojo de inmuebles o tierras (16 denuncias).

En los tres meses del período analizado, registramos denuncias de colectivos que fueron objeto de atropellos en desalojos. En el mes de enero, familias del municipio Sotillo denuncian atropello de la Guardia Nacional por haber ocupado un terreno (“El Norte”, 9 de enero de 1998); asimismo, campesinos del municipio Simón Planas en el estado Lara denuncian atropellos en los asentamientos que ocupan desde hace años (“El Informador”, 16 de enero de 1998). Durante el mes de febrero, campesinos de Guarataro en el estado Bolívar denuncian atropellos de la Guardia Nacional (“El Expreso”, 5 de febrero de 1998) y sus iguales en la población de Zapa Arriba en el estado Barinas, también denuncian atropellos de la Policía del Estado (“La Prensa”, 5 de febrero de 1998). En el mes de marzo, efectivos de la Guardia Nacional fueron denunciados por quemar parcelas de Urerito en Barinas en perjuicio de los campesinos que las ocupan (“La Prensa”, 3 de marzo de 1998). En el mismo mes, 70 familias de Guache Viejo en el estado Portuguesa recibieron permanente maltrato de la Policía del Estado por ocupar unos terrenos baldíos (“Ultima Hora”, 3 de marzo de 1998). En el estado Mérida, dirigentes de las comunidades rurales del municipio Tulio Febres Cordero, denunciaron hostigamiento y detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de la Guardia Nacional (“Frontera”, 10 de marzo de 1998).

Las otras circunstancias señaladas en cada una de las denuncias de torturas y maltratos fueron: los operativos (16 denuncias); allanamientos (13 denuncias), manifestaciones (8 denuncias), recintos militares (1 denuncias) y durante la recluta (1 denuncia).

III. HERIDOS POR ARMAS DE FUEGO

Un total de 18 casos de personas heridas por armas de fuego en situaciones irregulares se contabilizaron en los diarios nacionales y regionales entre enero y marzo de 1998. Si comparamos esta cifra con la del primer trimestre del año 97, observamos una leve disminución de estos atropellos: de 25 a 18 casos.

Continúan los incidentes en manifestaciones, donde ciudadanos resultaron heridos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando hicieron uso de armas de fuego. Tal es el caso del Estudiante de la Escuela Técnica “Ezequiel Zamora” en el estado Barinas, de nombre Jhon Brand Briceño de 17 años, quien resultó herido de bala, cuando varios piquetes de las Fuerzas Armadas Policiales abrieron fuego contra una manifestación de estudiantes que protestaban por las promesas incumplidas por las autoridades de esa casa de estudios (“La Prensa”, 23 de enero de 1998).

Los funcionarios de las Policías Estadales se vieron involucrados en casos de heridos al accionar sus armas (13 casos). Las Policías Municipales se involucraron en 2 casos y la policía Metropolitana, la Guardia Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) aparecen con 1 respectivamente. La circunstancia donde se presentó mayor cantidad de personas heridas fue el abuso de poder de los funcionarios con 10 casos. Luego los operativos (4) y las manifestaciones (3) arrojaron también ciudadanos heridos por las armas de funcionarios.

En el sector La Tortuga del estado Bolívar, dos efectivos de la Guardia Nacional provocaron la mutilación de la pierna derecha del joven campesino Eduardo José Martínez de 24 años, cuando le efectuaron disparos de Fal. (“Notidiario”, 2 de marzo de 1998).

IV. DETENCIONES ARBITRARIAS

Nuestra indagación de prensa arrojó la cifra de 66 denuncias de detenciones arbitrarias en el primer trimestre de 1998 (enero-marzo). De éstas, 32 sucedieron por el abuso de poder de los funcionarios, 15 durante operativos, 12 en allanamientos y 3 al momento de haber manifestaciones.

Una manera de ser detenido arbitrariamente por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es ser acusado falsamente por tenencia de estupefacientes. Denuncias como ésta refieren desde el Departamento Vargas: William Moya Hernández, Gretty Josefina Pérez Gómez, Nakary Yurbanty Rondón Yépez, Dionisio López y los hermanos Renny José y José Luis Ramírez, quienes fueron detenidos erróneamente por este supuesto motivo. La comunidad apoyó a los jóvenes en su denuncia (“Así es la Noticia”, 23 de febrero de 1998).

Durante el allanamiento ocurrido en el Liceo “Gustavo Herrera” de Caracas, luego de manifestaciones estudiantiles, fueron detenidos un grupo de estudiantes que fueron puestos a la disposición de la División de Menores de la Policía Técnica Judicial (PTJ), por órdenes del General Francisco Belisario Landis, director de la Policía Metropolitana. La Comunidad Educativa del plantel se movilizó inmediatamente, ya que los detenidos no estaban participando de los disturbios. (“El Universal”, 31 de enero de 1998).

Las Policías Estadales (52 %) y las Policías Municipales (27 %) son los cuerpos policiales a los que mayormente se les atribuyen estos atropellos. La Guardia Nacional, la Dirección de Inteligencia Seguridad y Prevención (DISIP) y la Policía Técnica Judicial (PTJ) también aparecen como cuerpos que detienen arbitrariamente a las personas (5%). Es de hacer notar que, a pesar que la Policía Metropolitana no aparece con contundencia en los registros (5%), su comandante, General Francisco Belisario Landis, amenazó con profundizar la represión y las detenciones si continuaban las manifestaciones en el Liceo “Gustavo Herrera”.

V. ALLANAMIENTOS ARBITRARIOS

Durante los meses de enero a marzo de 1998, la prensa nacional y regional reseñó un total de 22 denuncias de allanamientos arbitrarios, de los cuales 17 corresponden a casos donde estuvo afectada una sola persona y 5 donde las víctimas son grupos de más de seis. Víctimas de allanamiento arbitrario resultaron Orlando y Jocsan Parra de 19 y 18 años respectivamente, quienes, según testimonio de su madre, fueron secuestrados por los funcionarios de la Policía del estado Aragua, quienes aprovecharon para despojarlos de una moto, que no quieren entregar ni con la presentación de los papeles de propiedad (“El Siglo”, 9 de febrero de 1998).

En el mes de febrero, también fueron allanados arbitrariamente los planteles del Liceo “Andrés Eloy Blanco” y Escuela Técnica Industrial “Rafael Vegas”, en el oeste de Caracas, por parte del escuadrón anti motines de la Policía Metropolitana. En el primero de los institutos, fueron arrancados dos portones por acción de la ballena y en ambos liceos fueron detenidos varios estudiantes (“El Universal”, 4 de febrero de 1998).

Los cuerpos de seguridad involucrados en los casos de allanamientos fueron: las Policía Estadales (59 %), las Policías Municipales (18%). También los denunciantes responsabilizaron a al Dirección de Inteligencia Seguridad y Prevención (DISIP), la Policía Metropolitana (9%) y a la Policía Técnica Judicial (PTJ) (5%).

3. CASOS ATENDIDOS POR LA RED DE APOYO

Durante el primer trimestre de 1998, la Red de Apoyo recibió y orientó un total de 16 casos de violaciones de derechos humanos. De este total sólo 7 casos fueron apoyados y asumidos por la organización: 5 personas detenidas arbitrariamente, una persona torturada y una persona fallecida. El resto de los casos fueron remitidos a otros organismos o fueron atendidos de manera puntual.

4. PROPUESTAS AL ESTADO

La Red de Apoyo reitera las propuestas presentadas al pueblo de Venezuela y a los representantes de los poderes públicos por el Foro por la Vida, instancia de coordinación que aglutina diez organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Caracas. De las 165 propuestas citamos las referidas a garantizar la plena vigencia del derecho a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como también las que se refieren a la administración de justicia y las garantías procesales:

Regular el uso de la fuerza pública y prohibir de manera efectiva la utilización de armas y sustancias tóxicas para el control de manifestaciones pacíficas, en todo el territorio nacional.

Implementar el Decreto Presidencial No. 3.179 de fecha 7 / 10 / 93, el cual establece el Reglamento de Coordinación de los Servicios de Policía y Normas de Conducta de los Miembros de los Cuerpos de Policía.

Asegurar que la detención preventiva sea una medida excepcional que sólo podrá aplicarse cuando a la persona se le sorprenda “infraganti”.

Garantizar que todos los detenidos sean examinados por un médico forense independiente: al ingresar, cada 24 horas; y al salir del centro de detención.

Eliminar la implantación de redadas en zonas populares, garantizando del mismo modo que los operativos policiales de control de la delincuencia, se realicen respetando los principios y normas que protegen los derechos humanos de toda la población.

Garantizar en el Presupuesto Nacional la asignación de un 5 % por lo menos para la administración de justicia.

Eliminar la averiguación informativa de Nudo Hecho a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por ser un privilegio y un mecanismo que refuerza la impunidad en los casos de violación a los derechos humanos.

Permitir el acceso a los familiares de víctimas y a las organizaciones de derechos humanos a los expedientes, a fin de lograr que se cumpla con la garantía procesal de igualdad de las partes

Garantizar que toda persona sea juzgada por sus jueces naturales, siguiendo los procedimientos legalmente establecidos, conforme a la Constitución de la República de Venezuela.

Asegurar la eliminación de la Jurisdicción Militar, por ser violatoria de los Tratados que sobre Derechos Humanos ha ratificado Venezuela, o en todo caso dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Estado Venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., el 10 de febrero de 1994, de someter a un proceso de reforma el Código de Justicia Militar, basado en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre derechos humanos, atinentes a la obligación del Estado y el deber de éste de adoptar disposiciones de derecho interno.

Restituir las garantías constitucionales en los Estados y Municipios fronterizos en atención al principio de temporalidad, según el cual ninguna emergencia puede convertirse en un pretexto para derogar los derechos humanos, o para suspenderlos en forma indefinida.