Caracas, 8 de enero del 2002
Ciudadano,
Miguel Enrique Otero
Diario “El Nacional”
Ciudad.-


Me dirijo a usted como el simple ciudadano que soy, y en ejercicio del legítimo interés por mi país, en la oportunidad de hacer de su conocimiento lo siguiente:

1º. Debemos defender la libertad de expresión. Pero, debemos entender que ésta no se refiere a la que se expresa únicamente desde los medios de comunicación de radio, prensa y televisión. También la libertad de expresión que se manifiesta desde cualquier sector y a través de cualquier medio lícito, justifica el mismo motivo de defensa de la libertad de expresión a la que siempre apelamos para convocar la solidaridad en defensa de nuestros intereses. La manifestación contra el diario “El Nacional” realizada el día lunes 7, que, según pudo ser vista, se expresaba de manera pacífica hasta el momento en que intervino la Policía Metropolitana, constituye también un medio de expresión cuya libertad demanda su defensa y está igualmente garantizada por nuestra Constitución. Llama la atención que el argumento esgrimido siempre, de defensa de esa libertad que tanto se ama, sea de un amor tan egoísta que únicamente se admite del lado de los medios de comunicación social. Esto evidencia que ese principio -indispensable para el ejercicio y pervivencia de la democracia- no es lo que realmente nos mueve en su defensa. Sino que, es la necesidad de la fuerza de la unión gremial resultante de la convocatoria por su supuesta o verdadera violación lo que motiva su invocación. Para recibir el apoyo y la protección nacional e internacional, y la condenatoria de quien nos interese colocar en situación de acusado agresor contra el medio de comunicación que se supone es la víctima. De ese modo se logra el objetivo trascendente de volcar la atención internacional en contra del país y poner en la picota al Presidente de la República, cuya autoría se le señala. Por un hecho que, precisamente en este caso, luce una reacción justa de quienes replicaron, pues las imágenes de televisión revelaron que no es verdad que el Presidente había sido recibido con un “cacerolazo” en ese específico acto público Parece igualmente justo que el Presidente se haya molestado por esa información una vez más carente de objetividad y veracidad. Y eso pudo haber enardecido también a quienes se sintieron agredidos. Por lo que, objetivamente, el hecho se presenta como una provocación. Y esa manipulación no luce ética. Cabe el señalamiento de que, no destruimos en el exterior la imagen de un Presidente de la República sin que se destruya allí, de algún modo, también la imagen de Venezuela y la de los venezolanos. El daño así causado, que se sigue causando, es inconmensurable.

Esta subterraneidad puede interpretarse como una aberración del principio de la libertad de expresión y su aprovechamiento abusivo. Cuando se utiliza para prevalerse del poder que se posee con un determinado medio de comunicación, en función de intereses personales -mercantiles, políticos- más allá de la necesaria función social informativa y veraz de esos medios. Y, entonces, cuando por abuso o falta de veracidad nos vemos replicados a través de otro medio de expresión con que cuenta el replicante, igualmente válido y defendible, esgrimimos la condenatoria contra lo que, cuando lo originamos nosotros, si debe ser defendido como derecho de la libertad de expresión. La confusión interesada no puede ser mayor, ni tampoco más aviesa la intención. Debe imponerse la reflexión. Sobretodo cuanto se cuenta con un medio de comunicación que se dedica a la provocación sistemática dirigida intencionalmente al Presidente de todos los venezolanos. Y luego se molestan cuando riposta. Debe cortarse la provocación insana y viciosa, que tanto daño le está haciendo al país.

Ya es tiempo de que definamos y aclaremos, en beneficio de todos, cuál es el principio y derecho de la libertad de expresión que estamos invocando como base de un poder, que en razón de esa defensa universal y de la solidaridad automática resulta intocable e ilimitado en perjuicios al país. Nuestros legisladores tienen la obligación de puntualizar esta definición tan importante para la paz social de la República. Y así lo dejo establecido y lo pido, como ciudadano de esta nación.
2º. Debe respetarse el deber y el derecho a criticar al gobierno. Si. Nadie lo duda. Es indispensable para el funcionamiento de la democracia y el mejoramiento de las actuaciones del gobierno. Y el Presidente de la República lo ha pedido. Pero, eso no nos da el derecho a destruir sistemáticamente la imagen de nuestro país, en una suerte de paranoia confabulada contra el gobierno, sin importar el daño grave que, de manera planificada y continuada, se nos ha estado infligiendo a todos los venezolanos durante tanto tiempo,proyectándonos hacia el exterior como si en este país no hay nada positivo que señalar. Ese comportamiento de enemigos de nuestra propia Patria no debe continuar. Porque destruye. Sin dejar nada constructivo. Porque los gobiernos pasan, y el país siempre queda. Y con la carga acumulada que le sigamos dejando sus ciudadanos.

Es triste y lamentable la notoria intencionalidad que se percibe en comunicar a la nación y al mundo que aquí no hay democracia, ni libertad de expresión, ni respeto por la propiedad, y hasta se atreven a afirmar que vamos hacia el comunismo, cuando realmente saben quienes lo proyectan que eso no es verdad. Porque, simple y llanamente, los venezolanos aprobamos una Constitución mediante referéndum, y allí está claramente diseñada la arquitectura del proyecto de la República que aceptamos y cuya ingeniería está en marcha. Esa es la democracia, cuya defensa tanto se cacarea. Lo que no está establecido allí expresamente no se puede ahora meter de contrabando. Si algo hay que reconocer al Presidente de la República es su insistencia incansable en el conocimiento de la Constitución. Quienes votaron en contra no tienen ningún derecho a sabotear su ejecución. Y nadie podrá leer absolutamente nada en el texto constitucional que apoye los argumentos utilizados para desacreditarnos todos los días, para crear conflictividad social y desestabilización política, manteniendo a los ciudadanos en un estado de zozobra, temor e incertidumbre.

Estamos obligados a reconocer que el Presidente de la República fue muy claro cuando utilizó como bandera electoral el compromiso de ir a Constituyente. No engañó a nadie. La mayoría dijo que sí. A la nueva Constitución, y a él -dos veces-. Por consiguiente, la única vía que tenemos los venezolanos, en general, y los llamados factores de poder, en particular, para arremeter contra el gobierno hasta que se cumpla el período para el cual fue electo de manera limpia y democrática, es acudir por ante el Tribunal Supremo de Justicia a demandar la nulidad de cualquier acto del gobierno que se presuma violatorio de la Constitución.

Y si, por alguna razón ajustada a derecho, se evidenciara que nuestro Máximo Tribunal no ha cumplido con la competencia atribuida por ley, de preservar la incolumidad de la Constitución de la República por actos públicos que comprometan principios fundamentales allí contenidos, quedaría la aplicación de recursos que la propia Constitución prevé y la recurrencia a instancias internacionales, amparados por instrumentos extraconstitucionales suscritos por la República.

Como ciudadano venezolano en uso pleno de todos mis derechos, y en nombre de la paz interna a la que legítimamente aspiramos, levanto mi voz de protesta por tanta agresión a Venezuela y contra los ciudadanos que se dedican, diariamente y hasta de manera obsesiva, a proyectar hacia el exterior imágenes de mi país que no siempre se corresponden con la verdad y en perjuicio de los intereses de la República. Y exhorto al ciudadano Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo representante del órgano del Poder Público que tiene la competencia de declarar la nulidad total o parcial de la leyes y demás actos generales de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con la Constitución, para que, ilustre a la nación sobre la existencia y práctica confiable e insoslayable de esa vía como procedimiento constitucional, que garantiza a todos los venezolanos la imposibilidad de que en nuestro país se puedan establecer sistemas políticos distintos al previsto, dictar leyes, reglamentos o incurrir en actos de gobierno, violaciones de principios o derechos que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que aprobamos los venezolanos en 1999.

Considero que la autoridad institucional llamada a despejar dudas, frenar manipulaciones sobre el orden constitucional, destruir especulaciones acerca de la presunción de que el Tribunal Supremo de Justicia puede permitir infracciones a la Constitución por hechos sometidos a su estudio y decisiones, es su Presidente. También exigir el respeto que debemos todos los ciudadanos al Máximo Tribunal de la República. Su vilipendio no debe ser soslayado ni dejado impune bajo ningún concepto. Los sectores que se oponen a la ejecución del Proyecto de República que permite la Constitución, deben someterse al orden constitucional establecido, para el mantenimiento del Estado de Derecho y la Paz Social de la República. Igualmente pido en nombre de esa paz y de la protección de la imagen que merece nuestro país, que se precise mediante instrumento legal el concepto de libertad de expresión y su alcance frente a los daños a Venezuela derivados de su uso indebido.

De ese modo, aspiro a que cese el clima de conflictividad, desestabilización y perjuicio a la República, que cada día se estimula y profundiza, sin medir en consecuencias, y se permita el desarrollo de la actividad del gobierno, siempre dentro del marco constitucional, garantizándole a los venezolanos la seguridad de que los actos de los demás poderes públicos que infrinjan la Constitución, recibirán el fallo que restablezca la supremacía de nuestra Carta Magna, para que así se mantenga la confianza en las decisiones del Máximo Garante de la Constitucionalidad y de la Paz Pública.

En espera de haber contribuido de algún modo a la reflexión por Venezuela, quedo de Ud.
Atentamente,
Luis Alfonso Godoy