Estados Unidos- Colombia
René Báez

ALAI AMLATINA, 29/05/2008, Quito.- El Plan Colombia, diseñado por el gobierno de Andrés Pastrana y el Departamento de Estado, cofinanciado por la Unión Europea y puesto en vigor por el demócrata Bill Clinton en su visita a Cartagena de agosto del 2000, detrás del membrete de cruzada contra el narcotráfico y ulteriormente de lucha contra el terrorismo internacional, oculta oscuros intereses metropolitanos y de la oligarquía “paisa”. Desglosemos tales propósitos.


El objetivo geopolítico cardinal de EE. UU. después de la implosión del “socialismo real” europeo no es otro que consolidar su hegemonía unipolar. De este propósito mayor se derivan las metas estratégicas del Plan Colombia:

a) Reasegurar el control político-militar estadounidense del norte de Sudamérica (resquebrajado después del retiro de Panamá de la Base Howard, en 1999)
b) Instalar fortines militares para apropiarse de los recursos naturales, energéticos y bioenergéticos de la Amazonía
c) Controlar el comercio subregional con los países asiáticos
d) Despoblar territorios a través de operativos de genocidio y etnocidio
e) Debilitar la gravitación geopolítica del Brasil
f) Evangelizar a los latinoamericanos en el culto al mercado y a la democracia formal, entre otros

En el terreno estrictamente económico, el Plan busca reforzar las columnas del capital financiero sustentando la producción y la venta de armas, apuntalando la industria química y mejorando los réditos para Wall Street provenientes del tráfico internacional de drogas psicoactivas naturales. Los beneficios del programa para los “los señores de la guerra” estadounidenses se evidenciaron desde que la fracción sustantiva de los fondos provistos inicialmente por Washington tuvo como destino inicial la compra de helicópteros Blackhawks, que solo se fabrican en USA. Asimismo, un reporte del Nuevo Herald coincidente con la oficialización del Plan dio cuenta que las fumigaciones de los cultivos de coca y amapola se realizaban con el Roundup, un agrotóxico producido por la Monsanto. Intensificados los bombardeos químicos, se conoció que el precio del kilo de cocaína en Nueva York se disparó desde 120 mil a 240 mil dólares, para felicidad de los “blanqueadores” primermundistas que, en última instancia, son los mayores beneficiarios de ese colosal negocio, estimado actualmente en más de 700 mil millones de dólares y equiparable al del petróleo o al de la fabricación y comercio de material bélico.

En tiempos de la administración del republicano George W. Bush, el Plan Colombia fue redefinido con el sarcástico nombre de Iniciativa Regional Andina (IRA), con el abierto propósito de internacionalizar la guerra civil que flagela la hermana nación fronteriza como corolario del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948; y, después del memorable 11-S del 2001, será incorporado a la fementida campaña mundial contra el terrorismo decidida por los “halcones” del complejo industrial-militar norteamericano como medio de profundizar un keynesianismo de guerra y “neutralizar” /eliminar a los disidentes de la globalización corporativa (llámense líderes de la oposición parlamentaria, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, ecologistas, guerrilleros, cristianos liberacionistas, indígenas o simplemente excluidos por la acumulación por desposesión institucionalizada por el “capitalismo del Pentágono”).

Como todo hecho histórico, el Plan Colombia se sustenta también en factores endógenos, en este caso inherentes al país neogranadino. ¿A qué aludimos?
Producto de una evolución contrahecha y subordinada, la crisis cafetalera colombiana de los años 70 derivó en una constelación de problemas económicos, sociales, políticos e institucionales cada vez más agudos. Una trágica deriva de su crisis multidimensional ha sido que el país sudamericano se convierta, a partir del citado decenio, en un importante productor y exportador de drogas al vasto mercado yanqui (un mercado de aproximadamente 60 millones de adictos irrecuperables), fenómeno inducido por el aperturismo comercial instrumentado por los gobiernos conservadores y liberales colombianos al tenor de las recomendaciones-imposiciones de entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF.

La apertura colombiana a la importación de bienes producidos por el poderoso y subsidiado “agrobusiness” norteamericano, a la par que provocó la ruina de los campesinos, forzó a estos al éxodo a las ciudades o a subsistir con cultivos no tradicionales. Esta “reconversión” de la agricultura colombiana resultó en la constitución de una matriz productiva con unas 100 mil familias establecidas en decenas de miles de hectáreas y dio paso a procesos de industrialización y comercialización de la marihuana, la coca y la amapola, actividades que representan réditos para un amplio espectro social interno que incluye desde partidos políticos del establecimiento liberal/conservador, legisladores, jueces, banqueros, periodistas, hasta paramilitares y capos de la droga de diverso perfil, proveedores de armas, oficiales y tropas del Ejército y la Policía, pequeños productores agrícolas, raspachines y “pericos”. La guerrilla izquierdista de las FARC, conforme a declaraciones de sus comandantes, percibe ingresos por concepto de tributos cobrados a los campesinos, refinadores y narcotraficantes.

Además de defender su cuota en el gran pastel del narcotráfico, cuya fracción sustantiva es retenida e invertida en las metrópolis, la oligarquía norteña encontró en el Plan Colombia la mejor coartada para impulsar su reforma agraria “al revés”, consistente en expulsar de sus asentamientos ancestra1es a los campesinos y a las comunidades indígenas, apropiarse de sus tierras a través de los operativo s del Ejército y las bandas de paramilitares y, ulteriormente, integrar latifundios para el cultivo de la palma africana, soya y otras producciones primarias congruentes con la vieja/nueva división internacional del trabajo promovida por el capital transnaciona1 desde los años 70 mediante la implantación de dictaduras fascistas en el Cono Sur, como las de Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina.

El debilitamiento institucional y moral del Estado colombiano, que incluso le ha llevado a la pérdida del control de aproximadamente un tercio de su territorio y de la mitad de sus municipios, abrirá un ancho cauce para Estados Unidos asuma un virtual protectorado de la nación suramericana y para que, blandiendo el mito de la “sociedad sin drogas” o la metáfora de la “guerra infinita contra los terroristas” haya criminalizado a una sociedad entera en un intento por legitimar guerras neocolonialistas en connivencia con la Unión Europea.

La amarga experiencia colombiana no se circunscribe a sus fronteras. Producto combinado de la dominación externa y de la expoliación interna, el Plan
Colombia/lRA/Plan Patriota, adosado a los TLCs, al IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sud América) y al Plan Mérida (el flamante “Plan Colombia mexicano”), ha venido irradiando progresivamente sus siniestros instrumentos y consecuencias, especialmente a los países andinos.

Las recurrentes violaciones a la soberanía de países como Venezuela y Ecuador protagonizadas por Álvaro Uribe, un ex colaborador del “Jefe” Pablo Escobar, se inscriben en el contexto histórico lacónicamente descrito.

– René Báez, economista ecuatoriano, es catedrático universitario, Premio Nacional de Economía y miembro de la International Writers Association.

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