Desfile de torturas en la Casa Blanca
Ramón Sánchez-Parodi Montoto
Boletín Entorno/ inSurGente.- “(…)Sí llama la atención, por el espíritu morboso y sádico que encierra, el hecho de que un selecto grupo de autoridades norteamericanas se reunieran regularmente en el ultrasecreto Salón de Situaciones del sótano de la Casa Blanca, bajo la presidencia de la entonces Asesora de Seguridad Nacional, señorita Condolezza Rice para seleccionar, como si estuviesen presenciando un elegante desfile de modas en una pasarela, cuáles eran los modelos de tortura que debían ser inflingidos por la CIA a sus prisioneros. No eran funcionarios de bajo nivel los que se regodeaban en estos menesteres…(…). Según las informaciones de prensa, eran los funcionarios de la CIA los encargados de demostrar a los participantes la forma y los detalles en que se ejecutarían las torturas propuestas. Una vez completado el desfile de los modelos de tortura y satisfecha la curiosidad de los asistentes, se daba la aprobación a las “tácticas agresivas(…)”.
No se si el Papa Benedicto XVI oyó la confesión de los pecados del presidente George W. cuando se reunió con él en privado en la Casa Blanca el pasado 16 de abril, pero hubiese sido una buena oportunidad que el mandatario norteamericano descargase su conciencia luego de las respuestas que ofreció el pasado 11 de abril a la periodista de ABC News, Martha Raddatz, en las cuales reconoció que no solo estaba al tanto sino que aprobó las reuniones que durante años sostuvieron los funcionarios de más alto rango del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para aprobar en detalle los planes de tortura (“tácticas agresivas” en el vocabulario eufemista oficial norteamericano) contra personas que se encontraban en las prisiones secretas de la CIA en Afganistán y otros diversos lugares del mundo.
En sus respuestas a la periodista, Bush reconoció: “Conozco que nuestro equipo del Consejo de Seguridad Nacional se reunía sobre el tema. Y yo lo aprobé. No sé que hay de nuevo en eso. No creo que sea nada sorprendente”.
En eso Bush tiene razón. No hay nada sorprendente en el uso sistemático de tortura por parte de las autoridades norteamericanas. Han sido ampliamente difundidas en el mundo las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en Abu Ghraib, la Base Naval de Guantánamo, Gardez en el sur de Afganistán o en muchas otras prisiones secretas en diferentes países.
También se conoce la práctica de la CIA de entregar prisioneros para ser torturados por órganos policíacos de otros países mediante vuelos secretos que hacían escalas intermedias en terceros países “sin conocimiento” de las autoridades nacionales.
Y eso para no hablar de las atrocidades cometidas en Vietnam o el entrenamiento y asesoramiernto en torturas a las dictaduras miltares en América Latina o la participación en el Plan Cóndor. Como dice Bush, nada hay de sorprendente en esta noticia.
Sí llama la atención, por el espíritu morboso y sádico que encierra, el hecho de que un selecto grupo de autoridades norteamericanas se reunieran regularmente en el ultrasecreto Salón de Situaciones del sótano de la Casa Blanca, bajo la presidencia de la entonces Asesora de Seguridad Nacional, señorita Condolezza Rice para seleccionar, como si estuviesen presenciando un elegante desfile de modas en una pasarela, cuáles eran los modelos de tortura que debían ser inflingidos por la CIA a sus prisioneros.
No eran funcionarios de bajo nivel los que se regodeaban en estos menesteres. Entre los habituales participantes se encontraban el vicepresidente Richard Cheney; el Secretario de Estado, Collin Powell; el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el Fiscal General John Ashcroft; y el Director de la Agencia Central de Inteligencia, George Tenet.
Las sesiones tuvieron lugar, al menos, entre la primavera del 2002 y el otoño de 2004. Según las informaciones de prensa, eran los funcionarios de la CIA los encargados de demostrar a los participantes la forma y los detalles en que se ejecutarían las torturas propuestas. Una vez completado el desfile de los modelos de tortura y satisfecha la curiosidad de los asistentes, se daba la aprobación a las “tácticas agresivas”.
Las reticencias morales y legales de los altos funcionarios de la Administración Bush quedaban resguardadas por una bíblica hoja de parra de legalidad basada en varios memorandos del Departamento de Justicia.
La Associated Press informa en un despacho del 16 de abril que hubo un primer memorando de octubre 2001, el cual aún el Departamento de Justicia se niega a desclasificar y que algunos congresistas demócratas caracterizan como “el memorando de la tortura”. Un segundo memorando, de fecha 1º de agosto de 2002, redactado por el Vice Fiscal General, Jay Bybee, define la tortura como “solo casos extremos” que puedan causar dolor similar en intensidad a los que causan la muerte o la pérdida de un órgano. (A buen entendedor, pocas palabras bastan: todo era legal, excepto asesinar o mutilar, según se desprende de las informaciones). Fue con estas bases “legales” que, con la aprobación del presidente Bush, comenzaron los “desfiles de la tortura” para el grupo de altos funcionarios.
Hay un tercer memorando, de 81 páginas, de fecha 14 de marzo de 2003, desclasificado y dado a la publicidad el pasado 1º de abril. Su autor, el vicejefe de la Oficina del Consejero Legal del Departamento de Justicia y hoy profesor de la Universidad de California en Berkeley, John Yoo, afirmaba: “Si un funcionario del gobierno fuese acusado de lesionar a un combatiente enemigo durante un interrogatorio… lo estará haciendo a fin de evitar adicionales ataques a Estados Unidos por la red terrorista al-Qaeda… puede argumentar que sus acciones están justificadas por la autoridad constitucional que tiene la rama ejecutiva para proteger la nación de ataques”.
Aún con esas bases legales, que posteriormente fueron dejadas sin efecto al retirar el Departamento de Justicia los memorandos que las sustentaban, algunos de los participantes se sentían sobresaltados. El entonces Fiscal General (Secretario de Justicia), John Ashcroft, quien a pesar de haber dado el basamento legal a las torturas pensaba que funcionarios de alto rango no debían involucrarse en los detalles de los interrogatorios, dijo en una de las reuniones: «¿Por qué hablamos de estas cosas en la Casa Blanca? La historia no nos juzgará con benevolencia.”
Hay un antecedente inmediato a estas revelaciones. Fue la decisión anunciada el pasado 8 de marzo por el presidente Bush de vetar una ley aprobada por el Congreso que explícitamente prohibía a la CIA usar en los interrogatorios fuerza física contra los prisioneros y métodos tales como el waterboarding (simulacros de ahogamiento), que supuestamente las instituciones militares y agencias policíacas no los emplean por estar reglamentariamente prohibidas.
El discurso radial sabatino de Bush donde anunció la decisión, explicó que “como se mantiene el peligro, necesitamos asegurar que nuestros funcionarios de inteligencia tengan todas las herramientas que necesitan para detener a los terroristas”. El aspirante republicano a la presidencia, John McCain que se vanagloria de oponerse a la tortura, apoyó la decisión de Bush aduciendo que no se debía limitar la acción de los expertos altamente entrenados en la luchan contra el terrorismo.
Una vez más, como cuando lanzó la guerra contra Irak, el presidente Bush falseó los hechos para justificar la violación de la ley y los derechos internacionalmente reconocidos. Dijo que la información obtenida había evitado ataques terroristas contra un campamento de infantes de marina norteamericanos en Djibouti; contra el Consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán; contra la Torre de la Biblioteca de Los Ángeles; y contra aviones comerciales británicos. Le salió al paso del presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, senador por West Virginia, John D. Rockefeller IV, quien emitió una declaración señalando que en el ejercicio de su cargo “no he oído nada que asegure que información obtenida con técnicas extremas de interrogatorio hayan prevenido un ataque terrorista inminente”.
El congresista por Massachussets, Bill Delahunt, al referirse a las maniobras de la Administración afirmó que “son excelentes al manipular los argumentos para que si el Congreso reafirma sus posiciones, sus integrantes se expondrán a ser tildados de débiles, no suficientemente duros con el terrorismo”. Y concluía reconociendo la responsabilidad en que incurrían unos y otros: “Mi punto de vista es que la historia nos juzgará a todos”.
Aunque ni el New York Times, ni el Washington Post, ni Los Angeles Times, entre otros destacados órganos de prensa norteamericanas, ni las agencias cablegráficas, ni CNN, ni CBS, ni NBC han mencionado las declaraciones de Bush a la periodista de la ABC News, Martha Raddatz, debe señalarse que diversos órganos sí han abordado el tema en forma editorial, tanto en cuanto a la actuación de Bush como de los altos funcionarios de su gobierno.
El Kansas City Star afirma: “Es una mancha negra en los ideales y el honor del país… Tampoco la historia juzgará con benevolencia al pueblo de Estados Unidos si miramos hacia el otro lado.” El Seattle Post-Intelligencer, del estado de Washington, opina: “El hecho de que torturamos a sospechosos es inaceptable. Que la Casa Blanca revisara y aprobara las técnicas va más allá de lo concebible”. El Brattleboro Reformer, de Vermont, considera: “El daño que esta Administración ha hecho a los derechos humanos y al imperio de la ley es tan inmenso que esta Nación va a pagar un altísimo precio interna y externamente durante muchas décadas”. El Tuscaloosa News, de Alabama, editorializa: “Mucho después que la Administración Bush se haya perdido en la historia, nuestra Nación continuará mancillada por sus antecedentes de falta de respeto al imperio de la ley y a los derechos humanos”.
Y podemos concluir con lo expresado por el destacado escritor Anthony Lewis en el New York Review of Books: “George W. Bush puede buscar la misericordia de su Dios por tratar de legitimar la tortura. Pero aquí en la Tierra no puede escapar del juicio. Para mi siempre será el Presidente Tortura”.
El autor es especialista en relaciones internacionales. Fue Jefe de la sección de Intereses de Cuba en Washington de septiembre de 1977 a abril de 1989.